El terremoto de 1985 devastó grandes zonas de nuestra capital, segó miles de vidas, causó daños materiales inestimables y dejó a decenas de miles de familias sin hogar y cambió de manera irremisible el rostro de la ciudad. Pero, al lado de este saldo de destrucción y dolor, el sismo dejó otra clase de huellas imborrables en la conciencia cívica y política de la sociedad capitalina.

Cabe recordar que, en la mañana de aquel 19 de septiembre, la movilización espontánea de la gente para rescatar a los que habían quedado sepultados, auxiliar a quienes habían perdido todas sus pertenencias y reconfortar a los deudos, empezó a los pocos minutos de que cesara el movimiento telúrico, y contrastó con la inmovilidad y la incapacidad de las autoridades capitalinas y federales para actuar con la prontitud y la profundidad que la situación exigía.

En los primeros momentos, la súbita organización voluntaria de la población se tradujo en brigadas de rescate, grupos de acopio de víveres y medicinas, y centros de información, entre otras tareas, derribó barreras de clase, ignoró las ideologías, las lealtades partidarias y las convicciones religiosas. Pero, frente a la pasividad y la inoperancia oficiales, y ante los numerosos indicios de corrupción oficial que el saldo de destrucción puso en evidencia, muy pronto esas formas incipientes de organización fueron dando lugar a agrupaciones ciudadanas más sólidas y estructuradas que hubieron de plantearse, más allá de las tareas inmediatas de auxilio, la lucha porque los capitalinos afectados en sus viviendas, en sus centros de trabajo, en sus escuelas, en sus hospitales y en sus barrios, fuesen atendidos y escuchados por las autoridades. Así surgieron, entre muchos otros grupos, el Sindicato de Costureras 19 de Septiembre, la Unión de Vecinos y Damnificados, la Asamblea de Barrios y la Unión de Inquilinos de Cuartos de Azotea.

Aunque los movimientos y organizaciones que surgieron entre las ruinas recientes del terremoto han recorrido caminos diversos, algunos se han extinguido y otros han sufrido escisiones y divisiones, no puede subestimarse el papel germinal que ese tejido social formado al calor de la adversidad habría de desempeñar en los varios despertares de la conciencia ciudadana ocurridos en la ciudad de México y en el país desde 1985 a la fecha: el movimiento estudiantil de 1986-87, la campaña electoral de 1988, las protestas magisteriales y de empleados del sector público en los primeros años del gobierno salinista y, en fechas más recientes, las movilizaciones multitudinarias en demanda de una paz justa y digna para Chiapas.

En otro sentido, el terremoto y sus secuelas permitieron reabrir el debate y la lucha por la democratización del Distrito Federal, una vieja meta de la sociedad que empezará a alcanzarse el año próximo, cuando la jefatura del gobierno capitalino se ponga a juego en las urnas.

A once años del terremoto cabe constatar que la antidemocrática forma de gobierno de la principal ciudad del país ha llegado ya a sus límites. La regencia actual, la última, por fortuna, ha agregado a los vicios tradicionales del Departamento del Distrito Federal el del recurso excesivo y casi consuetudinario a la fuerza pública. Por su parte, la sociedad capitalina --en gran medida gracias a la movilización civil posterior al terremoto-- es hoy incomparablemente más participativa y consciente de sus derechos y obligaciones que en 1985, las autoridades urbanas son cada vez más inoperantes y se encuentran cada vez más embrolladas en la corrupción de importantes sectores de su aparato administrativo y en las consecuencias de sus propios actos equívocos.

Desgraciadamente, en el estado actual de la ciencia y la tecnología, los desastres naturales como el que asoló a nuestra capital hace once años son impredecibles e inevitables. Pero en 1985 se hizo patente que las consecuencias del sismo habrían sido menos graves si la ciudad hubiese tenido un gobierno más transparente, más cercano a la población, más riguroso en la aplicación de leyes y reglamentos, y más democrático. Abogar por unas autoridades urbanas con esas características es la mejor forma de honrar y recordar a los que fallecieron aquel 19 de septiembre y de darle un sentido al sufrimiento de quienes lo perdieron todo, algunos de los cuales hasta la fecha siguen encajando en la categoría de damnificados.