Pablo Gómez
Gastos contingentes

El Estado mexicano es corrupto. No se trata solamente de casos de peculado o tráfico de influencias en el gobierno y otros organismos, sino de algo definitorio, de una característica funcional y de una forma de ser. La corrupción pública --y la privada asociada a ésta-- se encuentra vinculada a la falta de democracia y, como elemento básico del sistema político, baja desde la cúspide del poder: el Presidente de la República.

Los ``gastos contingentes'' (partida secreta del presupuesto federal) es tan sólo un punto que muestra lo anterior: el jefe del poder Ejecutivo tiene a su disposición 650 millones de pesos al año con propósitos secretos. El señor Farell dice que esos gastos no son auditables, y antier declaró en la Cámara de Diputados que tal partida se habrá de ``sectorizar'' y hacerse ``auditable'' a partir del próximo año, pero no dijo que desaparecerá como erogación ``contingente'', es decir, como gasto discrecional.

La Cámara de Diputados no aprueba un verdadero presupuesto anual, sino autorizaciones de gasto que el Presidente modifica durante el año. Aún así, existe un ramo, el 23, que está dotado con más de 31 mil millones, los cuales son repartidos por el titular del Ejecutivo, sin que éste dé cuenta exacta del uso de tan cuantiosos recursos.

El señor Farell llegó a la Cámara a anunciar que ya no será secreta la partida secreta, pero no manifestó la menor preocupación por eliminar el monstruoso gasto discrecional del Presidente de la República, el cual es, virtualmente, tan secreto como la partida 7300 (antes 8100) del ramo 23, denominada ``gastos contingentes''.

Además, Farell se pronunció, como lo hizo Zedillo en su reciente Informe, en favor de que se dictamine la iniciativa presidencial para formar un órgano superior de auditoría, cuyos titulares (un consejo de auditores) serían nombrados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Diputados. ¿El gobierno supone que la actual Contaduría Mayor de Hacienda es inservible? Si es así, sería conveniente que dijera las causas, que nos explicara que dicho organismo ha fracasado debido a que el secretario del ramo (Zedillo lo hizo en su tiempo) nombra al Contador Mayor a través de los diputados del PRI que hacen mayoría, a partir de lo cual aquel funcionario (gran fiscal de ingresos y egresos de la Federación) no puede cumplir con su deber pues recibe órdenes del gobierno, es decir, del fiscalizado.

En realidad, la Contaduría Mayor de Hacienda tiene amplias facultades legales para combatir la corrupción pública, pero jamás las ha ejercido. Ese organismo no nos puede informar cómo se gastan exactamente los más de once mil millones del programa salarial del sector público federal, ni los 7 mil 877 de ese mismo programa destinados a subsidios y transferencias; tampoco sabemos nada de los 3 mil 700 millones del programa de apoyos financieros a entidades federativas, ni de los 3 mil 500 de un tal programa de fortalecimiento del sistema de pensiones; lo mismo ocurre con los mil 500 millones del fondo para desastres naturales y con los mil 328 del programa de apoyo al desarrollo rural para ``hacer frente a las obligaciones jurídicas de pago derivadas de acciones legales y juicios'', así como otros programas, cuyas metas anuales en el presupuesto son ``no cuantificables'', a pesar de que todo gasto debe tener metas precisas por mandato legal.

Lo primero que no se cumple es la Constitución, pues el propio Arsenio Farell cobraba un sueldo, bajo Salinas, como jefe de la seguridad nacional, o algo así, de la Presidencia de la República, sin que ese empleo estuviera previsto en el presupuesto o existiera como mandato de alguna ley. Además, los bonos que reciben los altos funcionarios públicos son absolutamente contrarios a la Carta Magna. Como no se debería poder hacer ningún pago que no estuviera en el presupuesto, éste mismo es anticonstitucional cuando incluye partidas sin objeto preciso, tal como ocurre con las ``erogaciones especiales'', de las cuales Salinas gastó 13 mil millones durante su sexenio y se sigue gastando a manos llenas bajo Zedillo. Con menores niveles, el gobierno sigue entregando dinero a la CTM (Salinas le dio, abiertamente, 21 millones de dólares) y a otros organismos, mediante donativos.

El sistema de control y fiscalización de ingresos y egresos del gobierno federal y de los gobiernos locales requiere cirugía mayor. Pequeños cambios no resolverán el terrible problema mexicano del Estado corrupto.