La del olvido es ciertamente una estrategia general del gobierno. El caos informativo y el escándalo recurrente contribuyen a hacer cada vez más efímeros los acontecimientos o el efecto de las declaraciones.

Lo ocurrido hace una semana o la información de quince días atrás es sepultada en la memoria por la cantidad de otras, nuevas, sucesivas informaciones aparentemente inconexas, que cada día se difunden con igual fuerza o importancia como para opacar cualquier impresión previa.

En la estrategia del olvido interviene el cálculo de que el tiempo acabará dejando intocados a los intocables, y perpetuando los conflictos sociales hasta que dejen de ser sociales y sean abandonados como otros tantos conflictos particulares, casi individuales.

El viernes de la semana pasada se publicó en una página de este diario el documento titulado Análisis y llamamiento de la Comisión Nacional de Intermediación sobre la crisis actual del proceso de paz que nos recuerda muchos aspectos de la situación nacional y de las condiciones especiales por las que ha atravesado el diálogo de San Andrés en Chiapas. El contenido de dicho documento sugiere que, para entender las razones que llevaron a las comunidades zapatistas a pronunciarse por la suspensión del diálogo, hay que revisar el proceso desde el principio.

Sin pretender sintetizar ni reproducir íntegramente el documento de la CONAI, merece la pena citar los supuestos bajo los cuales debían haberse desarrollado los encuentros en la mesa de San Andrés, una vez que el gobierno federal y el EZLN reconocieron la necesidad de dialogar para pasar del enfrentamiento militar a la vía política en la solución de sus diferencias.

De acuerdo con el texto de la CONAI, el sentido estratégico de la mesa de San Andrés tenía implícitos 6 supuestos fundamentales: "1. Que la negociación produciría acuerdos eficaces y verificables que atendieran las causas reales del conflicto, sobre la base de analizar, discutir y asumir compromisos, propuestas y pronunciamientos para los distintos puntos de la Agenda pactada. 2. Que a mayor avance político de la Mesa, correspondería un decrecimiento de movimientos y acciones policiaco-militares. 3. Que a mayor avance de la Mesa, correspondería un mayor avance del conjunto del proceso de pacificación. 4. Que el avance del proceso de paz en Chiapas repercutiría como impulso y aporte para los demás retos y agendas nacionales. 5. Que la sociedad civil, además de propiciar condiciones favorables al diálogo, enriquecería, a través de su participación bajo la figura de asesores e invitados, la materia de negociación entre las Partes. 6. La CONAI, en su función de mediación, centraría sus servicios en la orientación metodológica y la transmisión de mensajes entre las Partes, más que en la elaboración de propuestas alternativas de contenido. La COCOPA, como instancia de un Poder de la Unión, jugaría el papel de coadyuvancia que le señala la ley." (La Jornada, 13/09/96)

Ninguno de esos supuestos ha sido plenamente cumplido y los que se encuentran más lejos de las intenciones originales son los que se refieren directamente a las condiciones de distensión y pacificación. No es secundario el hecho de que las comunidades zapatistas hayan denunciado que el norte de Chiapas se encuentra en guerra civil, situación que fue considerada entre las causas que fundamentan la suspensión del Diálogo. Dicho sea de paso, el hecho de que el gobierno federal no se haya coordinado con el del estado de Chiapas y que la Comisión de Concordia y Pacificación no haya intervenido en lo que le corresponde, para generar "medidas de distensión y demás condiciones físicas y políticas para el diálogo" constituye una violación al artículo 6 de la Ley para el diálogo, la conciliación y la paz.

Es evidente que al no satisfacerse las condiciones y al no producirse las consecuencias esperadas, el Diálogo de San Andrés, tal y como fue acordado, reglamentado y conducido, no cumplió su función. La reinstalación de una Mesa semejante tendrá necesariamente que pensarse con características diferentes. Insistir, como lo ha estado haciendo la delegación gubernamental, en que sólo importa reanudar el diálogo hasta firmar un acuerdo de paz, es (como corresponde a su estrategia) pretender olvidar que el objetivo del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal era encontrar por la vía política la solución a las demandas planteadas por la vía militar; no renunciar a ellas.