Amparo definitivo a 98 verificentros a los que el DDF canceló permisos

Alberto Nájar Propietarios de 98 centros de verificación, a los que el Departamento del Distrito Federal (DDF) les canceló el permiso de operación, ganaron un amparo definitivo mediante el cual el gobierno capitalino está obligado a autorizarles su reapertura y proporcionarles todos los elementos necesarios para que efectúen revisiones ambientales en autos particulares.

En conferencia de prensa el representante legal de los empresarios, Fernando Zepeda González, informó que la resolución del cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ya fue notificada al DDF, que tiene 48 horas para acatarla. Se trata, dijo, de la última instancia ``y después de esto nada ni nadie puede estar por encima de la ley, como dijo el presidente'' Ernesto Zedillo.

En enero pasado el gobierno capitalino emitió nuevas diposiciones para la verificación vehicular, con lo cual el trámite se concentró sólo en aquellos negocios que contaran con equipo e instalaciones adecuadas. Más de 700 permisos fueron cancelados en igual número de establecimientos; de éstos, 98 promovieron un amparo ante el juez segundo de distrito.

Los demandantes afirmaron que los términos en que se publicó la convocatoria para el establecimiento de nuevos centros de verificación adolecía de serias irregularidades, como la violación a los artículos 16 y 32 de la Constitución.

En el caso del primero destacaron que los términos de la convocatoria quedaron sin efecto al derogarse el reglamento en que pretendía basarse, así como el hecho de que según la Ley Orgánica de la Administración del Distrito Federal las disposiciones en materia ecológica conciernen a la Secretaría del Medio Ambiente y no al director de Ecología. El documento, indicaron, contiene elementos que la convierten en los hechos en un acto legislativo, con lo cual se usurparon funciones de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en la materia.

En primera instancia el juez segundo rechazó otorgar el amparo promovido contra la clausura de los centros, resolución que fue modificada por el magistrado relator del cuarto Tribunal, Jaime Ramos Carreón.

Zepeda González anunció que demandarán al director de Prevención y Control de la Contaminación, Rodolfo Sánchez, el pago de los daños causados a los negocios durante el tiempo que permanecieron cerrados o sin poder efectuar verificaciones.

También demandarán al funcionario por incurrir en el delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad, y pedirán la reapertura de los talleres y la entrega de la papelería, engomados y software necesarios para realizar las verificaciones.

El abogado aclaró que las acciones legales están sujetas a negociación. Indicó que una comisión se entrevistará con funcionarios del DDF para pactar un plazo de compra del nuevo equipo, cuyo valor se estima en 50 mil dólares y del cual carecen muchos de los beneficiados con el amparo. En principio éstos sólo podrían verificar automóviles privados.