Apareció muerto en Cuajimalpa junto con tres judiciales de su escolta Es el décimo funcionario policial ultimado en la entidad este año Indagaba nexos de políticos y empresarios de BC con narcos y lavadólares, al igual que el subdelegado de la PGR victimado la semana anterior: Clark Alfaro

Jorge A. Cornejo, corresponsal, y Juan Manuel Venegas Los dos máximos jefes de la Policía Judicial Federal antinarcóticos en Baja California, Ernesto Ibarra Santés y Jorge García Vargas, asesinados con diferencia de ocho días, investigaban a los jefes del cártel de Tijuana, y esas pesquisas les habían revelado posibles vínculos de políticos y empresarios de la entidad con el narcotráfico y el lavado de dinero, según dijeron ambos a amigos y periodistas poco antes de ser ejecutados, coincidentemente en el Distrito Federal.

Ibarra Santés, subdelegado de la Policía Judicial Federal (PJF) en Baja California, asesinado el pasado viernes 13 de septiembre, confió al director del Centro Binacional de Derechos Humanos, Víctor Clark Alfaro, que entre los políticos que ``tienen cola que les pisen se encuentra el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo González Cruz''.

Acusó al senador panista de ``orquestar una campaña de desprestigio'' en su contra y, según reveló Clark Alfaro a La Jornada, el jefe policiaco le recomendó:

``Pregúntale (a González) qué intereses tiene en el fraccionamiento de Las Californias... qué tiene en el segundo piso de su edificio en Las Californias''.

Según las pesquisas de Ibarra Santés, el legislador González Cruz rentaba oficinas a los hermanos Arellano Félix, por medio de Emilio Valdés Mainero, identificado sobre todo con Ramón Arellano.

García Vargas, comandante operativo del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), fue asesinado el viernes 20 de septiembre. Apenas dos días antes dijo a este diario:

``Estamos investigando treinta negocios y comercios establecidos en Tijuana, todos bajo la sospecha de blanquear dinero del narcotráfico... De esas empresas, al menos quince están vinculadas con los Arellano Félix, y está por salir la orden de aprehensión en contra de uno de esos (empresarios)''.

El viernes viajó a la capital del país, según informó, para notificar a sus superiores en la Procuraduría General de la República (PGR) y en el INCD todo lo relacionado con la orden de aprehensión que estaba solicitando a un juez federal.

Muchos odiaban a Ibarra Santés

El 17 de agosto pasado, Ernesto Ibarra Santés llegó a Tijuana para hacerse cargo de la subdelegación de la PJF en Baja California, en sustitución de Horacio Brunt Acosta, removido de su cargo por instrucciones del procurador Antonio Lozano Gracia, por la limpia de 737 agentes y comandantes de la institución, a los que acusó de carecer del ``perfil ético'' que la sociedad demanda.

Ibarra Santés, de entrada, fue mal recibido por el delegado estatal de la PGR, Luis Antonio Ibáñez Cornejo, hombre que tuvo que acatar, contra su voluntad, la remoción de su amigo Brunt Acosta. Ambos habían adquirido fama pública de ser responsables del operativo que permitió capturar a Juan García Abrego.

Horacio Brunt Acosta era de todas las confianzas de Ibáñez Cornejo, quien lo más que pudo lograr ante su compadre Lozano Gracia fue conseguirle una salida decorosa: cuando se anunció la purga de los malos agentes de la PJF, oficialmente la PGR informó que ``Brunt dejaba el cargo por motivos de salud''.

Para mayor enojo de Ibáñez Cornejo, fue el propio Ibarra Santés quien se encargó de desmentir la ``versión oficial'', declarando que Horacio Brunt había sido cesado, y que era uno de los jefes policiacos que fueron concentrados en el Campo Militar Número Uno, en el Distrito Federal, donde les fueron recogidos la credencial, armas y hasta vehículos, pues quedaban fuera de la Policía Judicial Federal.

No sólo Ibáñez Cornejo estuvo en desacuerdo con la llegada de Ibarra Santés. Empresarios y políticos también, e incluso, lo acusaron de haber violado las garantías individuales y los derechos humanos de varias familias tijuanenses durante el Operativo Alacrán, el primero de marzo de este año.

Y es que Ibarra Santés fue el responsable de realizar ese operativo para detener precisamente a los Arellano Félix.

Entre las voces más airadas en contra del jefe policiaco se escuchó la del senador por Acción Nacional, Ricardo González Cruz, político bajacaliforniano que logró acceso a su actual escaño federal porque era suplente del ahora gobernador panista Héctor Terán Terán.

Las críticas de González Cruz contra Ibarra Santés se concentraron en un calificativo: es un especialista en violentar los derechos humanos, decía el legislador.

El panista estaba molesto, sobre todo porque durante el Operativo Alacrán, una de las residencias cateadas fue la de su amigo, el empresario César Armando Cásares, dueño de una cadena comercial dedicada a la venta de autos.

Aquella acción no fue gratis. Según trascendió, no sólo Ibarra Santés investigaba a Armando Cásares, sino que también García Vargas lo tenía en la mira, por sus presuntos nexos con el narco, y lo había incluido en la lista de los treinta empresarios que se dedicaban a blanquear dinero del narcotráfico.

Ayer, Víctor Clark Alfaro reveló a La Jornada parte de una conversación sostenida con Ibarra Santés, unos días antes de que éste fuera acribillado:

``Cuando yo le pregunté cuáles eran los motivos que él atribuia a los ataques en su contra, Ibarra me contestó que todo estaba orquestado y arreglado.

``Y reconoció a quienes estaban arreglando esa campaña en su contra, como gente que tiene cola que le pisen, entre ellos el senador Ricardo González Cruz, el vicepresidente de la Academia de Derechos Humanos, José Luis Pérez Canchola, Xavier Carbajal Machado, titular del Foro de Participación Ciudadana, y Ranier Falcón, presidente de la Confederación de Estudiantes de Baja California''.