Eliminan del Código de Etica cuatro artículos ``ofensivos''

Ciro Pérez Silva ``¡Los priístas no somos delincuentes ni rateros!'', exclamaron casi al unísono los delegados asistentes a la mesa 4, en la que se discutía la aprobación de un código de ética partidista para ese instituto político.

Las fibras más sensibles de la militancia fueron rasgadas cuando se dio lectura a cuatro artículos del mencionado documento, que hacían referencia al desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, despotismo, fraude y otros delitos, cuya sola mención indignó a los ahí reunidos.

Por mayoría, las delegaciones, con excepción de la de Baja California, votaron la eliminación de los artículos que ofendieron a los priístas:

Artículo 24: Los militantes deberán abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado no asistir, sin causa justificada, a sus labores, por más de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos, comisiones con goce parcial o total de sueldo y otra percepciones.

Artículo 25: Los militantes priístas deberán abstenerse de destinar, por cualquier medio, recursos físicos, financieros o humanos provenientes del patrimonio del Estado, a funciones de carácter partidario.

Artículo 26: Ningún militante del partido podrá propiciar o autorizar la selección o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un cargo de elección popular, comisión en el servicio público o administrativo.

Artículo 27: Los militantes deberán abstenerse de intervenir, en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, para terceros con los que tenga relaciones profesionales laborales o de negocios, para socios o sociedades de las que el propio militante o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Artículo 28: Los miembros del partido deberán abstenerse durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir por sí o por interpósita persona, dinero u objetos mediante la enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al del bien de que se trate, y que tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí... y que procedan de cualquier presona física o moral, cuyas actividaes profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desmepeño de su cargo de elección popular, empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto.

De nada valieron los argumentos del delegado de Baja California, Jesús Ruiz Barraza, quien insistía en mantener el articulado en la forma original. ``En Baja California, durante la consultas que hicimos a la base, la exigencia mayor era la de castigar a los funcionarios priístas que, haciendo uso del cargo, se enriquecieron indebidamente, cometieron abusos y lesionaron intereses del pueblo por negligencia. Por eso perdimos las elecciones. No todos los priístas somos honestos, no hay que darnos baños de pureza y reconozcamos los errores'', expresó.

Tampoco funcionó el llamado de Juan José Castillo Mota, quien trataba de hacer que los delegados ``entraran en razón'' y comprendieran ``la trascendencia de un código de ética, el primero que un partido político se atreve a imponerse para regular sus acciones en el servicio público''.

Hubo un abucheo generalizado, seguido por oradores de Guerrero, Distrito Federal, Michoacán, Yucatán y Puebla, quienes reiteraron su indignación ``ante tan grande infamia'' cometida contra el priísmo nacional con la redacción de los artículos mencionados, cerraron la discusión y exigieron que sólo cuatro líneas suplieran los artículos eliminados.

Con la nueva redacción se aprobó un artículo que sentencia: ``Todo militante del partido deberá abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con su cargo de elección, o en la administración pública''.

Al término de la lectura, una exclamación de júbilo reivindicó la ofensa sufrida y un prolongado aplauso rubricó el triunfo de la dignidad priísta.

No faltaron oradores que, convencidos del papel del código recién aprobado, reconocieran que ``mientras no haya honestidad'' por parte de los funcionarios priístas, ``ningún código de ética será suficiente ni tendrá éxito'', y exigieron que el mismo documento que se aprobó ``se aplique a todos aquellos funcionarios que, bajo la bandera del PRI, han saqueado al país'', y propusieron un plebiscito partidario para juzgar ``con las nuevas reglas'' a quienes se han enriquecido durante su gestión como funcionarios públicos.

Ninguna de estas demandas prosperó.

La asamblea

Desde el micrófono y a todo pulmón, la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo intentó, sin lograrlo del todo, acallar las voces de las delegaciones estatales que a gritos reclamaban un mecanismo ágil y democrático para iniciar la discusión de los tres documentos correspondientes a la mesa 4, Código de Etica Política Partidaria, Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia y de la Defensoría de los Derechos de los Militantes.

Habían pasado nueve horas desde la instalación de la mesa y aún no lograban ponerse de acuerdo sobre la forma de iniciar la discusión, imperando un desorden que llevó a los priístas a aprobar, en lo general y en lo particular, artículos que no exis- tían en los documentos y a discutir sobre propuestas que la mitad de la asamblea desconocía.

En un intento por agilizar la asamblea, Elba Esther Gordillo sugirió que los representantes de cada delegación, con su voto, aprobaran o rechazaran el articulado de los documentos. Rápidamente, Juan José Castillo Mota alzó la mano para adherirse a la propuesta, lo que provocó una airada silbatina del auditorio, particularmente del grupo que el mismo Castillo Mota encabeza.

``No, es que el Partido Revolucionario Institucional nunca va a cambiar'', sentenciaba una delegada del estado de Querétaro, mientras que unas sillas adelante, otro delegado, de Chiapas, gritaba desde su sitio: ``¡Esto es un acto inquisitorial contra la libertad de expresión!