En los últimos tiempos se han presentado problemas en procesos de privatización, relacionados tanto con hechos anteriores al actual gobierno, como con medidas anunciadas o adoptadas recientemente. Un caso que ha tenido relativamente poca atención pública --en comparación con otros-- es el de los puertos y su administración.

En este caso, puede hablarse de por lo menos dos etapas en el proceso. La primera culmina en los últimos meses del sexenio pasado --ahora muy de moda con la polémica en la Asamblea Nacional del PRI--, con la creación de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs). Aunque en ese momento las APIs eran entidades de participación estatal mayoritaria, no dejó de tener problemas el hecho de que se les transfirieran funciones, propiamente, de autoridad. Otro problema fue, desde entonces, el monto de la recaudación que quedaría en manos de las APIs. Los derechos, definidos en la Ley Federal de Derechos como ``de puerto, atraque, embarque y desembarque'', fueron rebautizados pese a esa ley como ``tarifas'' que las APIs podrían conservar en un 90 ó incluso 95 por ciento. Como comparación, cuando estados o municipios recaudan impuestos o derechos federales, normalmente conservan sólo el 15 por ciento por esa participación. Las APIs, en cambio, según se estableció en junio de 1994, entregarían como única ``contraprestación'' a la Secretaría de Hacienda el 10 por ciento de sus ingresos y, si eran puntualitos, el cinco por ciento nada más.

Ya en el actual gobierno se plantea privatizar incluso estas entidades del sector público, mediante la venta a particulares del 100 por ciento de las acciones de las APIs. Cabe señalar que están de por medio bienes de la Nación y que el régimen es de concesión, con la cesión de derechos por parte de la federación. Pero el artículo 8o. de la Ley de Bienes Nacionales establece que ``corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (ahora Sedesol) lo siguiente: ...

II. Administrar en términos de ley y ejercer la posesión de la Nación sobre las playas marítimas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales que no estén expresamente encomendadas a otra dependencia.''

Estamos, entonces, ante una situación en la que particulares ejercen funciones de gobierno. Hay tarifas, que desde otra perspectiva son derechos, cobradas por particulares y conservadas por ellos en altísima proporción. En una situación en la que Hacienda tiene dificultades con la recaudación fiscal, un renglón de los derechos que hubiera cobrado está siendo privatizado. Para complicar más el cuadro, ha habido, en diferentes momentos a lo largo de este proceso, quejas de aumentos desmedidos en estos cobros, llámense como se llamen.

Este es un ejemplo que ilustra la necesidad de revisar este proceso privatizador y discutirlo abiertamente. Yo no creo que los problemas se resuelvan polemizando sobre quién tuvo la culpa de cada cosa, pero sí creo que se deben discutir las alternativas para salir adelante de los problemas, de modo que éstos no se profundicen o se agraven.