Un par de semanas atrás saludé el ``laudable intento'' de, mediante una reforma constitucional publicada el 22 de agosto en el Diario Oficial, conformar un Tribunal Electoral que, por su incorporación al poder Judicial, su consecuente lógica separación del poder Ejecutivo, y por el procedimiento, cuidadosamente elaborado, de designar a sus integrantes (``magistrados electorales''), parecía abrir el camino para la consolidación de un Tribunal investido de un alto grado de independencia, dotado de la sapiencia necesaria y merecedor de la confianza de la sociedad civil.

Además de la facultad de recepción de la solicitud que ante la Suprema Corte de Justicia debía realizar, a título personal, cada interesado, se otorgó a la misma Corte la facultad de revisar las solicitudes oportunamente presentadas, para elaborar una lista de las que reunían todas las condiciones formales, para remitir dicha lista al Senado y mandarla publicar en el Diario Oficial de la Federación para que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de impugnar, también dentro de un improrrogable plazo de cinco días hábiles, a los candidatos incluidos en la lista que consideraran impugnables. Sólo después de corrido ese breve lapso de objeciones, el Senado, por el voto de tres cuartas partes de sus miembros, podría válidamente escoger de entre los incluidos en la lista enviada por la Corte, a los magistrados integrantes del nuevo Tribunal Electoral.

Es obvio que teórica y constitucionalmente, la designación de un magistrado electoral no debe fundarse en la simpatía o militancia partidista del candidato. Sin embargo, dos datos nos obligan a llamar la atención de la opinión pública sobre la regularidad del proceso en curso.

Por una parte, tan pronto como concluyó el plazo de cinco días hábiles que la Suprema Corte fijó para la presentación de solicitudes (que corrió del 29 de agosto al 4 de septiembre en curso), algunos militantes, comisionados, encargados o responsables electoreros del PRI, han empezado sus mapachescas labores ante los actuales Ministros de la Corte, para tratar de obtener sus votos a favor de los solicitantes miembros del partido oficial.

Sin desconocer el derecho de los ciudadanos de expresar sus simpatías o preferencias para alguno o algunos de los aspirantes, deseamos que los ministros actuales de la Suprema Corte, al formular la lista que habrán de enviar al Senado, no se muevan por el criterio de militancia partidista u orientación política o ideológica que invoquen los promotores o cabilderos de los partidos políticos, sino por los criterios de calidad profesional, seriedad, imparcialidad y confiabilidad de los candidatos, independientemente del partido al que pertenezcan o a su no militancia partidista. Y esperemos que esos mismos criterios de calidad, honestidad y confiabilidad predominen en las designaciones que efectuará el Senado por el voto de tres cuartas partes de sus miembros.

Además, resulta necesario poner en relieve la actitud inaceptablemente partidista del presidente Zedillo, quien olvidando su reiterada promesa de mantener una adecuada distancia entre su posición institucional de Presidente de la República y su papel de dirigente del partido del Estado, el 14 de septiembre en asamblea priísta hizo una estentórea manifestación de exaltación y apoyo a la línea electoral del partido oficial.

Si ese criterio ignominiosamente priísta de Zedillo prevalece en la designación de los magistrados electorales, nada habremos ganado.

Queda, sin embargo, una expectativa: que los ministros de la Suprema Corte seleccionen adecuadamente a los integrantes de la lista de aspirantes que habrán de enviar al Senado, y que éste aplique los criterios adecuados para seleccionar y designar a los más calificados.

Si es sólo la mayoría especial del Senado la que decidirá, siguiendo criterios meramente partidistas, llegaremos una vez más a la dolorosa conclusión de que el actual gobierno no está capacitado para organizar un proceso electoral limpio, legal y confiable.

Con premura inesperada, la Suprema Corte elaboró y mandó publicar en el Diario Oficial del 17 de septiembre la lista de los solicitantes, y reiteró que el plazo corre del 18 de septiembre al martes 23. Invitamos a todos los ciudadanos que tengan algo que observar, a que formulen sus objeciones dentro de ese plazo precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.