Cinco presidentes de la República -Luis Echeverría Alvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y el actual, Ernesto Zedillo- no hubieran llegado a esa posición si el PRI hubiera tenido los mismos principios que aprobó el sábado por la noche: haber sido cuadro o dirigentes de partido y haber conquistado un cargo de elección popular y tener 10 años de militancia comprobada.

Ninguno los cinco mandatarios mencionados tuvo cargos de elección popular -ni siquiera una regiduría municipal- antes de ser nominados a la Presidencia de la República, y de algunos de ellos corrió la versión no sólo de que no eran priístas convencidos, sino que deseaban desaparecer a ese partido y convertirlo en algo nuevo, con una nueva ideología y una diferente estructura.

En este último sentido, tal vez el más interesado en la transformación fue Carlos Salinas de Gortari. Mucho se habló durante su mandato de supuestas intenciones de convertir al PRI en el Partido Solidaridad.

Lo curioso es que la historia no evoluciona como desean los individuos, sino de formas muy extrañas. Del ya oficialmente desaparecido Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), lo único que queda firme y fuerte es el denominado Movimiento Territorial, una organización surgida del sector popular del PRI, cuyo propósito es agrupar a los priístas a partir de su sitio de residencia y no de sus lugares de trabajo, como se hacía desde el nacimiento del partido.

Pues bien, esa gente del Movimiento Territorial -acostumbrada a las asambleas libres, a debatir y exigir lo que desean y no aceptar líneas ni ideas impuestas- fue la que impulsó con mayor fuerza los cambios estatutarios que dejan fuera de la lucha por los más altos cargos de la política nacional, senadores, gobernadores y presidente de la República, a quienes menos simpatizan con el PRI tradicional, y que por lo mismo no tienen largos antecedentes de militancia en el tricolor.

La línea ¿inexistente?

La posición del movimiento obrero la hizo muy explícita el secretario de Acción Política de la CTM y ex gobernador de Durango, José Ramírez Gamero, cuando al ser interrogado la noche del sábado durante el desarrollo la conflictiva mesa de Estatutos, acerca de si los delegados obreros se pronunciarían por la ``y'' o por la ``o'' -que los candidatos a la presidencia hubieran sido dirigentes y/o representantes populares- respondió con claridad: ``por supuesto que por la `y'''.

En el lado contrario, el presidente de la Comisión del DF de la Cámara de Diputados, Oscar Levín Coppel, trataba de convencer de que lo más importantes para el partido era la redacción propuesta en los documentos preparados por la dirigencia, es decir, que se aprobara la ``o'' y no la ``y''.

Ante los reacios, Levín -surgido de las filas de la tecnocracia, concretamente de la Secretaría de Hacienda, en la época de David Ibarra Muñoz- sostenía que ésa era la ``línea'', pues aprobar la ``y'' era tanto como oponerse al Presidente de la República al ponerle condiciones para designar a su sucesor.

Levín no fue a la tribuna. Prefirió que lo hiciera su compañero de la diputación capitalina y ex delegado en Iztacalco, José Castelazo. Así, éste fue la víctima de los abucheos de la casi totalidad de los delegados, en un notable contraste frente al también diputado César Raúl Ojeda, tabasqueño, quien recibió una ovación al exigir la multimencionada ``y''.

Pero si Levín manejó lo de la ``línea'' en privado, el senador por Veracruz Eduardo Andrade lo hizo público. El fue uno de los oradores designados para defender la redacción original de la dirigencia partidista, y cuando consumió los tres minutos reglamentarios, la presidencia de la mesa le cortó la corriente a su micrófono, como ya lo había hecho con otros delegados que estaban en contra. Pero Andrade no aguantó la ofensa y ``descobijó'' a los directivos de la mesa, así como al sinaloense Rafael Oseguera Ramos, que también formaba parte del presidium: ``Yo soy disciplinado a mi partido y obedezco la línea y en este caso ustedes -señalaba a la directiva de la mesa- me pidieron que viniera a defender esta posición y luego me apagan el micrófono''.

Layda Sansores, también senadora, por Campeche, e hija de un ex presidente del PRI, Carlos Sansores Pérez, le dio la puntilla a quienes defendían la ``línea''. ``Tenemos una asamblea libre, pero queremos que sea también independiente'' dijo la legisladora que ya ha demostrado su libertad de criterio al oponerse, por ejemplo, al antipopular aumento al IVA.

``No intervengo ni intervendré''

Entraron al relevo el cetemista Netzahualcóyotl de la Vega y la senadora por Nuevo León y dirigente de Mujeres por el Cambio María Elena Chapa. El presidente y el secretario general del partido, Santiago Oñate y Juan Millán, se quedaron para presenciar el desarrollo de la asamblea, pero ni por eso se inmutaron los delegados: se aprobó la ``y''. Para que el ``candado'' fuese más efectivo, se agregó otra condición: diez años de militancia comprobada, no sólo para quienes aspiren a la Presidencia de la República, sino también para los precandidatos a gobernadores y senadores.

Con estas limitaciones, se puede hablar de una virtual expulsión colectiva. Los llamados ``tecnócratas'' fueron alejados de la posibilidad de aspirar a la Presidencia de la República. Del actual gabinete presidencial -de donde tradicionalmente han salido los candidatos al Ejecutivo federal del PRI- sólo tres secretarios reúnen todos los requisitos : el de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor; el de Agricultura, Francisco Labastida Ochoa, y la de Turismo, Silvia Hernández. Si algún otro secretario pretendiera hacer carrera para sustituir a Ernesto Zedillo, tendría que renunciar a su cargo y buscar ser postulado a diputado federal o local o a presidente municipal, ni pensar en una posición en el Senado o un cargo de gobernador, pues los requisitos son los mismos que para presidente.

En el auditorio de Paseo de la Reforma el personaje central fue el presidente Ernesto Zedillo. Había curiosidad por conocer cuál sería su reacción ante lo aprobado la noche anterior por los delegados priístas.

Los cambios en los requisitos para los candidatos a la Presidencia de la República limitan obviamente la facultad ``metaconstitucional'' del jefe del Ejecutivo en turno de designar a su sucesor, pero además hubo otros cambios de fondo que pueden ser mucho más trascendentes para el país, como la decisión de oponerse a la privatización de la petroquímica y postular una política económica con mayor sentido social.

Son cambios de gran trascendencia, pero el ``amarre'' está en la sucesión presidencial. El PRI no puede, obligado por sus propios estatutos, postular a alguien partidario de la privatización de la explotación petrolera y si llegara algún embozado al Ejecutivo Federal, sus legisladores están obligados a oponerse a cualquier iniciativa en ese sentido.

Zedillo despejó dudas: ``la única línea (en la Asamblea) es que no había línea''.

Todavía más: ofreció pleno respeto a las decisiones de los delegados, reafirmó su militancia y su convencimiento en los principios priístas y aseguró que no ha intervenido ni intervendrá en las decisiones que competen sólo a la dirigencia del partido. La inferencia es lógica: no influye ni lo hará en la designación de candidatos y eso incluye a quien será nominado para relevarlo como primer mandatario del país.

Aquí se cierra la paradoja.

Hace seis años, en la 14 Asamblea, los delegados priístas exigieron las mismas condiciones para los candidatos a la Presidencia de la República, pero la dirigencia de entonces, encabezada por Luis Donaldo Colosio, maniobró para que no se aprobara. Había dos suposiciones: una, que el propio Colosio no lo quería porque parecía un golpe bajo contra los miembros del gabinete que competían con él por la nominación presidencial. La segunda, que fue el entonces presidente Carlos Salinas quien se opuso al cambio, pues no quería perder la capacidad de designar a su sucesor.