Dos preguntas recurrentes entre los mexicanos: ¿por qué las empresas paraestatales se vendieron por debajo de su valor real? y ¿dónde quedaron los recursos obtenidos? Por ejemplo, Impulsora Conasupo (Iconsa) se vendió en unos 10 millones de dólares, cuando su valor real era de 25 millones.

Muchos mexicanos mostraron su malestar cuando conocieron que Raúl Salinas de Gortari hizo una ``transferencia'' de 29 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego, días antes de que el último adquiriera Televisión Azteca, en ese entonces propiedad estatal.

Ahora la indignación se desbordó cuando el secretario de la Contraloría, Arsenio Farell Cubillas --luego de que supuestamente revisó los procesos de privatización que se llevaron a cabo durante el sexenio pasado--, consideró que no había mayor problema en la enajenación de bienes nacionales. Así no más.

En su comparecencia ante una comisión del Congreso de la Unión, Farell Cubillas se apresuró a decir que ``hubo transparencia en los procesos de desincorporación'', y en respuesta a los legisladores opositores que no estuvieron de acuerdo con sus argumentos, el viejo político priísta les dijo que no era ``tapadera'' del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Para darnos una idea de lo que estamos hablando, basta recordar que la Cepal señaló recientemente que México encabeza la lista de privatizaciones en América Latina al acumular, en 10 años, un total de 20 mil 408 millones de dólares con la venta de 24 empresas paraestatales, algunas de ellas consideradas estratégicas.

Según ese organismo, ``entre 1985 y 1994 se privatizaron 56 compañías en toda la región y por ellas se obtuvieron 48 mil 978 millones de dólares'', (La Jornada, abril 21, página 49). En cualquier otro país la relación que existió --¿o existe?-- entre Raúl y Ricardo hubiera sido investigada en serio, de a deveras.

Aunque breve y reciente, esa relación derivó en ``jugosos negocios'' como fue la adjudicación a Salinas Pliego de las redes nacionales de televisión 7 y 13 (primero Instituto Mexicano de Televisión, después Televisión Azteca), y las subsidiarias Impulsora de Televisión del Centro, Corporación Televisiva de la Frontera Norte, Impulsora de Televisión del Norte, Corporación Televisiva del Noroeste, Compañía de Televisión de la Península, Compañía Mexicana de Televisión de Occidente, Televisión Olmeca, Televisora Mexicana del Sur, Impulsora de Televisión de Chihuahua, así como la Compañía Operadora de Teatros, los Estudios América y Operadora Mexicana de Televisión.

Por estas empresas Ricardo Salinas pagó 2 mil 50 millones de pesos, alrededor de 600 millones de dólares, tomando en consideración el tipo de cambio de la fecha en la que se concretó la venta. De ese monto, mil 150 millones correspondieron a TV Azteca y 480 millones a Compañía Operadora de Teatros.

Sin considerar la devolución de recursos que la Secretaría de Hacienda hizo a Salinas Pliego, la ``contribución'' de Raúl Salinas de Gortari fue equivalente al 5 por ciento de la operación. Si sólo se considera el precio cubierto por TV Azteca, tal aportación representaría el 10 por ciento.

De aquí, de allá y de todas partes

Al contralor Farell no le ``brincó'' el hecho de que la transacción entre Raúl y Ricardo se llevó a cabo tan sólo unos días antes de que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari le entregara el llamado ``paquete de medios'' al empresario electrodoméstico, para entonces su reciente y casi desconocido socio.

Aunque existían antecedentes de que Raúl y Ricardo se conocieron en Monterrey en 1991 durante una reunión ``social'', el segundo de ellos hace unos meses dijo que ``el ingeniero Salinas era el hermano del presidente de México, y si él vino a pedirme que le ayudara a invertir ese dinero --los 29 millones de dólares--, pues no creo que ningún empresario se hubiera negado a hacerlo, además de que no había nada malo en eso''.

Aún así, el presidente de TV Azteca se contradijo: primero señaló que el dinero de la operación permaneció algunos días en Silvestar --firma que se fusionó con el Grupo Elektra en 1983--; luego sostuvo que el capital se utilizó para comprar títulos de valores, y finalmente indicó que sirvió para aumentar el capital de la Compañía Impulsora de Frecuencia, pero que después se transfirió para completar el pago del paquete de medios en 1993.

A don Arsenio no le ``saltaron'' estas contradicciones, y seguramente tampoco se dio cuenta que en el interrogatorio solicitado por la Procuraduría Federal de Suiza --el 10 de mayo de 1996-- afirmó que tres años antes (agosto de 1993), era más que amigo de Raúl, ``era su asesor financiero''. El presidente Ernesto Zedillo ha demostrado, por lo menos en la desincorporación de los complejos petroquímicos, que no repetirá los errores del pasado.

Ha sido más cuidadoso, sobre todo porque los interesados en adquirir las empresas que el gobierno ha puesto en venta han dicho hasta el cansancio que en el proceso de desregulación para concesionarlas a particulares ha habido muchas inconsistencias legales, lo que ha causado que dichos proyectos ``se vayan a pique''. Por lo pronto, el primer mandatario confirmó que la venta de las plantas petroquímicas ``está suspendida temporalmente''.

En otro orden de ideas, valdría la pena conocer los resultados que Carlos Slim, Bernardo Quintana, Roberto Hernández, Claudio X González, Tomás González Sada y Dionisio Garza Medina obtuvieron en su reciente viaje a Londres, donde exploraron ``nuevas posibilidades de inversión''.