Después de diez horas de discusión y de 89 oradores que plantearon sus puntos de vista, una agitada asamblea del Partido Revolucionario Institucional aprobó un Programa de Acción que se propone avanzar hacia la justicia social, priorizar la redistribución del ingreso y establecer una nueva relación con los pueblos indios.

Tales objetivos se establecen en un marco de crítica al neoliberalismo, de eliminación del liberalismo social de sus documentos básicos y de restablecimiento de las raíces históricas de la ideología del nacionalismo revolucionario.

Aún no trasciende a los medios el hilo argumental de ese programa, pero habrá ocasión de examinarlo con más precisión. Por ahora adelanto algunas consideraciones sobre el nuevo programa.

Hay numerosos partidos en el mundo, especialmente en la franja de la izquierda (partidos socialdemócratas y partidos socialistas y comunistas), pero no sólo en ese espacio político, que en los últimos veinte años han llevado a cabo revisiones profundas de sus raíces históricas, de las transformaciones del mundo y de sus formulaciones ideológicas. No basta con atender al proceso histórico que ha dado origen a una formación política. Es indispensable también atender a las realidades del mundo de hoy para diseñar programas políticos que resulten eficaces en términos de lo que cualquier partido político busca: hacerse del poder o conservarlo.

El restablecimiento del nacionalismo revolucionario probablemente expresa el amplio consenso que existe en extensos sectores del PRI (como lo hay en la propia sociedad), respecto de que fue el programa de política económica del régimen de Carlos Salinas el responsable de la nueva crisis (la de corto plazo, pues vivimos hace tiempo una de largo plazo) que se presentó a partir de diciembre de 1994.

El riesgo es que, estando en el poder, este partido deba llevar a cabo programas de gobierno que queden más alejados del Programa de Acción del partido, debido a la imposibilidad práctica de instrumentar diversas fórmulas populistas propias del nacionalismo revolucionario. En todo caso el propósito fundamental es el de justicia social, y ésta no es, por necesidad, igual a nacionalismo revolucionario.

No es menor el compromiso público del partido al refrendar en una convulsa asamblea su reclamo por la justicia social. No lo es porque hoy por hoy las posibilidades de administrar expectativas en la sociedad son prácticamente nulas, de modo que la sociedad espera que tales compromisos políticos tengan traducción efectiva en el más corto plazo posible.

Se diría que a este partido --no sólo a éste-- corresponde no sólo demandar del gobierno programas articulados al propósito de la justicia social, sino también debatir y convencer al conjunto de la sociedad de que el problema de la superación de la pobreza no es asunto sólo del gobierno, sino precisamente del conjunto de la sociedad, en primer término de la sociedad privilegiada de consumo que vive hoy ajena e indiferente a lo que pasa con los pobres de este país, y cree que nada tiene que ver con su durísima situación.

La asamblea reclamó un mayor gasto social, y un ex gobernador señaló que no sólo era necesario el gasto, sino también la inversión en proyectos productivos, sin la cual no se podrán ``acortar'' los rezagos en las zonas marginadas. Parece aún insuficiente, sobre todo si el gobierno conservará --como ha sido anunciado-- una línea de austeridad en el gasto y de equilibrio en las finanzas públicas, buscando que el crecimiento se apoye en la inversión privada.

Hacer coherente y posible este conjunto de tesis y de objetivos es un reto de gran magnitud que, en el corto plazo, puede ampliar o erosionar la credibilidad de este partido frente a lo que antiguamente esta formación partidaria llamaba ``las grandes mayorías''.

Es posible visualizar un acuerdo político nacional creciente entre las más importantes formaciones partidarias; pero aun si entre los acuerdos estuviera el de desplegar mayores programas por la justicia social, la pobreza seguiría apareciendo como un mar inacabable. En definitiva, no es sólo problema de los partidos y del gobierno. Ni siquiera de la sociedad nacional toda. Aún es preciso situar la superación de la pobreza como un costo obligado del desarrollo del conjunto de las sociedades del mundo.