Espinosa: pacto, no ley, para regular marchas

Víctor Ballinas El regente Oscar Espinosa Villarreal se manifestó ayer porque los grupos sociales, partidos políticos y el gobierno suscriban un pacto de civilidad para regular las manifestaciones en la ciudad, porque si se promulgara una ley respectiva que no sea suficientemente aplicable y respetada, ``me frustraría enorme- mente enfrentarme a la realidad de muchos amparos y cuestiones que impidieran su vigencia''.

Previo a la convocatoria de Espinosa, el secretario general de Gobierno del DDF, Jesús Salazar Toledano, subrayó que la viabilidad política de la ciudad con ``lamentable frecuencia se ve empañada por la realización de marchas, bloqueos y plantones, que en su mayor parte coinciden en el propósito de obstruir el tránsito de vehículos y aún de peatones, como un medio para llamar la atención acerca de sus quejas o peticiones''.

Agregó que las manifestaciones públicas se utilizan no sólo como instrumento de presión ante las autoridades, sino como un arma piscológica para provocar irritación en otros miembros de la sociedad, ajenos a los problemas que motivan a los manifestantes.

Esa intención, subrayó Salazar, de exacerbar el estado de ánimo de terceras personas, hace decaer el uso legítimo de un derecho, en un abuso antisocial.

Tanto el regente como Salazar Toledano, manifestaron lo anterior en el seminario Viabilidad de la ciudad de México en lo político y social, en el cual ayer expusieron los temas de Seguridad Pública, Seguridad Social y el ámbito político.

Salazar Toledano subrayó que el comportamiento de las autoridades se ha ceñido a mantener abiertas las vías del diálogo, no responder a las provocaciones, proponer soluciones cuando la demandas correspondan a las atribuciones del gobierno capitalino y ofrecer mediación cuando la demanda competa a otra instancia gubernamental.

Explicó que actualmente se configuran dos propuestas globales para proteger el interés general de la sociedad: una jurídica y otra política, que podrían ser compatibles porque no son excluyentes.

Al hablar de cada una de ellas, explicó que en la jurídica, la Asamblea de Representantes ha expresado su propósito de convocar a un foro para deliberar sobre la promoción de un proyecto normativo; la segunda propuesta, dijo, no requeriría de formalidades sino de voluntad política.

Las líneas generales de ésta última propuesta son establecer reglas por consenso, mediante un pacto de civilidad que suscribieran los partidos, agrupaciones sociales y en general, todos los actores políticos que organizan manifestaciones públicas o participan en su realización.

Salazar Toledano, afirmó que el gobierno de la ciudad también signaría los acuerdos y se obligaría no sólo a respetar las reglas convenidas, sino a apoyar con medios adecuados el desarrollo expedito de los actos que se realizan conforme a dichos acuerdos.

El funcionario subrayó que la viabilidad política de la capital se reafirmaría con cualquiera de estas dos fórmulas de regulación de un derecho constitucional que el gobierno de la ciudad ha respetado invariablemente, pero cuyo ejercicio no deberá afectar en lo futuro los derechos de terceras personas ni el interés general de la sociedad.

Manifestó que el gobierno confía en que la sensatez, la civilidad y la conciencia de solidaridad social se impongan sobre criterios estrechos que reducen su concepción de la política a las confrontaciones por sistema y subordinan la lucha por el mejoramiento social a la obtención de ventajas coyunturales en las reyertas del poder.

El secretario de Gobierno afirmó que los medios utilizados por los grupos demandantes para exigir solución a sus problemas o para resolverlos a su modo y en vías de hecho, se convierten en fuentes de otros problemas, porque implican poner frente a frente intereses particulares y el interés general de la sociedad.

Tal es el caso de los bloqueos de calles y avenidas durante manifestaciones de protesta, la formación de colonias irregulares en zonas de reserva ecológica y la creciente obstrucción de las vías públicas por el comercio informal.

Destacó que las leyes no tienen el poder mágico de conciliar todos los intereses ni la intervención del gobierno puede reducirse a su aplicación mecánica. La viabilidad política de la urbe aconseja procurar soluciones de consenso, antes de recurrir a las medidas extremas legalmente permitidas y cuya aplicación se justifica cuando se topa con la intransigencia de quienes se sitúan y pretenden permanecer al margen y por encima de la ley.

Espinosa Villarreal comentó al final de las tres exposiciones de los secretarios, que él en concreto se iba por un acuerdo político entre partidos, organizaciones sociales y gobierno, porque aún no se ha llegado con suficiente detalle respecto a cuál es la capacidad y atribución de la Asamblea de Representantes para legislar en relación con un derecho constitucional.

``Me preocuparía mucho que por falta de esa definición, de esa claridad, no pudiéramos aplicar los ordenamientos, Me frustraría enormemente enfrentarme tal vez a muchos amparos y cuestiones que pudieran impedir su aplicabilidad''