Posible escuadrón de la muerte de ex policías ligados al narco, en Sinaloa

Juan Manuel Venegas y Jorge A. Cornejo y Víctor Guerra, corresponsales La Procuraduría General de la República (PGR) rechazó las versiones en el sentido de que México se encuentra en un proceso de colombianización y advirtió que redoblará y reforzará sus acciones en contra de los hermanos Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana, a quienes señala como los presuntos responsables de los asesinatos de los comandantes Ernesto Ibarra Santés y Jorge García Vargas.

Al respecto, el vicepresidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, José Luis Pérez Canchola, señaló en Tijuana que los recientes asesinatos de altos funcionarios de las corporaciones encargadas de luchar contra el narcotráfico en esta frontera son el resultado de un proceso de ``acumulación'' de poder de los grandes cárteles de la droga que crecieron durante los últimos 15 años, tiempo en que el gobierno cerró los ojos ante la penetración de estas organizaciones.

La voz de Pérez Canchola se sumó a la del director del Centro Binacional de Derechos Humanos, Víctor Clark Alfaro, quien el domingo pasado alertó que el país se estaba ``colombianizando'', toda vez que los narcotraficantes ``habían declarado la guerra'' a las autoridades.

Sin embargo, para la PGR en México no existe esa posibilidad, porque los narcotraficantes ``no actúan dentro del Estado y por encima de la ley'', e incluso resaltó que precisamente sus actos de violencia son una respuesta a las acciones de las autoridades en su contra, acciones que no se detendrán.

En el caso de los jefes del cártel de Tijuana, Ramón y Benjamín Arellano Félix, la PGR insistió en que las institución ``no descansará'' hasta lograr su captura.

Por otra parte, en Sinaloa, un funcionario del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), que pidió el anonimato, dijo a La Jornada que la delegación estatal de la PGR indaga nombres ``y coteja las listas'' de ex policías y civiles ligados al narcotráfico, pues no se descarta que los homicidas de los funcionarios de la procuraduría hayan salido de esta entidad.

La fuente consultada indicó que ``existen fundadas'' sospechas de que en Sinaloa se formó una ``especie de escuadrón de la muerte'' en el que participarían ex agentes de las policías judiciales del estado y federal, ``desde donde conocieron a muchos capos de las drogas del norte del país''.

Según este funcionario del INCD, los recientes asesinatos de los comandantes Ibarra Santés y García Vargas, son ``una muestra de que la lucha contra el narco es a muerte y que debemos estar preparados para ello''.

Por su parte, en Tijuana, Pérez Canchola dijo en entrevista que la impunidad con la que actúan los grupos delictivos se debe a la ineficiencia de las autoridades para resolver los crímenes que se han presentado en los últimos dos años en México.

``A medida que cada crimen, desde el caso Colosio a la fecha, quede archivado con investigaciones deficientes que no llevan a dar con los responsables, se genera un clima de impunidad que afecta a toda la sociedad'', comentó el activista bajacaliforniano.

Pérez Canchola descartó que sea urgente llamar a la militarización del país, como convocan algunas voces, y en cambio propuso cambios en la estructura de la PGR, empezando por el sistema de designación del procurador.

El ombusdman propone que ese cargo sea considerado por su complejidad como un puesto de elección popular para evitar que se llegue a él a través de recomendaciones políticas más que por la capacidad efectiva que se requiere.

A su vez, el arzobispo de Yucatán, Carlos Emilio Berlié Belauzarán, antes obispo de Tijuana, señaló que los recientes crímenes y el incremento en la ola delictiva que afecta a esta entidad no se debe a la crisis económica sino a una crisis de valores y a la ambición desmedida de los delincuentes.

Entrevistado en el aeropuerto local antes de regresar a Yucatán para continuar sus labores eclesiásticas, Berlié hizo un llamado a la sociedad para rechazar a los grupos violentos que pretenden apoderarse de la entidad, tras señalar que acciones aisladas de las autoridades no lograran su objetivo sin el apoyo de la comunidad.

Podría haber más víctimas

Por otra parte, según trascendió en fuentes de la Policía Judicial Federal, podrían resultar más víctimas de los hechos en los que perdieron la vida el comandante García Vargas y tres agentes federales, hace cuatro días en la ciudad de México.

Según esta versión, al responsable operativo del INCD en Baja California lo acompañaba otro policía judicial. Sin embargo, por razones de seguridad y de las investigaciones, no trascendió el nombre de quién podría ser la otra víctima.

Respecto al crimen de Ernesto Ibarra Santés, ocurrido una semana antes, las mismas fuentes judiciales confirmaron que al momento de ser asesinado viajaba con 75 mil dólares en efectivo y descartaron la versión del procurador Antonio Lozano, quien dijo que el dinero encontrado en el vehículo donde fue asesinado podría ser una ``prueba sembrada''.

Finalmente, consideraron que el ``mayor pecado'' que cometieron los dos comandantes asesinados, no fue haber participado en los recientes operativos contra los Arellano en Tijuana, ``sino hacer tantas declaraciones en público''