Buscan sacar del aeropuerto al Grupo Hakim

Juan Antonio Zúñiga M. /I El gobierno federal promueve la cancelación del convenio de coinversión suscrito con el Grupo Industrial Hakim, cuya inmobiliaria Fumisa se hizo cargo de la construcción de la nueva área internacional del Aeropuerto de la ciudad de México y es concesionaria de la totalidad de los centros comerciales ubicados en ella.

En lo que parece ser una maniobra impulsada por un grupo de secretarios de Estado y ex gobernadores, la cancelación de este convenio implicará el pago hasta de 450 millones de pesos por parte del gobierno federal, tanto por los gastos en que ha incurrido Fumisa, como por los que deberán realizarse para terminar las obras respectivas.

Documentación en poder de La Jornada involucra al secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán; al ex director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y ex gobernador del Estado de México, Alfredo Baranda y, al ex gobernador de Puebla, Mariano Piña Olaya, como actores centrales de la promoción para que el gobierno federal cancele convenios y concesiones con el Grupo Industrial Hakim.

Con esto prácticamente quedará abierta la puerta a nuevos inversionistas en las áreas de mayor rotación comercial y dineraria del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México.

Notificaciones, memoranda y documentos oficiales, revelan que meses antes de que se procediera a practicar una inspección fiscal a la Inmobiliaria Fumisa y se encontraran elementos suficientes para demandar la acción penal en contra del presidente del consejo de administración, Alfredo Hakim Aburto --actualmente prófugo--, se buscaron motivos, incluso, para cancelar unilaterlamente el convenio de coinversión con el Grupo Industrial Hakim, del que forma parte la compañía inmobiliaria.

En una comunicación fechada el 26 de enero de 1996, el entonces director general de ASA, Alfredo Baranda García, expuso al secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán que, ``como parte de las medidas de saneamiento que debemos emprender para propiciar un exitoso y transparente proceso de privatización aeroportuaria, (es necesario que) se tome la decisión de dar por terminado el contrato de coinversión con el Grupo Industrial Hakim''.

En la caracterización de la problemática de la coinversión ASA-Grupo Industrial Hakim, el también ex gobernador del estado de México, aseguró que el proyecto a cargo de este grupo ``ha sido causa de un sinnúmero de obstáculos y problemas en cuanto al cumplimiento de los plazos para su realización, pues atraviesa por una situación de falta de recursos y liquidez; ha incumplido compromisos financieros, así como especificaciones y calidades requeridas de construcción''.

La suma de estas deficiencias, agregó, provoca riesgos innecesarios para la utilización adecuada de las instalaciones y el uso eficiente de los equipos y, ``por la magnitud y características del proyecto, se afectan los márgenes necesarios de seguridad y las posibilidades de crecimiento ordenado de la terminal aérea''.

Convenio tras convenio

Directamente beneficiario de la política contratista impulsada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el Grupo Industrial Hakim obtuvo la licitación para construir la nueva terminal internacional del aeropuerto capitalino y las concesiones para edificar y arrendar oficinas, áreas comerciales y obras de ampliación y remodelación del principal puerto aéreo del país.

En marzo de 1991 se firmó el primer contrato de arrendamiento con el Grupo Hakim, el cual consideraba una inversión de 85 millones de pesos para edificar comercios, oficinas , ampliación de zonas de salidas y llegadas, así como áreas de taxis y autobuses con vigencia de 12 años. En septiembre de 1992 se firmó un convenio modificatorio que extendió el plazo de explotación a 18 años.

En enero de 1993, en pleno auge salinista, ASA y el Grupo Hakim firmaron un nuevo convenio ``modificatorio'' que permitió duplicar la inversión inicialmente acordada y en febrero de ese mismo año se signó un contrato de arrendamiento con una inversión de 19 millones de pesos para ampliar y remodelar las salas de última espera 21, 22, 23 y 24, así como para reforzar plataformas y adecuar los hidrantes --surtidores de combustible-- en las posiciones 22 a 24.

Todavía en mayo de 1994 el Grupo Hakim firmó un ``contrato modificatorio'' más, ahora también llamado de ``consolidación'' de los anteriores y sus modificatorios, con el que la inversión total se elevó a 329 millones de pesos, que serían destinados al edificio de enlace con el área nacional, comercios, oficinas, salas de última espera de la 25 a la 36, terminal terrestre, vialidades, pasillos ``telescópicos'', plataformas, hidrantes, hotel y puentes peatonales.

Este último convenio es del que se promueve su cancelación porque, en opinión de Alfredo Baranda: ``se compromete negativamente cualquier posible esquema de privatización (del aeropuerto capitalino), porque la presencia de este Grupo (Hakim), tal como se contempla en el contrato de coinversión, conlleva el riesgo de que en la licitación no se cuente con suficientes tiradores o que quienes se interesen, hagan sus ofertas con castigos significativos por el hecho de tener que convivir con un Grupo poco serio y no profesional''.

Luego en un apartado anexo a la comunicación enviada al secretario Ruiz Sacristán, intitulado ``Rescate de Coinversiones'' se asienta que ``la participación de Fumisa es de tal magnitud en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que seguramente generará muchas objeciones por parte de los participantes en la licitación que se llegue a efectuar para concesionar dicho aeropuerto''.