La Jornada 25 de septiembre de 1996

Iniciaron 100 internos del penal de Cerro Hueco una huelga de hambre en demanda de que se les aplique amnistía e indulto

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 24 de septiembre Más de cien presos recluidos en el Cereso Uno de Cerro Hueco iniciaron hoy una huelga de hambre, en demanda de la aplicación de la Ley de Amnistía, Sentencia Suspendida e Indulto; 68 de los huelguistas, indígenas pertenecientes a organizaciones sociales y políticas de la entidad, cuyos delitos son derivados de manifestaciones de inconformidad o de la lucha por el cumplimiento de sus demandas, reinician el movimiento suspendido el 10 de septiembre.

Del 4 al 9 de septiembre, 68 reclusos realizaron una huelga de hambre, misma que fue suspendida ante la instalación de la llamada Mesa de Justicia, donde se revisarían los expedientes de al menos 90 presos.

Ante la validación de expedientes mal integrados y llenos de evidencias falsas creadas por la Procuraduría y el Ministerio Público, los indígenas decidieron reiniciar el ayuno, informó Jacinto Salvador García.

La demanda, a la que se unieron 30 internos más, es aplicar los recursos de ley, como los de amnistía, sentencia suspendida e indulto, ya que hay argumentos suficientes para que se apliquen estas acciones para un mínimo de 90 presos.

Los indígenas, reunidos en el grupo La Voz de Cerro Hueco, pertenecen a organizaciones políticas o sociales y fueron detenidos acusados de delitos derivados de manifestaciones de inconformidad o de lucha por el cumplimiento de demandas sociales, informó su abogado, Miguel Angel de Los Santos.

Jacinto Salvador García, Artemio Ramírez Torres y Rosey Pérez Jiménez, dirigentes de La Voz de Cerro Hueco, informaron que la mayoría llegan acusados por miembros de grupos paramilitares, policías municipales o Seguridad Pública, que se convierten en parte acusadora.

Tras valorar que no tiene sentido la revisión de expedientes que desde su conformación están amañados, los ayunantes indicaron que no ha habido presión por parte de las autoridades para que desistan del movimiento, aunque sólo se permite la entrada al penal a sus familiares, además de un fuerte dispositivo de los cuerpos de seguridad pública, que interrogan sobre la identidad y el motivo de la visita.

Sin atención, 40 reos afectados de sus facultades mentales

Recluidos en los Centros de Readaptación Social (Ceresos) se encuentran 40 reos afectados de sus facultades mentales, a quienes no se les ha podido instalar en un módulo especial ni han sido aceptados en hospital psiquiátrico alguno.

Tras otorgar la excarcelación de 31 reos que obtuvieron la libertad anticipada por preliberación o remisión parcial de la pena, el director de los Ceresos, Gilberto Ocaña Méndez, reconoció el hecho.

Conviven con el resto de la población interna, por lo que se continúa solicitando una partida especial para adaptar un módulo donde instalarlos.

Los enfermos mentales están sentenciados y sin posibilidad de que se les acepte en instituciones de salud, constituyéndose en un problema serio, pues las pocas instituciones de psiquiatría que existen están a su máxima capacidad, indicó Ocaña.

Argumentó que la enfermedad se les detectó cuando ya habían sido sentenciados