Pugna público-privada por la concesión del aeropuerto

Juan Antonio Zúñiga M./II y última La disputa de baja intensidad para eliminar al Grupo Industrial Hakim de las obras de construcción y, sobre todo, del control de las concesiones de estacionamientos, áreas comerciales y hasta de un hotel en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ha involucrado por lo menos a tres de los últimos seis directores que ha tenido la terminal aérea capitalina en los últimos cinco años.

Los tres últimos directivos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) se relevaron en los primeros 18 meses del gobierno del presidente Ernesto Zedillo y se heredaron, unos a otros, la determinación de cancelar los convenios suscritos por ASA y la Inmobiliaria Fumisa, integrante del Grupo Hakim, cuyo principal accionista, Alfredo Hakim Aburto, se encuentra actualmente prófugo acusado de evasión y defraudación fiscal.

La documentación en poder de La Jornada revela que el primer director de ASA en actual sexenio, Jaime Corredor Esnaola, ex director general del Banco Internacional y quien fuera también presidente de la extinta Asociación Mexicana de Bancos, avaló una comunicación dirigida al vicepresidente de la Inmobiliaria Fumisa, Jorge Hakim, en el que el organismo gubernamental solicitó formalmente la suspensión de ``todas las obras hasta en tanto no se reciba instrucción formal en contrario, total o parcial, de la reanudación de las mismas''.

Suscrito por el entonces subdirector de ASA, Enrique Balmori Aguilar, el aviso fue fechado el 24 de febrero de 1995 y el argumento para la suspensión consistió en que, en opinión de la Subdirección de Construcción y Conservación de ASA, los proyectos presentados por Fumisa ``arrojan desviaciones que dificultan la evaluación de las obras en comento (por lo que) resulta necesario revisar minuciosamente las obras que se encuentran realizando, a fin de tomar las decisiones necesarias que corrijan las omisiones y desviaciones que han sido detectadas por ASA''.

Las obras se reiniciaron parcialmente pero en medio de grandes dificultades administrativas, según se desprende del intenso intercambio de memorándums obtenidos por La Jornada, donde figuran cartas que no dejan de evocar la obra de Choderlos de Laclos Las Amistades Peligrosas por la intencionalidad intrínseca de los remitentes.

Sin embargo, es necesario aclarar las fechas de por lo menos dos documentos que no coinciden con los periodos en que estuvieron al frente de ASA dos de quienes han sido sus directores generales durante este gobierno.

Según informes recabados, el ex banquero Jaime Corredor Esnaola ocupó este cargo del primero de diciembre de 1994 al 31 de enero de 1995 y la misiva anterior --con copia a él-- está fechada el 24 de febrero del año pasado; mientras Alfredo Baranda ocupó esa posición del 31 de enero al 31 de mayo de 1995.

La historia continúa

En respuesta a la petición del segundo director general de ASA en el curso del actual sexenio y ex gobernador del estado de México, Alfredo Baranda, el también ex gobernador de Puebla, Mariano Piña Olaya recomendó el 23 de febrero de este año ``concluir la relación jurídica establecida entre ASA y la Inmobiliaria Fumisa''.

El mensaje, en el que el ex gobernador poblano vierte ``algunos comentarios de orden legal a fin de dar por concluida la relación que vincula a las partes'', contiene un análisis jurídico en el que Piña Olaya sostiene que ``puede considerarse que la relación establecida entre ASA y Fumisa no constituye un verdadero contrato de arrendamiento, porque en el momento de su celebración no existía el inmueble que presuntamente se arrendó''.

Plantea que ``los mal llamados contratos de arrendamiento y sus convenios modificatorios son nulos de pleno derecho, de acuerdo con lo dispuesto por la parte final del artículo 15 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas''.

La opinión de quien fuera gobernador de Puebla se sustentó en ``un breve análisis'' de todos los documentos suscritos entre ASA y Fumisa y, en su respuesta al ex gobernador del estado de México advirtió que, si se aceptara la validez de los contratos, el procedimiento legal tendría que ser el señalado por la legislación civil y ello implicaría varios meses y un sinuoso proceso.

``En el mejor de los casos el procedimiento tardaría varios meses. Por esta razón no es lo más recomendable'', señaló Piña Olaya a Alfredo Baranda.

Después explicó: ``En virtud de que es posible sostener que los actos jurídicos contenidos en los llamados contratos de arrendamiento y convenios modificatorios son nulos de pleno derecho... se debe concluir que la relación jurídica establecida entre ASA y Fumisa se debe regir por la Ley de Obras Públicas''.

Puntualizó que ``ASA unilateralmente puede decidir la terminación de la relación jurídica, bien sea por rescisión del contrato por causas imputables al contratista, o bien por la terminación anticipada del contrato cuando ocurran razones de interés general que así lo justifiquen''.

Pero, por si todo esto no surtiera efecto, el ex gobernador poblano recomendó que como en la relación entre ASA y Fumisa han participado las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y la de la Contraloría, ``sería conveniente que cualquiera de las tres dispusiera lo necesario para que ASA dé por terminado anticipadamente la relación jurídica que la vincula con Fumisa, y de esta manera no sea quien unilateralmente asuma la responsabilidad de la decisión''.

Por lo pronto, la auditoría fiscal practicada por las autoridades hacendarias encontró elementos suficientes para querellarse con la Inmobiliaria Fumisa y hasta para solicitar el ejercicio de la acción penal en contra de Alfredo Hakim Aburto, presidente del consejo de administración del Grupo Industrial Hakim, de la que forma parte la inmobiliaria.

El actual director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y tercero en el curso de este sexenio, Alfredo Elías Ayub, está enterado de todo esto.