Informe final

Oscar Camacho Guzmán La fracción del PRI en la Cámara de Diputados dio ayer por concluidas las investigaciones de corrupción en Conasupo, con un informe final en donde a pesar de reconocerse que entre 1982 y 1992 hubo en esa institución diversas anomalías, irregularidades y daños económicos, sólo se imputan responsabilidades penales a dos funcionarios menores.

Con su mayoría de votos, los priístas sacaron adelante el informe que elaboró el presidente de la comisión, el diputado del estado de México, Manuel Hinojosa, y con ello exoneraron de responsabilidad alguna a todos los funcionarios de Conasupo y de las secretarías de Comercio y de las desaparecidas, SPP y Ssa, a quienes la oposición les adjudicó diversos tipos de responsabilidades, en casos como el pago a Maseca, importación de leche contaminada o bien de frijol no apto para consumo humano.

En defensa de esta decisión, la fracción del PRI argumentó que los titulares de las dependencias no son responsables de lo que hagan sus subordinados, según expresó el ex secretario particular del gobernador, Patricio Chirinos, Salvador Mikel.

Los priístas exoneraron incluso a Raúl Salinas de Gortari y a su brazo derecho en esa institución, Salvador Giordano, sobre quienes se indica en el informe que no se encontraron elementos que permitan corroborar su participación en ilícito alguno.

El informe fue aprobado únicamente por la mayoría priísta y el voto en contra del PRD; en tanto que los legisladores del PAN y el diputado independiente, Adolfo Aguilar Zínser, se retiraron de la reunión para no convalidar con su presencia la decisión del PRI.

Luego de su aprobación, el informe será presentado este jueves al pleno y de inmediato se le enviará al Presidente de la República, con la recomendación de que el Ejecutivo investigue los casos de corrupción detectados y las anomalías que le son reportadas.

Los priístas cerraron así diez meses de investigaciones en torno a ocho líneas de investigación relacionadas con denuncias de corrupción en Conasupo y sus filiales. Indagatorias que tuvieron un costo de mil 600 millones de pesos, pagados a los despachos de auditores privados, Bladinieres y Compañía, y Barriguete.

Línea uno: desarrollada para investigar los resultados de las auditorías internas y externas practicadas a Conasupo, así como a sus cuentas públicas, en esta línea de investigación los priístas encontraron que Conasupo ``incurrió'' en deficiencias en la aplicación de su normatividad interna durante 1982 y 1992, mientras advirtieron que se detectaron ``diversas irregularidades'' en los casos de las filiales Miconsa y Diconsa.

Sin embargo, los priístas no emitieron recomendación alguna relacionada con las deficiencias detectadas en Conasupo, mientras en torno a las irregularidades de Miconsa y Diconsa, ``no consideran conveniente expresar un juicio definitivo'', y juzgan ``más adecuado'' solicitar al Ejecutivo federal sea quien profundice en esas investigaciones.

Línea dos: ordenaba detectar e investigar las importaciones, adquisiciones y contrataciones de mayor monto de Conasupo y sus filiales. A juicio de los priís-tas, Conasupo cumplió en términos generales con sus normas y reglas de operación en materia de importaciones, mientras que sobre Miconsa se presume la existencia de irregularidades --que no se mencionan--, pero sobre las cuales se pide al Ejecutivo que investigue.

Línea tres: en este punto, relacionado con la importación de leche en polvo supuestamente contaminada por radioactividad, así como la presunta sobrecotización de precios de compra y sobrestimación de sus costos de flete y posible faltante, los priístas determinaron que sí se importó leche con un determinado nivel de contaminación, pero que debido a los bajos niveles de bequereles que contenía dicha leche, ``en ningún momento se puso en riesgo la salud de la población''.

Asimismo, dijeron no haber hallado evidencias de una supuesta sustracción de este producto de los almacenes aduanales de Veracruz, y aseveraron que tampoco hubo sobrecotización, ni en la compra ni en los fletes. Sobre el faltante en territorio nacional, indicaron que sí hubo tal, y que ascendió a 2 mil 600 toneladas, pero indicaron que existe un proceso penal y que éste debe sólo profundizarse en contra de diversos empleados de Ferrocarriles Nacionales, así como determinar a los autores intelectuales y copartícipes de este delito.

Línea cuatro: por lo que hace al caso de maíz contaminado con aflatoxinas, indicaron que ``es evidente que se presentó un caso de afectación patrimonial para Conasupo'', pero sobre lo cual sostuvieron que ``no es posible imputar responsabilidades específicas'', pues la institución se limitó a adquirir dicho producto para evitar su comercialización, eliminar daños irreparables en la salud y evitar un daño patrimonial mayor a los productores nacionales.

No obstante, los priístas recomendaron al Ejecutivo proseguir las investigaciones para verificar si son justificables estas razones.

En esta misma línea de investigación, los priístas reiteraron su posición de que el pago a Maseca fue lícito y legal, en 1989, por seis millones de pesos.

Sobre la importación de frijol chino no apto para consumo humano, es el único donde se mencionan nombres de presuntos responsables: José Manuel Pasalagua y Agustín Vargas, quienes habrían incurrido en diversas irregularidades en la negociación, contratación y ejecución de la importación de 10 mil toneladas de frijol negro, ocasionando un quebranto financiero a la institución.

Línea cinco: de las relaciones comerciales de Conasupo y sus filiales con sus principales clientes y proveedores, los priístas aseguraron que no encontraron evidencia de que hubiesen existido irregularidades, mientras que sobre Miconsa se puntualiza que el despacho auditor no estuvo en condiciones de verificar en qué consistieron los servicios de comercialización proporcionados a la entidad por empresas privadas de distribución, pero afirmaron que no era necesario que se celebraran dichos contratos para la distribución de harina de maíz, y que la constitución de las empresas comercializadoras obedeció a la finalidad de hacer negocio con beneficios injustificables.

Por ello, pidieron al Ejecutivo que investigue más y haga las consignaciones respectivas en contra de los funcionarios de Miconsa y de los particulares que se beneficiaron, aunque sin mencionar nombres.

Línea seis: en este punto, vinculado con asuntos como inversiones de Miconsa, hallazgo de droga en un camión que transportaba maíz, fletado por Conasupo, y conflicto de intereses en Miconsa, exigieron al Ejecutivo que se investigue.

Línea siete: vinculada con la revisión del proceso de desincorporación de la planta Miconsa en Atlacomulco, venta de activos y liquidación de filiales, los priístas pidieron al Ejecutivo que continúe las investigaciones que le son puestas en su conocimiento en el informe y determine la legalidad de las operaciones, finque responsabilidades y proceda contra los responsables.

Empero, indicaron que la comisión no tiene elementos para corroborar las denuncias que en el curso de las investigaciones involucraron a Raúl Salinas y a Salvador Giordiano en presuntos ilícitos, por lo que demandaron al Ejecutivo que investigue.

Línea ocho: por último, en relación con denuncias de particulares, organizaciones no gubernamentales y otras instancias sobre presuntas anomalías y/o desviaciones en la actuación de Conasupo y sus filiales, los priístas determinaron que forman parte de otras líneas de investigación, ya comentadas, y a las cuales fueron remitidas