Con la oposición de legisladores panistas y perredistas, la fracción del PRI votó por cerrar la investigación parlamentaria sobre las presuntas irregularidades ocurridas en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) durante el sexenio pasado. De esta manera, en forma prematura y con un claro sentido de disciplina partidista, se puso fin a lo que habría podido ser un importantísimo ejercicio legislativo de fiscalización de la administración pública.

El episodio pone de manifiesto que, por parte de la mayoría priísta en las cámaras, no hay voluntad política para ejercer la división de poderes, convertir al Legislativo en un contrapeso real al Ejecutivo y avanzar en el establecimiento de la necesaria transparencia institucional.

Por otra parte, la decisión priísta de dar ``carpetazo'' a la investigación sobre Conasupo no es un hecho aislado. El pasado fin de semana, en la 17 Asamblea Nacional del partido gobernante, se impuso la determinación evidente de congelar las peticiones para que se expulsara del tricolor al ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Independientemente de la pertinencia o no de esa demanda, todo parece indicar que el PRI no desea que se hurgue en los temas y sucesos del gobierno anterior, pese al clamor mayoritario de la sociedad que pide el esclarecimiento a fondo de todos los asuntos del salinato que hoy parecen turbios, entre otros: los procesos de privatización de empresas antes públicas, los manejos monetarios de Raúl Salinas de Gortari en Conasupo, los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y del secretario general priísta José Francisco Ruiz Massieu.

Volviendo al caso de Conasupo, la decisión de dar por terminada la investigación legislativa sobre esa empresa refuerza el escepticismo popular en torno a lo que se puede esperar de las diversas investigaciones en curso, en distintos ámbitos del poder público, sobre irregularidades administrativas y crímenes políticos.

En otra perspectiva, y ante la cercanía del proceso electoral de 1997, las dificultades de los priístas para formular de una vez por todas su deslinde con respecto al salinismo, así como su empecinamiento en minimizar, postergar o eludir el examen crítico y las investiga- ciones legales sobre los actos del gobierno anterior, pueden tener un elevado precio, en términos de pérdida de votantes, para el partido gobernante.