Podrán negar en Estados Unidos escuela a hijos de inmigrantes ilegales

Ap, Reuter y Afp, Washington, 25 de septiembre La Cámara de Representantes estadunidense aprobó hoy una drástica y amplia ley contra la inmigración ilegal y, en votación separada sancionó también una medida que deja en libertad a los estados para negar educación pública a los hijos de trabajadores indocumentados.

Los dos proyectos pasaron a consideración del Senado, que los deberá analizar y votar en los próximos días antes de enviarlos a la Casa Blanca para su firma, pero sólo el primero tiene posibilidades de ser convertido en ley por el presidente Bill Clinton, y se espera que la Cámara alta rechace la segunda iniciativa referida a la educación.

Los demócratas, minoría en la Cámara, protestaron contra algunas cláusulas del proyecto de ley más completo, pero 76 de ellos se unieron a la mayoría republicana para aprobar la iniciativa con 305 votos a favor y 123 en contra. La iniciativa referida a la educación fue aprobada por 254 contra 175.

``Este proyecto dice no vengan a Estados Unidos y no piensen que los contribuyentes de este país se harán cargo de ustedes si entran ilegalmente'', afirmó el titular de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, al sintetizar el espíritu de los dos proyectos.

Los promotores de los dos proyectos que aspiran a obstaculizar la inmigración ilegal, tema muy importante políticamente este año electoral, alegaron que son necesarios para cortar el flujo de ingreso de extranjeros indocumentados y permitir a los votantes tomar la decisión si desean cargar con los gastos de educación de niños que no deberían estar en el país.

Pero los críticos demócratas insistieron que castigarían a niños inocentes por algo que han hecho sus padres y pondría a miles de jóvenes en las calles con riesgo de convertirse en delincuentes, y apuntaron que algunas medidas castigarían también a inmigrantes legales.

Versiones del proyecto fueron aprobadas por una abrumadora mayoría por la Cámara y el Senado a principios de este año. La aprobación final de una medida consensada entre las dos cámaras se vio obstaculizada durante meses debido a conflictos en torno a la cláusula que permite a los estados negar educación pública a los indocumentados.

Clinton advirtió que vetaría cualquier medida que contemplara el tema de la educación, mientras el candidato republicano a la presidencia, Bob Dole, apoyaba esa iniciativa. Finalmente, el martes un comité bicameral encargado de redactar la versión final de la iniciativa de ley aceptó retirar del proyecto más grande el artículo referido a la educación, que este miércoles votó por separado la Cámara de Representantes.

No obstante, el presidente no ha expresado si aprobará o no el proyecto final, y un vocero de la Casa Blanca informó que el mandatario analiza con los miembros del Congreso la posibilidad de insistir en el cumplimiento de normas que impiden la contratación de extranjeros indocumentados, mientras el líder de la minoría en el Senado, Tom Daschle, insinuó que su bancada podría aplicar tácticas dilatorias en la Cámara alta.

Las medidas

El proyecto de ley sobre inmigración duplicaría el tamaño de la Patrulla Fronteriza y agregaría 5 mil agentes y mil 500 investigadores para ubicar a quienes permanezcan más allá del plazo que les permita su visa. Autorizaría la construcción de nuevas vallas a lo largo de la frontera con México y cerca de la ciudad San Diego; permitiría a las policías locales y otros agentes del orden detener extranjeros indocumentados e incrementa las penas por contrabando de indocumentados y falsificaciones de documentos.

Además, aumenta el ingreso mínimo que los residentes de Estados Unidos deben ganar antes de que puedan auspiciar a familiares extranjeros para su ingreso al país, crearía proyectos piloto para que los empleadores verifiquen la situación migratoria de sus trabajadores. Al igual que la recién aprobada ley de reforma al sistema de bienestar público (welfare), la iniciativa propone restringir los beneficios públicos para los indocumentados y los inmigrantes legales que reciban pagos por welfare, incluyendo la ayuda que se otorga a enfermos de sida, durante 12 meses en los primeros siete años en Estados Unidos, serían deportados.

En cuanto a la iniciativa para permitir a los estados negar educación pública a los hijos de indocumentados, la medida fue suavizada para no afectar a los niños que ya están en las escuelas y prevé que los estados podrán cobrar tarifas a los niños que quieran pasar de primaria a secundaria y que deseen cambiarse a una escuela en otro distrito. La ley necesitaría ser sometida a votación nuevamente para que continúe vigente después de dos años.

El debate

Durante el debate de las dos medidas, algunos demócratas criticaron severamente el contenido de las iniciativas: ``Este proyecto es algo realmente estúpido'', afirmó la demócrata Sheila Jackson-Lee al referirse al tema de la educación.

``Cada tres años --se defendió Lamar Smith, republicano por Texas-- de ingresos clandestinos al país de indocumentados se puede poblar una ciudad del tamaño de Boston o Dallas o San Francisco. Los salones de clases se congestionan, los pagos de bienestar público se disparan, la tasa de criminalidad crece y crece''.

Para Smith, autor de la medida, ``este proyecto protege las fronteras de Estados Unidos, castiga a los contrabandistas de indocumentados, acelera la remoción de extranjeros criminales e ilegales, impide que los extranjeros indocumentados le quiten empleos a estadunidenses y pone fin al abuso del welfare por parte de los extranjeros''.

Los demócratas, encabezados por el senador Edward Kennedy, denunciaron el proyecto por considerarlo demasiado severo con los inmigrantes legales o demasiado blando con los empresarios que emplean, sabiéndolo, indocumentados. Sostuvieron que los legisladores republicanos tratan de granjearse el apoyo de los electores fomentando sentimientos contra los inmigrantes cuando faltan semanas para la elección y de excluir a los demócratas de la negociación para consensar la versión final.

``El caso es que con este proyecto se engaña al pueblo estadunidense para que éste crea que se han de tomar nuevos pasos importantes'', alegó Howard Berman, demócrata por California.

La minoría demócrata también señaló que la iniciativa exige que aquellos estadunidenses que deseen llevar a un familiar al país deberán cumplir con niveles financieros fuera del alcance de aquéllos con menores ingresos, y que elimina salvaguardas contra la discriminación laboral, además de que no establece sanciones contra los empleadores que contraten indocumentados.

La medida ``da la espalda a 30 años de política a favor de los derechos civiles... arruina la tradición estadunidense de equidad ante los refugiados y endurece más los efectos de la ley de reforma al welfare'', estimó Judy Marc, vocera del Foro Nacional sobre la Inmigración.

Algunos otros críticos indicaron que el proyecto republicano castigará a los inmigrantes en situación regular, es decir a unos 10 millones de personas.