Algunos periodistas se extrañaron de que la conmemoración de la tragedia causada por los sismos del 19 de septiembre de 1985 se convirtiera en protesta contra la política económica y social neoliberal del PRI-gobierno; nosotros no. La magnitud del desastre de hace once años no se debió sólo a las fuerzas naturales; mucha destrucción y muerte se produjo por la mala situación estructural y la falta de mantenimiento de los inmuebles, la negligencia o corrupción de constructores y propietarios, la inadecuada reglamentación de construcción y su laxa aplicación por los funcionarios, el hacinamiento en la vivienda, las inhumanas condiciones laborales y de inseguridad en las maquiladoras, la dudosa situación de salud de los pobladores pobres, la ausencia de políticas estatales de protección civil, la poca información y formación de la población para prevención y respuesta ante desastres; es decir, a efectos de la situación económica, política y social, entonces agudizada por la crisis de 1982.

Hoy, luego de 14 años de crisis económica constante, aplicación de una política socioeconómica neoliberal salvaje y agravamiento de la cuestión social, la vulnerabilidad urbana ante macroemergencias naturales y socio-organizativas ha aumentado notoriamente en las áreas de vivienda popular, antiguas y nuevas, y en muchos lugares de trabajo y servicios, a pesar de los avances legislativos y organizativos en protección civil. Hoy, la capital es más vulnerable que en 1985 a un sismo de igual o mayor magnitud, que puede ocurrir en cualquier momento, dada su ubicación en una zona de alta sismicidad y a que sigue creciendo y densificándose al nororiente, al sur y suroriente, sobre terrenos blandos que amplifican los impactos destructivos.

El neoliberalismo ha agravado diversas causas de vulnerabilidad urbana. El empobrecimiento generalizado de la población, producido por el creciente desempleo y la caída del salario real, ha empeorado las condiciones en que se construyen las viviendas y lugares de trabajo del sector popular, e impedido el reforzamiento y mantenimiento de los antiguos edificios. El desplazamiento de la acción pública hacia la privada en infraestructura, vivienda y servicios, encarece sus productos, elimina los subsidios y excluye a sectores crecientes del acceso a la construcción profesional sustentable.

El desmantelamiento de la política pública en lo infraestructural y lo social, y su sometimiento al ``libre'' mercado y a la ganancia privada, minimiza la capacidad del Estado para regular la construcción y reconstrucción de lo urbano, en términos de reducción de la vulnerabilidad y prevención de desastres y la de los sectores mayoritarios para enfrentarlos. La protección civil es un asunto público y colectivo que entra en contradicción con la práctica de privatización ciega que domina al proyecto neoliberal. El individualismo, propio de la ideología neoliberal, va en contra de la solidaridad social verdadera (no su caricatura salinista), indispensable para prevenir los desastres y organizar la respuesta cuando ellos ocurren. El autoritarismo estatal y la desconfianza hacia la organización independiente de los ciudadanos, que acompañan a la crisis del régimen político de partido de Estado y al fracaso de la política neoliberal, son contrarios a una protección civil adecuada.

Por ello, los damnificados de siempre y las organizaciones sociales realizaron un acto de protesta contra la política que genera más vulnerabilidad y presagia más damnificados en un futuro desastre, que no queremos pero que puede ocurrir.