La oposición del PRI no frena por sí sola la venta de las plantas petroquímicas, pero la militancia partidista del presidente Ernesto Zedillo complica los planes de privatización del gobierno. Al ratificar su lealtad priísta, el presidente Zedillo, como cualquier otro miembro del partido, quedó comprometido con los acuerdos a los que llegó la 17 Asamblea Nacional. En ella los delegados del PRI acordaron defender ``el petróleo y todos los hidrocarburos'', y se opusieron abrumadoramente a la privatización de la petroquímica.

La declaración del PRI se encuentra en contradicción con las intenciones del gobierno. El proyecto de restructurar Pemex proviene de por lo menos el sexenio anterior, pero los compromisos que adquirió el presidente Zedillo con el Departamento del Tesoro estadunidense al recibir el paquete de asistencia financiera internacional aceleraron el proceso de ``desincorporación'' de la industria petroquímica. Por eso, aún después de conocerse los acuerdos de la asamblea priísta, el subsecretario de Energía, Jorge Eduardo Navarrete, insiste en que ``el proyecto sigue en marcha''.

Las presiones externas para que se realice la venta de las plantas petroquímicas tampoco han cedido. El embajador James Jones aclaró que la suspensión del proceso de privatización causaría preocupación entre los empresarios, y sentenció que, dado el caso, el país se arriesgaría a perder inversión. Los inversionistas le otorgan un valor tanto estratégico como simbólico a la privatización de la petroquímica, pues para ellos lo que está en juego es el modelo económico mismo. Según el representante en México de la firma J. P. Morgan, ``sería muy peligroso que (el gobierno) desviara su reforma estructural y detuviera la privatización de empresas''.

De hecho, la preocupación entre banqueros e inversionistas surgió desde que la privatización de las plantas petroquímicas enfrentó sus primeros problemas. Actualmente el proceso de venta se ha postergado, incluso a pesar de que el gobierno ha podido soslayar hasta ahora la enorme oposición que existe en el país en contra de la venta de la industria. En su versión oficial, las autoridades han aducido que el retraso se debe a una serie de obstáculos jurídicos ``inesperados'' que encontraron en su camino. Mientras tanto, la Secretaría de Energía continúa estudiando diversas fórmulas políticas y legislativas que le permitan llevar adelante el proceso de privatización, ``aunque sea en 1997 o 1998''.

Cualquier esquema jurídico-administrativo que el gobierno idee para darle la vuelta a los obstáculos existentes requiere de una mayoría favorable a la privatización en el Congreso. El apoyo de los legisladores tendría que ser todavía más numeroso y convencido si el plan gubernamental llegara a involucrar nuevos cambios en la Constitución para así abrir definitivamente la industria petroquímica a la inversión privada. Pero el acuerdo de la 17 asamblea del PRI en defensa de ``el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos como propiedad de la nación'' pone en riesgo el voto disciplinado de los priístas en la próxima Legislatura.

Sin embargo, el gobierno nunca ha carecido de recursos con que inducir una votación a favor de las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso, incluso frente a la reticencia de los representantes del PRI. La oposición de un sector priísta a la venta de las plantas petroquímicas precede a la asamblea del partido y, de hecho, es bien conocida desde hace tiempo por parte de las autoridades. En realidad, lo que piensan los priístas nunca había sido considerado como un obstáculo serio a la privatización de la industria petroquímica, pero ahora que Ernesto Zedillo ha enfatizado los vínculos que mantiene con el PRI, el gobierno enfrenta un conflicto de intereses.

Al ratificar su propia militancia partidista durante la 17 asamblea, el presidente Zedillo asumió como propios los acuerdos a los que llegó el máximo órgano del PRI. Y al hacerse acompañar al acto por funcionarios de su gobierno, el Presidente hizo extensivo su compromiso a los miembros priístas de su gabinete. Uno de los que asistieron fue Jesús Reyes Heroles que, en su calidad de secretario de Energía, es formalmente el encargado de llevar adelante la venta de las plantas petroquímicas. Como ex presidente de la Comisión Nacional de Ideología del PRI, a Reyes Heroles no se le puede escapar la importancia del acuerdo al que llegó su partido en contra de la privatización y tendrá que actuar en consecuencia. El PRI se opone a la venta de las plantas petroquímicas, y el gobierno se reconoció priísta: éste es su dilema.