Dar trabajo a reos en penales ayuda a su reinserción social: senadores

Ismael Romero La prisión no es ni puede ser un castigo sin sentido, y con ese propósito y ante el hecho de que los centros penitenciarios del país se han convertido en ``verdaderas escuelas del crimen'', senadores del PRI presentaron ayer una iniciativa de Código Federal de Ejecuciones de Sentencias, que propone, en lugar de la ``readaptación'', la ``reinserción'' de los sentenciados a la sociedad, a través de la educación, el trabajo y el tratamiento científico personalizado.

La iniciativa, presentada en tribuna por el senador por Baja California, Amador Rodríguez Lozano, plantea terminar con el régimen de ``autogobierno'' y la intervención de internos en funciones administrativas, así como prohibir el uso de dinero corriente o el intercambio de objetos de valor dentro de las cárceles, para erradicar todo acto de corrupción. En este sentido, se propone, para cualquier transacción en el interior de un penal, la utilización de una tarjeta de débito, para cada reo.

Rodríguez Lozano expuso que el proyecto priísta prevé la creación de un órgano de ejecución de sentencias, que se denominará Comisión de Ejecución de Sentencias de Penas Privativas de Libertad y Medidas de Seguridad.

Dicha comisión, explicó, sería un órgano colegiado de la Secretaría de Gobernación, que estará integrado por un representante de la Subsecretaría de Protección Civil, de Prevención y Readaptación Social, un representante de la Contraloría Interna, un representante de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y un representante de la Dirección de Ejecución de Sentencias, quien se ocupará de la Secretaría Técnica.

La iniciativa, dijo, establece también la necesidad de crear un Instituto Nacional de Capacitación Penitenciaria que profesionalice esta rama del servicio público y haga obligatorio que el personal responsable de dirigir una institución de reclusión sea un profesionista calificado.

El nuevo código propuesto por los legisladores del PRI contiene 161 artículos, divididos en los siguientes títulos: Disposiciones preliminares; De los convenios de coordinación; De los establecimientos; De las autoridades; De los internos; Del régimen interior; Del tratamiento para reinserción social; De la ejecución de sentencias; De las externaciones anticipadas; De la asistencia al liberado.

Patronatos pro liberados

En este último, se propone que en cada entidad federativa se promueva la creación de un Patronato en Favor de Liberados, que tendrá a su cargo prestar asistencia moral y material a los excarcelados, tanto por cumplimiento de sentencias, como por libertad provisional, condena condicional, libertad preparatoria o remisión parcial de la pena.

De aprobarse la iniciativa, se constituirá una Consejo de Patronatos, que se compondrá con representantes gubernamentales, de los sectores de empleados y de trabajadores de la localidad y con representantes de los colegios de abogados y de la prensa local.

En la presentación del proyecto, Rodríguez Lozano dijo que el mismo pretende dar solución a tres factores que han influido en la crisis que enfrenta el sistema de reinserción social mexicano: la sobrepoblación penitenciaria, la falta de un adecuado marco legal que encauce la política de reinserción social y un financiamiento oportuno para las actividades penitenciarias.

Con este último propósito, indicó, la iniciativa considera favorecer la creación de empresas productivas, vinculadas a las economías locales, y convertir el trabajo en ``un verdadero instrumento de transformación del interno''. De este modo, al trabajo penitenciario se le incorporarán una serie de características: remuneración adecuada, condiciones de seguridad e higiene previstas para el trabajo ordinario y la inscripción de los internos en el sistema de seguridad social.

Al obtener un ingreso, señaló, el reo contribuirá, con el 50 por ciento del mismo, al sostenimiento de la prisión. El resto se le abonará a una cuenta personal.

Rodríguez Lozano destacó que la iniciativa constituye un ``verdadero esfuerzo de concertación y colaboración'', y que el contenido de la misma puede dividirse en dos grandes apartados: el régimen de prisiones y las disposiciones procedimentales de ejecución de penas privativas de la libertad.

En la primera parte, dijo, se establecen normas para que los derechos humanos de los encarcelados sean respetados. Se prohíben sanciones inhumanas o degradantes y castigos consistentes en torturas o tratamientos crueles, así como la existencia de los pabellones o sectores de distinción.

Reducir gestión en la Corte

Por otro lado, senadores panistas de la Comisión de Justicia presentaron otra iniciativa de reformas a los artículos 97, 100 y 101 de la Constitución, entre otros propósitos, para reducir el periodo de gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cuatro a dos años; dejar sin efecto la definitividad e inacatabilidad de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, y determinar que sea la SCJN la instancia encargada de aprobar el presupuesto elaborado por el Consejo para el resto del Poder Judicial.

Natividad Jiménez Moreno, encargado de presentar la iniciativa, expuso que ésta plantea la disminución de cinco a dos años del tiempo de gestión de los consejeros de la Judicatura Federal, y la rebaja del impedimento para que los ministros de la SCJN, magistrados de circuito, jueces de distrito y consejeros puedan actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso que se promueva ante los órganos del Poder Judicial.