Perdidos, 1,344 mdd de la venta de Telmex

Roberto Garduño y Oscar Camacho Más de 500 auditorías practicadas a la Cuenta Pública de 1994 revelan que ese año, de elecciones federales en el país, el gobierno de la República incurrió en 3 mil 89 irregularidades y desviaciones en el manejo del Presupuesto de Egresos de la Federación --sólo en el rubro de Obra Pública causantes de un daño al erario de la nación por 400 millones de pesos-- y que desde 1992 no se ha registrado el ingreso a las arcas públicas de la nación, de mil 344 millones de dólares por la venta de Teléfonos de México.

Asimismo, el informe presentado por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, da cuenta de que en Pronasol y Procampo hubo anomalías en el manejo presupuestal por un monto superior a los 18 millones de pesos, y se advierte que uno de los ramos más amplios del presupuesto, el Ramo 25 --correspondiente a los recursos que la Federación transfiere a los estados para atender el servicio del Sistema de Educación Básica-- no pudo ser auditado por no haber recibido la información de la dependencia responsable.

Las 3 mil 89 irregularidades detectadas en la Cuenta Pública de 1994 representan casi tres veces más de las que fueron descubiertas en la Cuenta Pública de 1993, en tanto que los 400 millones de daño al erario público que se registra sólo en Obra Pública en 1994, superan en 60 millones de pesos al monto global, del daño al erario público, que se registró en 1993.

Asimismo, los mil 344 millones de dólares que desde 1992 se encuentran ``desaparecidos'' de los registros públicos, representan casi una cuarta parte de los seis mil millones de dólares que se pagaron por los cuatro paquetes accionarios de Telmex.

De acuerdo con el informe, esa cantidad debió ingresarse al Fondo de Contingencia, pero los reportes de Hacienda indican que ello no sucedió así porque se utilizaron para comprar de inmediato deuda pública externa. Empero, los mismos informes hacendarios no dan cuenta de la operación financiera de la que formaron parte dichos recursos.

``Ese dinero está desaparecido, pues no hay respaldo de su uso y por lo tanto, hasta el momento nadie sabe qué pasó con esa suma, por lo que las autoridades deben aclarar este asunto'', indicó el diputado del PAN y secretario de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, Salvador Beltrán del Río.

El reporte sobre Telmex, a la letra, señala: ``Se detectó que mil 344.8 millones de dólares provenientes de la venta del segundo paquete accionario de Telmex, no habían sido registrados en el estado de origen y aplicación de recursos de la Tesorería de la Federación, ni en la Cuenta Pública correspondiente a 1992, pese a que fueron mencionados en esta última y a la fecha no se han dado las rectificaciones procedentes''.

Los resultados de la Revisión de la Cuenta Pública de 1994 están contenidos en 10 volúmenes de 7 mil cuartillas, cuya síntesis esta plasmada en un Informe Ejecutivo de 245 páginas, la cual fue dada a conocer ayer por el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, el panista Juan Antonio García Villa.

Al hacer público el documento, García Villa explicó que en total se realizaron 552 auditorías de distintas naturaleza a las cuentas públicas de 1994, y que el universo del gasto público auditado constituye sólo 8 ó 9 por ciento de los 325 mil millones de pesos de que constó el Presupuesto de Egresos de la Federación en 1994.

A pregunta de un reportero, Juan Antonio García Villa hizo un balance de los resultados encontrados en las auditorías, y dijo que si bien durante 1994 hubo ``un manejo equilibrado'' de las finanzas públicas, pues no hubo ni déficit ni superávit, ello no implica que el manejo presupuestal hubiera sido limpio.

Así como hubo una ``manejo equilibrado'' de las finanzas públicas, García Villa apuntó que también ``se detectaron 3 mil 89 irregularidades de todo tipo: insuficiencias, deficiencias y desviaciones. En fin, irregularidades de distinta naturaleza y magnitud'', aseveró.

En el documento, y en el capítulo de Auditorías Financieras, la revisión de la Cuenta Pública señala que la SEP --que en 1994 estuvo a cargo de Fernando Solana y José Angel Pescador Osuna-- hubo omisiones y deficiencias administrativas en operaciones consolidadas de materiales y suministros y muebles, así como en contratación de servicios, lo mismo que inconsistencias en la documentación presentada por los proveedores.

De igual forma, se indica que en el Ramo 25 --Aportaciones para el Sistema de Educación Básica-- se detectaron ausencia de mecanismos de evaluación y seguimiento de los recursos que se transfieren a las entidades federativas. Es decir, que la SEP los da como ejercidos cuando entrega las ministraciones y ya no ejerce acciones para verificar su correcta aplicación.

En términos generales, las anomalías detectadas en las secretarías de Estado y organismos descentralizados, así como en el Departamento del Distrito Federal se concentran básicamente en los rubros de compras y relaciones con los proveedores, así como la no aplicación de normas para licitaciones.

Otro aspecto recurrente es el de pagos por conceptos de asesorías o servicios personales no justificados o autorizados, lo mismo que en el rubro de adquisiciones.

Las dependencias que se señalan son SEP, IPN, SCT, Salud, Comercio, Gobernación, Relaciones Exteriores, Energía, Hacienda, Agricultura, Desarrollo Social, Reforma Agraria, IFE y PGR, así como prácticamente todos los organismos del sector paraestatal, en donde se reportan anomalías desde ausencias de controles administrativos, gastos no justificados y sin soporte documental, así como adquisiciones de bienes sin evidencia de recepción.

Destaca el caso de Conasupo, en donde se reportan faltas de análisis para aclarar saldos de cuentas de mercancías en tránsito, así como la compra de 274.7 toneladas métricas de leche en polvo contaminadas, en lugar de haber ejercido la carta de crédito que como garantía otorgó el proveedor.

En el IMSS se reportan deficiencias consistentes en sobreinventarios, adquisiciones no justificadas, retrasos en el surtimiento de medicamentos y en el reingreso de las pensiones no reclamadas, así como órdenes de pago sin autorizar, lo mismo que gastos sin soporte documental.

Del Fovisste se reporta, entre otros aspectos, que dispuso de 16.6 millones de pesos sin justificación y aplicaciones irregulares por mil 797 millones, afectando el patrimonio del Instituto.

En los recursos entregados al ISSSTE por Pronasol se detectaron falta de identificación y registro contable y presupuestal de recursos por cerca de 4 millones de pesos, falta de medidas de control y seguimiento para la recepción y registro de recursos provenientes de Pronasol, así como carencia de control físico-financiero del ejercicio del gasto