Inhabilitados hasta por 20 años, siete ex altos directivos de Ruta 100

La Contraloría General del Departamento del Distrito Federal informó anoche que concluyó la auditoría practicada al desaparecido organismo de transporte Ruta-100, con los siguientes resultados: siete altos ex directivos de esa empresa fueron sancionados con inhabilitaciones hasta por 20 años, que es la pena administrativa más severa que se puede aplicar, y se turnaron expedientes a la Secodam para que imponga sanciones económicas de acuerdo con el monto de la afectación.

El ex administrador general, Hugo Armando Pérez Aguilar, fue inhabilitado por 17 años; el ex director de Abastecimientos, Elbar Castillo Sosa, fue inahbilitado por 20 años; el ex director técnico, Leopoldo López Rivera, inhabilitado por 20 años; el ex director de Administración, Angel Espinosa Lescar, inhabilitado por tres años; el ex gerente de Adquisiciones, inhabilitado por 20 años; Jorge Sáenz Fucugauchi, ex gerente de Mantenimiento y Reconstrucción, inhabilitado por 15 años, y el ex gerente de Servicios de Apoyo, inhabilitado por 10 años.

Señala el comunicado que del análisis de los documentos reveló un alto índice de deficiencias y de irregularidades en el manejo de los recursos, ya que el 83 por ciento de las observaciones fincadas así lo demostró.

En el rubro de recursos materiales se detectó formalización de contratos, pedidos y ordenes de trabajo a empresas en las que participaba como socio un funcionario del organismo; compras de bienes con sobreprecios, adquisición de maquinaria y equipo, sin que se contara con la infraestructura necesaria para su operación.

También se detectó manipulación de los procesos de licitación para la adquisición de equipos no considerados en las bases del concurso; simulación del procedimiento de adquisiciones al detectarse facturación de proveedores, previa a la entrega de los bienes adquiridos, y se detectaron severas deficiencias en los procesos de planeación, coordinación y control de adquisiciones entre las oficinas centrales y módulos, lo que provocaba movimientos indiscriminados de entradas y salidas de almacenes.

En recursos humanos se encontraron pagos fuera de normatividad por sueldos no devengados, pagos de viáticos, sin la debida justificación, otorgamiento indebido de licencias y de permisos con goce de sueldo.

En recursos financieros falta soporte documental por gastos a reserva de comprobar, comprobaciones extemporáneas e irregulares por pagos de servicio ajenos a la operación de la empresa; formalización de compromisos sin contar con la autorización presupuestal correspondiente y desvío de recursos presupuestales.

Otras irregularidades son: deficiencias administrativas como incumplimientos diversos a la normatividad establecida, errores omisiones y atrasos en los registros contables y presupuestales, falta de conciliaciones e inconsistencias en la afectación de dichos registros

Asimismo, inexactiud de saldos y falta de oportunidad en la información necesaria para la toma de decisiones, lo que motivó que la operación de la empresa se viera fuertemente impactada por la falta de supervisión y dirección administrativa, lo que provocó déficit recurrente y acumulado, tendencias irreversibles, incosteables e insostenibles que motivaron la declaratoria de quiebra.

A través de un comunicado de prensa emitido después de las 21:30, el DDF informó de los resultados de la auditoría practicada al desaparecido organismo de transporte. Señala que además de las sanciones aplicadas al personal directivo se impusieron otras a personal de niveles inferiores, que van desde amostenaciones privadas, públicas y suspensiones, incluidas inhabilitaciones.

También, cita el comunicado nocturno, se impusieron sanciones a los ex servidores públicos responsables, sanciones ecnómicas derivadas del daño que sufrió la hacienda pública del DDF.

De entre esos, casos, asegura, se están turnando a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo aquellos expedientes que por su elevado monto corresponde analizar a dicha dependencia, a efecto de determinar la posible imposición de sanciones adicionales de carácter económico. La Contraloría del DDF apunta que los trabajos de la auditoría se vieron entorpecidos y limitados.