Otra vez la sociedad tiene la palabra. El gobierno del doctor Zedillo, lejos de sus principales promesas de campaña: conseguir la paz y alcanzar el bienestar para la familia, está llevando al país, debido a sus dogmas ideológicos y a su terco empeño en políticas muy lejanas de los intereses populares, a una situación en la cual la violencia en sus diversas formas se extiende peligrosamente por todas partes, y los niveles de vida de la mayoría de las familias mexicanas continúan descendiendo en una pendiente que parece no tener fin.

El gobierno heredó el conflicto armado peculiar iniciado el 1o. de enero de 1994, el que pese a la flexibilidad del EZLN no ha sabido, no ha podido, no quiere o no puede resolverlo; se niega a atender las demandas del zapatismo, realizar reformas consistentes y convincentes de democracia y justicia social o al menos mostrar voluntad verdadera para buscar caminos para llegar a esas reformas; no está dispuesto tampoco a rectificar su estrategia económica, aunque esa terquedad cause atroces sacrificios a la población trabajadora y sus familias.

Actualmente las negociaciones en San Andrés Sacamch'en están suspendidas por decisión de los zapatistas quienes, con sobradas razones, demandan otro formato de las mismas, voluntad verdadera del gobierno para llegar a una paz con dignidad, aflojamiento de las presiones del Ejército sobre sus posiciones y el cese de la acción de los grupos paramilitares en Chiapas. El endurecimiento de las posiciones gubernamentales tras la aparición del EPR son también señales negativas para el EZLN.

Hoy, además del conflicto en Chiapas está en la escena nacional el grupo guerrillero EPR, que reivindica cambios políticos y económicos. Ante la aparición de éste, el gobierno no hizo ni la más mínima reflexión política para explicar las causas políticas y sociales de su nacimiento; sólo produjo enfoques policiacos: lo califica de grupo terrorista y decidide utilizar --``sin clemencia'', dice Chuayfett-- toda la fuerza del Estado para acabarlo. Unas cuantas semanas después, esa fuerza del Estado se manifiesta no como la acción legal y legítima para enfrentar a quienes desafían al gobierno, sino como una variante de guerra sucia de la peor especie. Ejemplifican lo anterior la persecución y aprehensión de dirigentes sociales, secuestros, torturas, actos de provocación, amenazas; el secuestro e interrogatorio del periodista Razhi González en Oaxaca, los amagos a periodistas que han informado de acciones del EPR o han acudido a entrevistas de prensa; las amenazas a candidatos del PRD en Guerrero y la creación de un clima de intimidación en esos estados.

Pueden aparecer pronto --si la sociedad, sus sectores más lúcidos y sensatos no lo impiden-- las nuevas versiones de la Brigada Blanca que en 1968 llevó a cabo un acto de terrorismo de Estado y en los años posteriores acciones criminales de las que nunca se rindieron cuentas. Por ese camino estaríamos en el grave riesgo de la violencia generalizada que llevaría al país al abismo.

En estas circunstancias adquiere gran importancia el llamamiento ``Por la paz, el diálogo nacional, hacia el fortalecimiento de las vías políticas y de negociación'' firmado por cientos de organizaciones civiles y personas. Recibido con esperanza por franjas amplias de la sociedad, provocó enorme disgusto oficial pues irritan las iniciativas de la sociedad al margen del gobierno y los partidos representados en el Congreso de la Unión. La actividad política, sin embargo, hace años rebasa largamente esos marcos.

El llamamiento firmado no sólo por integrantes de la Conai --quienes lo hacen a título personal--, sino por 523 organizaciones y personas, es una convocatoria abierta a todos los protagonistas políticos, sin exclusiones, para dialogar sobre la situación crítica actual y encontrar las vías de su superación. No pretende, como dolosamente lo sugiere la Secretaría de Gobernación en su desplegado del pasado jueves, sustituir a la mesa de San Andrés, pero entiende que ésta ya es insuficiente para discutir los problemas de la paz en el país y conjurar los riesgos de que la violencia se generalice. Por ello, el llamamiento es incluyente, abarca lo mismo a los Poderes de la Unión, que a los partidos y organizaciones sociales y a los grupos armados: al EPR lo llama a explorar los caminos pacíficos y al EZLN a seguir escuchando la voz de la sociedad, aunque ésta se ha debilitado mucho en los últimos meses.

El llamamiento significa que los problemas de la paz, la democracia, la libertad y la justicia social no son asunto exclusivo del gobierno; es más, éste no puede resolverlos al margen de la sociedad. El llamamiento merece y debe ser apoyado.