Explicación infantil: diputados; exigen que se aporten documentos Llamar a declarar a CSG, ante el cúmulo de anomalías, pide el PRD

En el caso Teléfonos de México, de cuya venta se reportan ahora mil 344 millones de dólares perdidos, no se debe adelantar vísperas, ya que las dependencias de gobierno involucradas tienen un plazo de 45 días para responder a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre presuntas irregularidades en la desincorporación de esa empresa, declaró el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Carlos Ruiz Sacristán.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, el priísta Mauricio Valdés, dijo que se trata de mucho dinero como para estar perdido: ``Debe estar en la cuenta de alguien'', malició.

Valdés afirmó que existen irregularidades en las cuentas nacionales, y que si hay delito que perseguir las autoridades correspondientes deben tomar parte.

En este contexto, aseguró ver con simpatía una reciente iniciativa de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) para que la Cámara alta adquiera facultades, junto con la de Diputados, para la revisión de la cuenta pública.

Acerca de la creación de una comisión que investigue el proceso de desincorporación de entidades paraestatales en el pasado sexenio, Valdés se mostró escéptico, pues dijo que podría repetirse lo que ocurrió recientemente con una comisión (la Conasupo), cuyos personajes sólo se expusieron a concluir el trabajo sin resultados.

A su vez, el secretario general del CEN del PRD, Jesús Ortega, afirmó que después de las irregularidades detectadas por la Contaduría Mayor de Hacienda durante el ejercicio 1994, existen los elementos suficientes para que el procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia llame a declarar al ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

En entrevista, Ortega recordó que en su momento diputados de su partido interpusieron una demanda ante la Procuraduría General de la República en contra de funcionarios del régimen de Carlos Salinas de Gortari, por la venta de Teléfonos de México. El PRD, dijo, no sólo denunció la venta ilegal de dicha paraestatal, sino que también señaló que los recursos obtenidos por su venta ``fueron utilizados de manera ilegal y corrupta''.

Ojalá, añadió, que el procurador general de la República ``ahora sí haga caso y se decida a hacer la investigación sobre la venta de paraestatales, y particularmente de Teléfonos de México, ya que hay evidencias, según la Comisión de la Contaduría Mayor de Hacienda, de la ilegalidad de esa operación.

Insistió en que su partido ha acusado en varias ocasiones a Salinas por diversos delitos en contra del patrimonio nacional, por enriquecimiento ilícito y otros, por lo que existen elementos suficientes para que la PGR ``por fin'' se decidiera a llamar a comparecer al ex presidente, no sólo para que aporte datos y contribuya al esclarecimiento del asesinato de Luis Donaldo Colosio, sino ``como sujeto de la venta ilegal de la riqueza nacional''.

Adelantó que la fracción parlamentaria del PRD considera que si, del análisis que haga el pleno de la Cámara de Diputados del informe de la Comisión de la Contaduría Mayor de Hacienda, hay delitos que perseguir, entonces solicitará a la citada comisión que recurra a las autoridades judiciales para castigar las irregularidades.

``Sería bueno --concluyó-- que la Contaduría Mayor de Hacienda reactive las denuncias que hay en contra de Salinas de Gortari, dado que hay evidencias muy claras de manejo irregular de los recursos públicos'' en la cuenta pública de 1994.

Entrevistado en el Senado, después de comparecer con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente Ernesto Zedillo, Carlos Ruiz Sacristán dijo que será la Secretaría de Hacienda, y no la de Comunicaciones, la que tome cartas en el asunto, en caso de que se tengan que fincar responsabilidades.

Durante la sesión, el senador perredista Héctor Sánchez preguntó sobre los actos de corrupción en la venta de Teléfonos de México, y de los que hoy se sabe tras la desaparición de mil 300 millones de dólares.

``¿Están en alguna cuenta secreta que nadie puede auditar? ¿Están en la cuenta de algún funcionario, en Suiza o en Estados Unidos?'', preguntó.

La respuesta del funcionario fue en el sentido de que las privatizaciones se dan para no distraer al Estado de actividades de servicios. (Víctor Cardoso, Ismael Romero y Jesús Aranda)