Uno de los más importantes patrimonios con que cuenta una nación lo constituye su infancia. En los niños descansa, en buena medida, la esperanza en la construcción de un mundo mejor, más justo y democrático.

Las acciones que se emprendan en su favor en todos los órdenes abonan a sembrar en el presente las bases de un mejor futuro. Al respecto sobresalen dos hechos, recientemente ocurridos, que plantean las posibilidades y los obstáculos que enfrentamos en México para proteger y dignificar a la infancia.

El pasado 26 de septiembre, se instaló en la Cámara de Senadores de nuestro país una Comisión de Protección a los Derechos del Niño. Esta instancia legislativa adoptó como uno de sus principales compromisos la elaboración de una iniciativa de ley que proteja a los niños. Dicha ley deberá estar aprobada a más tardar el 30 de abril de 1997 y deberá servir como base a la promoción de enmiendas similares en las legislaciones de las entidades federativas del país.

Como antecedente inmediato de este esfuerzo, en 1990 el Congreso de la Unión de nuestro país ratificó la suscripción de un documento titulado Convención sobre los Derechos de los Niños, el cual a propuesta de Unicef establece que los derechos de la infancia a nivel mundial son:

El respeto a su integridad física, el derecho a una alimentación adecuada, y a un vestido y hábitat dignos, el derecho a la educación y la recreación, el derecho a una familia y protección afectiva, y la excención del trabajo hasta los 14 años de edad.

Por lo tanto, las instituciones educativas --tanto particulares como del Estado--, las instituciones de salud, los organismos encargados del deporte y la recreación, entre otras instancias relacionadas con la infancia, tienen el compromiso moral de dar cumplimiento a esta resolución.

Ello implica que a pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa México, debe prevalecer la conciencia y la voluntad para que las tareas de atención a la niñez no sean temporales ni desconectadas unas de otras, sino que asuman un carácter integral, a través de estudios jurídicos en materia de reconocimiento y protección de los derechos de los niños a fin de perfeccionar la legislación al respecto, de medidas preventivas para que sus derechos no sean violados, de acciones correctivas para que los niños, particularmente los que viven en condiciones de pobreza y marginación, puedan acceder a los satisfactores materiales y culturales y a la protección y seguridad que dignifiquen su infancia y les permitan que, mañana, como adultos puedan enfrentar con más capacidades y con mayores oportunidades los retos por venir.

De manera contrastante, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en días recientes un proyecto de ley sobre inmigración --el más severo en los últimos 50 años-- el cual otorga a los condados norteamericanos el derecho a negar la educación primaria a los hijos de migrantes indocumentados, entre otras medidas que dañarán incluso a los residentes legales de origen hispánico.

Bajo las presiones de un clima preelectoral, fracciones conservadoras en el Congreso de Estados Unidos instrumentan una campaña en contra de los inmigrantes --principalmente latinos--, pretendiendo con fines políticos tratarlos como seres humanos de segunda, lo que lesionará las condiciones de vida y la dignidad de un importante porcentaje de niños.

Cabe mencionar que es la primera vez en la historia de Estados Unidos que el poder Legislativo pretende frenar la migración de indocumentados a través de negar derechos y atención a los hijos de éstos.

Retomando la iniciativa aprobada en la Cámara de Senadores, debe ampliarse y profundizarse la protección de los derechos de los niños mexicanos, no solamente en nuestras fronteras, sino también cuando se encuentren en el extranjero. Se trata de nuestros hijos, de nuestro presente, de nuestro futuro.