En efecto, la determinación del gobierno federal de seguir adelante con la venta de la industria petroquímica secundaria revela los compromisos adquiridos por la administración del presidente Ernesto Zedillo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como indica la información de Roberto González publicada en La Jornada.

También es cierto que desde 1983 han crecido las presiones externas en favor de la privatización, sobre todo del gobierno estadunidense y del Fondo Monetario Internacional, según la investigación de José Luis Manzo Yépez, Rosa Albina Garavito Elías y Yolanda Tovar Nieves, denominada Razones para no vender la petroquímica.

Explican que estas presiones se ocultan y disfrazan con la tesis relativa a que el Estado no sirve para administrar con eficiencia empresas productivas y que, por lo tanto, debe transferirlas a los inversionistas privados, que sí garantizan su manejo adecuado.

Asimismo, subrayan que la experiencia reciente de México demuestra que la desincorporación de empresas públicas no es el camino para elevar su eficiencia y productividad. ``Las privatizaciones del salinato -bancos, Telmex, carreteras- arrojan resultados contrarios a los que pregonó el gobierno, pues además de que no se mejoró la eficiencia, los servicios ahora son más caros''.

Por si esto fuera poco, los investigadores señalan que cuando los negocios le salen mal a las empresas privadas, como es el caso de los banqueros y los concesionarios de carreteras, son los contribuyentes quienes pagan los costos de su ineficiencia, pues el gobierno utiliza impuestos para rescatarlos de la quiebra.

En cuanto a la privatización del sector petrolero en otros países de América Latina, diversos estudios demuestran que los resultados alcanzados son totalmente contrarios a los esperados, pues el Estado hace el trabajo y el capital privado recoge la cosecha.

Es dable entonces preguntarse: si las privatizaciones tanto en México como en otros países resultaron contrarias a los objetivos perseguidos, ¿por qué habría de ser diferente con la pretendida en las plantas petroquímicas de Pemex? ¿Por qué debemos creer que, ahora sí, estas ventas resultarán benéficas para el país, si son los mismos funcionarios que hicieron las desincorporaciones anteriores y aplican los mismos procedimientos que ocultan la verdad y van contra la Constitución y otras leyes?

Los autores hacen un buen recuento de lo que ha sido la política petrolera del país y más adelante exponen que Estados Unidos ha sido el único beneficiado de la decisión de incrementar a toda costa la producción de petróleo mexicano. Recuerdan que desde el sexenio de Miguel de la Madrid, la política petrolera ha sido diseñada para que, por un lado, toda nuestra producción contribuya crecientemente a resolver un problema de seguridad nacional estadunidense (hasta seguro de petróleo); por el otro, el gobierno zedillista utiliza las divisas petroleras no para promover el desarrollo nacional, sino para realizar el pago puntual del servicio de la deuda externa, principalmente la contratada con acreedores estadunidenses.

De aquí, de allá y de todas partes

Los datos son elocuentes: durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas (1983-1994), México exportó 6 mil millones de barriles de petróleo crudo (cifra equivalente a 12 por ciento de las reservas probadas del país), con un valor de 131 mil millones de dólares constantes -de 1994-, monto que resultó inferior al que se pagó en el mismo periodo tan sólo por concepto de intereses de la deuda externa (140 mil millones de dólares).

Por otro lado, subrayan que en México no podemos hablar de soberanía en materia petrolera mientras Pemex siga siendo obligado a extraer irracionalmente grandes cantidades de petróleo para exportarlo a Estados Unidos, y destinar las divisas petroleras al pago del servicio de la deuda externa, pues con ello se provocan graves daños ambientales y se frena el desarrollo de la industria y del aparato productivo nacionales.

En cuanto a la privatización de los complejos petroquímicos, habría graves riesgos, sobre todo en materia de seguridad nacional, en caso que quedasen en manos de empresas extranjeras, principalmente estadunidenses. Como esas instalaciones industriales están conectadas directamente a los pozos a través de ductos, el gobierno estadunidense podría considerar como un asunto de su propia seguridad nacional garantizar el abasto oportuno e ininterrumpido de la materia prima a sus empresas, dando pie a que buscase controlar directamente la explotación de los yacimientos, como lo hizo en otros países.

Así, como señaló John Saxe-Fernández, fue un grave error haber suscrito con Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial el ``paquete de rescate'', porque con ello se aceptó un plan de choque que profundiza las condiciones que han llevado al país a ser víctima de un ciclo perverso de deterioro de los fundamentos materiales y jurisdiccionales del proyecto nacional y que, dada nuestra situación geopolítica y la tradición expansionista de Estados Unidos, tendrá consecuencias de largo alcance. (Continuamos el viernes.