Después de 22 meses de una férrea austeridad presupuestal y de una marcada astringencia en el manejo del gasto público, el anuncio formulado ayer por el presidente Ernesto Zedillo, en el sentido de que el gobierno federal invertirá el año entrante 122 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura, es una noticia auspiciosa. En la medida en que sea capaz de crear empleos y de estimular la inversión privada, tal inyección de recursos podrá lograr una reactivación económica que incida positivamente en la angustiosa situación en la que se encuentran millones de mexicanos de todos los sectores desde los primeros meses del año pasado.

Aunque en diversos ámbitos del país, incluidas las esferas gubernamentales, existe conciencia sobre los graves inconvenientes que entraña la estricta disciplina presupuestal, especialmente por lo que se refiere a sus costos sociales, se han señalado también, en distintas ocasiones y en diferentes foros, los dos riesgos principales que entraña la liberación del gasto público para lo que queda de este año y el entrante.

El primero de estos riesgos, de carácter político, es que el gasto público se ejerza con propósitos electorales, de cara a los procesos comiciales del año entrante; que tanto las inversiones como sus benéficos efectos económicos sean utilizados para inclinar el ánimo de los ciudadanos a favor del partido gobernante o que, peor aún, en distintas localidades se llegara a condicionar la realización de obra pública a unos resultados electorales favorables al PRI.

El segundo peligro es de índole económica: la posibilidad de que, después de 22 meses de austeridad, una inversión pública súbita y masiva desencadene una espiral inflacionaria indeseable desde cualquier punto de vista.

Ante estas perspectivas inquietantes, resulta en principio saludable el anuncio formulado ayer por el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, en el sentido de que el Ejecutivo y el Legislativo establecerán, de manera conjunta, una calendarización para el ejercicio del gasto federal para 1997, de modo que se impida la utilización de los recursos públicos para favorecer al partido oficial en las elecciones de 1997. Esta calendarización puede, adicionalmente, ayudar a reducir los eventuales efectos inflacionarios de la inversión pública.

Cabe esperar que en las próximas semanas el Congreso y el Ejecutivo den a conocer en detalle los mecanismos y criterios por medio de los cuales se acordará y aplicará el calendario mencionado.