El gobierno salinista ``de Ernesto Zedillo'' está abiertamente a la defensiva y no hay duda de que las elecciones de 1997 serán ``elecciones de Estado'', en las que la voluntad ciudadana sea relegada por las negociaciones.

1. El sistema priísta ha ido sorteando la crisis política abierta en 1988, y hoy el control oficial sobre los procesos electorales es mucho mayor, aunque la propaganda oficial pretenda lo contrario. El saldo de todas estas ``reformas'' legales es de un abierto retroceso, pues de un sistema de Partido de Estado muy vulnerable por sus prácticas, hemos ido pasando a un sistema de Partido de Estado que se legitima con el aval de los partidos que, a cambio de mayores espacios de poder, aceptan la ilegalidad del régimen y comparten sus prácticas.

2. En México no hay desde luego un proceso de transición a la democracia, pues no existe un proyecto para desmantelar al presidencialismo, al corporativismo, al Partido de Estado y a la narcomafia salinista y establecer un Estado de derecho: y en consecuencia subsisten la impunidad del poder y el control político que ejercen tanto el PRI y los sindicatos oficiales como los medios de comunicación social.

3. La organización de las elecciones, por ejemplo, sigue estando a cargo de una burocracia oficial (la real), que en el ``nuevo IFE'' dependerá de su secretario ejecutivo, pero se mantiene una estructura paralela (la aparente) encabezada por el Consejo General, que no controla los procesos electorales, pero que se halla bajo los reflectores, y así fue como en 1994 la imposición se hizo al margen de los llamados ``consejeros ciudadanos'', que de ciudadanos nada tenían y que presas del protagonismo poco quisieron enterarse de lo que acontecía.

4. La composición del Consejo General del IFE revestía por lo mismo una gran importancia para el régimen, por ser el aparador de las elecciones: el instrumento que le permite aparentar que en México hay democracia. Y, sin embargo, el resultado no puede ser más pobre para la democracia.

5. El presidente y los consejeros del IFE no han tenido sino muy reducidas facultades, y el gobierno hubiera podido darse el lujo de nombrar a personalidades independientes, pero ha preferido a académicos de débil trayectoria y dúctiles al ``sistema'', lo que demuestra el temor que existe en el poder. La lista de los (nuevos) ``consejeros electorales'' no deja lugar a dudas: se trata de profesores afines al salinismo, y que además comparten otro rasgo común: todos ellos han aplaudido las modificaciones legales sosteniendo que hay una transición democrática.

6. Y, algo más, han sido designados por el mecanismo de ``cuotas'', despachándose ahora el PRI con la cuchara grande. En el antiguo IFE formalmente tenía al presidente y a dos de seis consejeros (aunque de hecho controlaba a cuatro) y ahora impuso al presidente y, por lo menos, a cuatro de los ocho consejeros (aunque otros más sean también gente del ``sistema''). Jaime Cárdenas (PRI), Mauricio Merino (PRI), Jacqueline Peschard (PRI) y Emilio Zebadúa (PRI), junto con los dos asesores del CEN del PAN, Juan Molinar y Alonso Lujambio prevalecerán frente a los dos (posibles) independientes: Jesús Cantú (PRD) y José Barragán (PT).

7. El nuevo presidente del IFE, José Woldenberg, quien desde el inicio de las negociaciones fue la carta del PRI (es decir, de Zedillo) no tendrá muchas atribuciones pues el cargo es de relumbrón y no de poderes reales, pero su designación es significativa ya que tiene reputación de salinista. Woldenberg comete por lo mismo un grave error al aceptarlo pues deslegitima de entrada todo el proceso, lo que se agrava porque es allegado de Zedillo y además su esposa es integrante del gabinete, lo que le quita toda credibilidad. En cualquier régimen democrático esto hubiera sido un motivo para excusarse o para ser recusado, pero no en el ``sistema'' mexicano.

8. Los tecnócratas en el poder perdieron además todas las formas en las componendas para las designaciones, pues se hicieron en abierta violación a la Constitución, por parte del titular de Gobernación (que intervino en una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados) y de los dirigentes de los partidos: que creyendo que vivimos en una partidocracia les impusieron a sus legisladores la decisión, olvidándose que éstos no son representantes suyos sino de la Nación. De esta manera, se violó abiertamente la autonomía del Congreso y éste no cumplió su obligación de discutir y hacer los nombramientos, pues según el diario Reforma (31 de octubre) se inauguró en la Cámara de Diputados el procedimiento del ``ultra fast track'' y por unanimidad de 477 votos en menos de dos horas se aprobaron las designaciones, en una ignominia más para el Poder Legislativo mexicano.

9. La aberración mayor de esta designación es empero que se hizo antes de la expedición del nuevo Cofipe, es decir sin que exista el marco normativo del proceso electoral del 97. Se designó a funcionarios que aún no se sabe qué atribuciones van a tener ni cuánto van a durar en su encargo y, algo mucho más grave: éstos aceptaron, lo que demuestra su irrresponsabilidad (y su ambición).

10. La forma es el fondo, y el desastre del régimen actual confirma que el camino de la transición tiene que empezarlo la socidad.