El procedimiento de negociación y designación de los nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral es la anulación de facto de las características y principios que el propio IFE debería respetar, según el texto constitucional recientemente aprobado.

La activa participación de la Secretaría de Gobernación y la decisiva intervención del Presidente de la República para impulsar la negociación y acordar una lista única de Consejeros Electorales que debía aprobar la Cámara de Diputados son prácticas que niegan el carácter autónomo del IFE y los principios de independencia, imparcialidad y objetividad con que, según el artículo 41 de la Constitución, debería de regirse ese organismo público.

Las disposiciones constitucionales indican que en la ley se establecerían los requisitos que deberían reunir para su designación el Consejero Presidente del Consejo General y los Consejeros Electorales del IFE, y que estos serían elegidos, sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios. Como es del conocimiento público, este procedimiento fue alterado, pues, en vez de requisitos legales, únicamente se presentaron nombres, y en lugar de propuestas de los grupos parlamentarios sólo se supo del resultado de negociaciones entre dirigentes partidarios y gobierno, pero, además, a lo largo de todo este procedimiento intervino constantemente el Ejecutivo Federal.

La injerencia de representantes del poder Ejecutivo Federal en la conformación de ese organismo tendría menos importancia si no fuera porque su exclusión del Consejo General del IFE es considerada por los mismo autores de la reforma electoral como un ``acuerdo trascendente para consolidar la autonomía de la máxima autoridad electoral federal respecto de los poderes públicos.'' Los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y PT, así como el Presidente de la República, que conjuntamente suscribieron la Iniciativa de reformas y adiciones en materia electoral y del Distrito Federal, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acordaron que para consolidar la autonomía del IFE ``el secretario de Gobernación, en su condición de consejero del Poder Ejecutivo, dejara de formar parte y de presidir el Consejo General del Instituto Federal Electoral.'' (25/07/96)

Desde que hay partidos políticos de oposición interesados en los procesos electorales, la responsabilidad de la organización de las elecciones ha sido centro de discusión en cada reforma legal en materia electoral. Organizar las elecciones en México ha significado controlar los procesos electorales y sus resultados, y esa función la ha detentado el gobierno federal a través de organismos que cambian de nombre a la par que las leyes y los códigos de la materia. Las objeciones al control de las elecciones se han concentrado en la composición interna del órgano electoral federal encargado de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, porque históricamente éste ha estado dominado por una mayoría de consejeros partidarios del PRI, aunque no fueran sus representantes directos, y porque ese organismo siempre había sido presidido por el secretario de Gobernación, dependiente directo, política y administrativamente, del titular del poder Ejecutivo Federal. Se ha llegado a decir que el control ejercido por el gobierno sobre los procesos electorales es uno de los mayores obstáculos para la posible democratización del país.

Uno de los pocos cambios significativos formales que se habían aceptado en esa reforma electoral que todavía no se puede concluir, esto es, la exclusión del poder Ejecutivo Federal del Consejo General del IFE, es anulada en los hechos con el consentimiento de los partidos políticos y la aceptación del Poder Legislativo. En vano se dedica tanto tiempo a las reformas legales si los mismos que luchan por ellas las ignoran en el momento de ponerlas en práctica.

En el procedimiento de designación de los integrantes de la máxima autoridad electoral se ignoraron los principios de independencia, imparcialidad y objetividad, que deberían de regir las funciones del IFE; si con esto se inicia el proceso electoral federal de 1997, mal comienzo.