Decomisaron 125 mil revistas pornográficas

Juan Manuel Venegas y Ricardo Olayo La Procuraduría General de la República (PGR) tiene ``indicios'' de que en varios estados del país operan redes de organizaciones dedicadas a la producción de videos y revistas con pornografía infantil que son comercializadas en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.

Sin embargo, el combate a estas organizaciones delictivas está limitado por la propia legislación mexicana que no considera a la pornografía infantil entre los delitos tipificados en el Código Penal.

Para atacar la producción y distribución de la pornografía infantil, se debe ``encuadrar'' en alguno de los delitos conexos que conlleva, principalmente la corrupción de menores o el tráfico y posesión de drogas. Este vacío legal es un obstáculo para ejercer la acción penal contra quienes incurren en esta práctica, indicó el agente del Ministerio Público Federal, Miguel Angel Ortiz, quien en meses recientes encabezó una investigación en la que 244 menores de edad fueron fotografiados y grabados en videos pornográficos.

Lo que es un hecho es que respecto a la pornografía infantil no hay nada (en los códigos penales), pues el concepto pornografía está muy ambiguo en el artículo que lo define que es el 200 del Código Penal Federal, y que se refiere al ultraje a la moral pública'', explicó.

En este artículo se precisa que quien incurra en algún delito relacionado con los ``ultrajes a la moral pública'', recibirá una pena de seis meses a cinco años de prisión y/o multa de 300 a 500 días de salario.

El artículo 201, relativo a la corrupción de menores, marca una penalidad de tres a ocho años de prisión y/o una multa de 50 a 200 días de salario. Como ninguno de estos delitos está considerado como grave, quienes los cometen alcanzan la libertad bajo fianza.

La PGR inició en mayo pasado una investigación sobre la existencia de pornografía infantil a partir de que recibió información de Estados Unidos en torno a la distribución de videos que habían sido grabados en Acapulco y Cuernavaca. Las pesquisas concluyeron con la detención de los contactos de la empresa Overseas Male de San Diego.

Dicha empresa operaba en el país por lo menos desde 1990, tiempo en el que utilizó a menores de entre 13 y 17 años de edad para los videos que comercializaba a un precio de 100 a 150 dólares; dos de sus filiales hacían la distribución por correo y vía Internet.

La pobreza y el hambre se combinó con la adicción a las drogas de algunos menores que fueron enganchados en el puerto de Acapulco. El negocio para la empresa --también vinculada al lavado de dinero y al tráfico de armas de San Diego a Tijuana-- era millonario por la cantidad de clientes que tenía.

En el operativo que dirigió Miguel Angel Ortiz para desmantelar las casas de grabación en Acapulco, se encontraron gruesos tomos con las direcciones y números telefónicos de 4 mil 666 potenciales clientes sólo de Estados Unidos.

De acuerdo con telegramas y copias de giros y pólizas de cheques localizados en el hotel El Caracol de Acapulco el 29 de junio de este año, cada video que recibían los clientes de la Overseas Male tenía un costo que oscilaba entre los 67 y los 200 dólares.

Los niños que fueron utilizados para la filmación de esas videocintas no ganaban más de 300 pesos. La mayoría sólo percibía 150 pesos por sesión.

Playa Condesa y la lista de clientes

En México, la Overseas Male tenía contactos en Tijuana, Cuernavaca y Acapulco. En este puerto operaban sus enganchadores y se había instalado un bar y un hotel que, incluso, como cualquier compañía turística, promocionaban sus servicios.

Los estadunidenses Dennise Carl Greth y Michael William Sanders, y los mexicanos Jorge Altamirano Torres, Alejandro Abarca Contreras, Francisco Zúñiga González y Lucio Germán Ramírez Romero, eran los enviados de la compañía de San Diego que engancharon a los menores acapulqueños, valiéndose de la fama de la playa Condesa, donde acuden los homosexuales, explicó el agente Miguel Angel Ortiz.

Las pesquisas, apoyadas en los testimonios de apenas cuatro menores, ubican a Dennise como la persona que preparaba los escenarios, instruía a los jóvenes para asumir determinadas posiciones, elaboraba los folletos de promoción y era, también, quien ofrecía el pago.

A los clientes de la playa Condesa, la banda de delincuentes les ofrecía otras alternativas de diversión: el hotel El Caracol y una casa ubicada en Leona Vicario 1328 de Acapulco.

En El Caracol se encontró un telegrama, fechado en Buffalo, Nueva York, de un cliente que reclama la cancelación de un cheque pues ante el retraso en el envío del video que había solicitado, lo consiguió por otro lado.

El cliente es Edward Ellis y envió su telegrama con fecha 11 de diciembre de 1995: ``Asunto, cancelar envío. Estimado José, el 08-08-95 envié mi cheque número 2244 por la cantidad de 65.95 dólares por el video número 0M118. Supongo que éste ha sido extraviado o destruido, por lo que he notificado una orden de detención de pago por este cheque. Favor de regresar o destruir este cheque si lo encuentran. He comprado este video en otro lugar. Favor de cancelar la orden. Envíen una lista de precios vigente si a ustedes les gustaría que considerara otros títulos. Saludos de Edward Ellis''.

Uno de los declarantes dijo al Ministerio Público Federal que fue al hotel El Caracol en Acapulco a invitación de Roy Herbert Wayner, homosexual al que había conocido en Jalapa y con quien tuvo relaciones.

El fue encontrado la madrugada del 29 de junio en el interior del inmueble, recibiendo 250 pesos por relación sexual. Su relato como consta en la averiguación previa señala:

``En varias ocasiones que vine al Caracol me di cuenta que había niños de aproximadamente 14 a 17 años de edad, los cuales posaban en la alberca ante una cámara de video pequeña. A ellos, Denisse les decía que se tocaran los miembros unos a otros.

``A otros, Dennise los hacía trabajar en la mesa de billar, y a veces oía al gringo decir: `así, así, así es como me gusta', y también oí la voz de uno de los niños que decía: `no tan fuerte, por favor...'''.

La red de corruptores de menores empezó su operación en Europa, saltó a Estados Unidos y luego a México, según las investigaciones de la PGR.