Mucho se dijo a finales de 1995 sobre la urgente necesidad de modificar la Ley del Seguro Social, fundamentalmente por la posibilidad de entrar en un desfinanciamiento irremediable que diera fin a la seguridad social mexicana. En la Asamblea del IMSS correspondiente al segundo semestre de este año, se informó que tal como se había previsto y anunciado, los resultados mostraban números rojos en las finanzas institucionales, pero que esta situación se corregiría al entrar en vigor la nueva ley el 1o. de enero de 1997.

Repentinamente, y dentro del marco de la nueva concertación para el crecimiento económico, nos encontramos en algún párrafo de este acuerdo menciones relacionadas con el Seguro Social relativas a los altos costos que para la hacienda pública representará la nueva estructura de financiamiento del Seguro Social, y la necesidad de diferir su entrada en vigor con el muy poco sustentable argumento de tener que esperar la asignación de la nueva cédula de identidad de la población.

Con esta actitud nuevamente se ponen de manifiesto las contradicciones que han caracterizado a los artifíces de la política económica mexicana durante los últimos años.

Por una parte se establece la necesidad de privatizar una parte importante del sistema pensionario de la Seguridad Social para entregar cuantiosos recursos a los grandes capitales nacionales y extranjeros; se libera a los patrones de la responsabilidad de hacerse cargo total de la salud de sus trabajadores, ahorrándoles algo así como 4 mil 500 millones de pesos en 1997, absorbiendo con cargo al dinero que aportamos los contribuyentes esa cantidad, y por otra parte, ante la realidad de la crisis económica del gobierno, se buscan pretextos para no hacer lo que antes se había ofrecido como panacea para la seguridad social mexicana.

Si la Ley del Seguro Social entra en vigor el 1o. de enero de 1997, el gobierno tendrá que pagar como aportación al Seguro de Enfermedad y Maternidad diariamente a partir de esa fecha el 13.9 por ciento de un salario mínimo vigente al 1o. de enero de 1997 por cada asegurado permanente, es decir 3.67 pesos diarios por cada uno de los ocho millones y medio de asegurados inscritos en el Seguro Social, lo que equivale al pago de 11 mil 386 millones de pesos durante el año de 1997, sin considerar los incrementos derivados de la inflación que tendrán que ajustar trimestralmente esa cuota, como lo señala la misma ley.

Además de esto, a partir del 1o. de enero de 1997, si en esa fecha entrara en vigor la Ley del Seguro Social, el gobierno Federal con cargo al dinero de los contribuyentes tendría que hacerse cargo del pago total de las más de un millón 500 mil pensiones que actualmente paga el Instituto Mexicano del Seguro Social, más las que se acumulen durante ese año de 1997, pago que conservadoramente puede calcularse por un total anual de más de 12 mil 500 millones de pesos.

Además, también le correspondería pagar 5.5 por ciento de un salario mínimo por cada asegurado permanente, más la misma cantidad por cada asegurado en el nuevo Seguro para la familia, porcentaje que a partir del 1o. de enero de 1997 representaría pagar 1.45 pesos diarios por cada uno de los ocho y medio millones de asegurados actuales, más esa misma cantidad por cada uno de los que se afiliarían a este nuevo seguro, es decir alrededor de 4 mil 500 millones de pesos.