En los próximos días, si el sistema lo perdona, envejecido y enfermo, olvidado de sus compañeros, Joaquín Hernández Galicia, La Quina, el ex cacique poderoso del sindicato petrolero puede quedar en libertad, después de pasar cerca de ocho años en prisión. Ha cumplido ya las tres quintas partes de su sentencia y cumple otros requisitos necesarios para alcanzar la libertad preparatoria. Sólo la saña del grupo en el poder, su empeño de llevar hasta el fin la venganza del salinismo podrá aplazar su excarcelación.

En enero de 1989, tras un espectacular operativo policiaco militar, con bazucazo incluido --debe recordarse--, La Quina fue detenido y acusado de ``homicidio calificado'' y posesión, acopio y posible introducción al país de armas de fuego. Según se informó entonces, en la sala de la casa de Hernández Galicia se encontraron varias cajas de armas de alto poder, y frente a su domicilio el cadáver de Gerardo Antonio Zamora Arrioja, agente del Ministerio Público federal, supuestamente abatido por los pistoleros del líder sindical momentos antes de la aprehensión.

La captura de La Quina provocó entonces un sacudimiento político inesperado y generó opiniones diversas. Los bandos se dividieron y era explicable. Transcurrían apenas los primeros días del gobierno de Salinas y Hernández Galicia, hombre fiel al sistema, alabado por presidentes y secretarios de Estado, antiguo cacique sindical, solapado y protegido del gobierno en varios sexenios, servil ejecutor de la política sindical oficial, era detenido de manera sorpresiva para ser llevado ante los jueces.

La acción gubernamental fue calificada como un acto de audacia, parteaguas, inicio del desmoronamiento del sindicalismo oficialista; un sector de intelectuales aplaudió incondicionalmente y se desbordó en elogios; la izquierda recelosa tomó distancia de la medida del gobierno y, sin defender al gangsterismo sindical representado por La Quina, entendió (aunque hubieron matices y errores) que la aprehensión del cacique sindical era un ajuste de cuentas en los marcos de la burocracia estatal y el sindicalismo oficialista. Tenía razón.

El dirigente petrolero había violado las reglas del sistema al que perteneció durante muchos años y eso era inadmisible, pues el sistema exigía, lo hace todavía, posiciones monolíticas y apoyo incondicional a las decisiones del gobierno. Hernández Galicia no fue suficientemente solidario con la campaña electoral de Salinas de Gortari (eso se decía en los medios oficiales), expresó desacuerdos con el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, insistió en investigar la conducta de Mario Ramón Beteta durante su paso por Pemex, y expresaba opiniones en contra de la privatización de la empresa estatal.

Aunque la conducta de La Quina pudo ser una táctica tortuosa para establecer nuevas reglas con el gobierno, Salinas aprovechó la oportunidad para golpear fuertemente, imponer la disciplina interna y ganar el prestigio que mucho necesitaba, pues llegó a la Presidencia como resultado de escandaloso fraude.

Las acusaciones de homicidio calificado y acopio de armas fueron sólo el subterfugio para detener al dirigente petrolero, procesarlo y sentenciarlo. Fueron cargos falsos, como se evidenció en años posteriores. Hace no muchos meses se descubrió que los números de serie de las armas que supuestamente se encontraron en la casa de Hernández Galicia correspondían a armas compradas por el Ejército.

La acción del grupo en el poder contra La Quina se ha prolongado ya casi ocho años; parecen no haberse saciado los deseos de venganza del sistema. En enero de 1989 se fabricaron cargos y un proceso, se involucró al Ejército en la aprehensión de La Quina, se engañó a la opinión pública (como se siguió haciendo durante todo el sexenio salinista), se afirmó que de lo que se trataba era acabar un ``imperio criminal económico y político'' y salvar a los petroleros. El acusador de aquellos días, Salinas de Gortari, hoy está en el banquillo de los acusados.

En enero de 1989, Hernández Galicia era indefendible moral y políticamente, pero hoy es indudable que la acción contra él fue una venganza que no debe prolongarse por más tiempo. En su caso debe restablecerse el respeto a la ley y ser puesto en libertad. Tiene derecho a ella.