Pese a las reacciones de quienes de una manera u otra actúan objetivamente como rémoras de los avances de los pueblos indios en su proceso en favor de las autonomías, el Congreso Nacional Indígena constituyó un acontecimiento sumamente importante para la consolidación del movimiento nacional de las organizaciones, pueblos y comunidades allí representados.
Su trascendencia pudiera medirse no sólo por el número de delegados, invitados y observadores, su carácter efectivamente representativo, y por las amplias alianzas que se tejieron entre la sociedad civil para organizar un evento de tal magnitud (el primero de esta dimensión no organizado con la intervención o apoyo gubernamental), sino también por la madurez, profundidad y alcance estratégico de sus planteamientos políticos, y la forma a la vez firme y propositiva como se presenta frente al gobierno y la sociedad. Incluso, paradójicamente, la polémica desatada en torno a los derechos indígenas es una demostración más de la trascendencia de ese movimiento nacional indígena.
El Congreso representa también, no lo olvidemos, la ruptura del cerco político-militar en torno al EZLN, y una prueba fehaciente de que un sector organizado nacionalmente puede dar una lucha contra el gobierno con éxito, exhibiendo su debilidad creciente en la lucha por la hegemonía política, mientras refuerza internamente su unidad.
En particular, la declaración final del Congreso ``Nunca más un México sin nosotros'' expresa una posición que ha ido creciendo en la tierra fértil del movimiento indígena, independiente, que de manera incluyente y democrática convoca a los mexicanos a la construcción de una patria nueva que reconozca su carácter pluricultural y plurilingüístico.
Este documento debiera ser analizado con cuidado por los ``preocupados'' de Vuelta-Nexos y Asociados, ya que su lectura evitaría discusiones estériles si es que realmente se busca avanzar en la democracia y en la pluralidad.
No puedo imaginar en qué se perjudicaría al país si se diera plena vigencia a las siguientes exigencias asentadas en esa Declaración:
``Primero: Reconocimiento jurídico constitucional de nuestra existencia plena como pueblos, y de nuestro inalienable derecho a la libre determinación expresado en la autonomía en el marco del Estado mexicano.
``Segundo: el reconocimiento constitucional de nuestros territorios y tierras ancestrales que representan la totalidad de nuestro hábitat en donde reproducimos nuestra existencia material y espiritual como pueblos.
``Tercero: el reconocimiento de nuestros sistemas normativos indígenas en la construcción jurídicamente pluralista que armonice las diversas concepciones y prácticas de regulación del orden social que conforman la sociedad mexicana.
``Cuarto: el reconocimiento de nuestras diferencias y nuestra capacidad para gobernarnos con una visión propia, en que la autonomía y la democracia se expresen como poder del pueblo.
``Quinto: en general, el reconocimiento de todos nuestros derechos sociales, políticos y culturales para la afirmación, florecimiento y perduración de nuestras comunidades y pueblos.
``Sexto: El cumplimiento inmediato y completo de los Acuerdos de la Mesa 1 sobre Derechos y Cultura Indígena del Diálogo de San Andrés Sacamch'en de los Pobres, Chiapas, que constituyen un primer paso ya conquistado por los pueblos indígenas, así como los acuerdos de este Congreso y la inmediata constitución de la Comisión de Seguimiento y Verificación.
``Séptimo: La desmilitarización de las zonas indígenas del país, el cese al hostigamiento a organizaciones indígenas y sociales y a sus dirigentes, la liberación de los presos políticos y de los indígenas injustamente detenidos, y en particular de los presuntos zapatistas presos''.
(Declaración final del Congreso Nacional Indígena ``Nunca más un México sin nosotros''.)
¿Podemos inferir de estas declaraciones que el movimiento indígena apoya o sustenta algún tipo de separatismo o de ruptura de una pretendida ``unidad nacional''?; ¿son estas demandas la expresión de un particularismo estrecho que refuerza el atraso de los pueblos y comunidades indígenas?; ¿es este documento la expresión política de sectores mediatizados por mestizos e incapaces para conducir su destino?; o ¿no será que el miedo y la ignorancia de una sociedad con resabios racistas y coloniales son el caldo de cultivo de argumentos y mentalidades que como moneda falsa se ostentan como democráticos o pretendidamente científicos?
En todo caso, la próxima propuesta de reformas constitucionales en materia indígena, que debería incluir todos los compromisos de las partes en el Diálogo de San Andrés y que se presenta como una de las condiciones esenciales para reanudar la negociación, mostrará los avances o los retrocesos que nos depara el siglo XXI.