Los procedimientos puestos en práctica para definir, primero, el contenido de las reformas constitucionales en materia electoral y, después, para designar al presidente y los ocho miembros del Consejo General del IFE, han sido sin duda heterodoxos. Todo indica que con el mismo método se decidirán los cambios que en breve serán introducidos a la legislación ordinaria que regirá el proceso electoral de 1997. La heterodoxia radica en los siguientes hechos:

1. Los dirigentes de los partidos políticos nacionales y el secretario de Gobernación asumen las facultades que formalmente tiene atribuidas el Congreso de la Unión (y también las legislaturas locales, en el caso de las reformas constitucionales) y turnan los acuerdos políticos que obtuvieron su consenso, a las instancias legalmente instituidas, las cuales previamente han declinado en favor de aquéllos sus potestades, así como la representación y el mandato político que les confirió el sufragio popular.

2. Los diputados federales (o locales) y los senadores de todos los partidos aceptan el limitado papel de una burocracia obligada a imprimir el sello de legitimidad a los acuerdos remitidos por un nuevo Poder Legislativo de facto, en el entendido de que deben abstenerse de hacer modificaciones de cualquier naturaleza a dichos acuerdos y cumplir el trámite respectivo en plazos, no solamente perentorios, sino exiguos e irrazonables.

3. El Poder Legislativo de facto delibera y vota en secreto. Nadie tiene derecho a conocer las propuestas y contrapropuestas que cada uno de los dirigentes partidarios formuló, ni los motivos que tuvo para después retractarse. No es factible conocer los mecanismos de intercambio de valores políticos o, para decirlo en un lenguaje eufemístico, las buenas razones de cada quien para flexibilizar sus posiciones y acceder a lo que previamente había considerado inadmisible. No hay, por supuesto, un Diario de Debates que permitiese a los millones de mexicanos que permanecemos en una marginalidad política absolutamente pasiva, evaluar el comportamiento ético de cada partido y la validez de sus argumentaciones.

Cuando el PRI utilizaba el mismo método para gobernar y legislar, sus prácticas eran objeto de los más duros epítetos. Las reuniones, hoy purificadas por la presencia de los demás partidos, eran calificadas de conciliábulos cupulares donde se tomaban decisiones a espaldas del pueblo. El envío de iniciativas a las cámaras legislativas, bajo la consigna de aprobarlas sin cambio alguno, daba motivo para motejar a diputados y senadores como levantadedos. La premura con que se aprobaban las iniciativas puso en boga la descripción peyorativa de que se legislaba sobre las rodillas. Uno se pregunta por qué esas prácticas eran repudiables hasta hace poco tiempo y ahora son encomiables y constructivas. ¿La razón es que participan en los conciliábulos secretos varias corrientes de opinión y hay, por ende, pluralidad y no unilateralidad?

Precisemos. También en el pasado el pluralismo era objetivamente reconocible. Los dirigentes de los sectores obrero, campesino y popular del PRI opinaban y pugnaban por lograr que los intereses de sus agremiados fueran tomados en cuenta antes de adoptar decisiones políticas que habrían de traducirse en leyes o actos de gobierno. La conciliación de puntos de vista se realizaba en círculos estrechos e inaccesibles, similares a las reuniones que hoy se llevan a cabo con otros protagonistas y con el beneplácito y el aplauso hasta de los demócratas inmaculados.

Las de ahora pecan de los mismos vicios que sus antecedentes no tan remotos. Sus actores no tienen mandato expreso, no obtienen la conformidad de sus representados ni les informan de los arreglos convenidos ni de su justificación, si la hubiere. Al suscribir los acuerdos, comprometen el voto corporativo de sus diputados y senadores, pasando por encima de la autonomía personal de cada quien y de la investidura que la Constitución les reconoce.

El trasfondo real de lo que está ocurriendo, es el renacimiento del viejo sistema político mexicano, en un proceso de expansión de sus límites y sustitución de los componentes que originariamente tuvo. El circuito cerrado de poder se ha abierto para que los partidos tomen el lugar que antes ocuparon los sectores del PRI. Una vez adentro, el circuito volverá a cerrarse. El proceso todavía es incompleto, pero los mecanismos de decisión del sistema son inconfundiblemente los mismos.