A la memoria de Enrique Portilla, S.J.

No soy, por supuesto, amigo de nuestros pactos independientemente de que eventualmente, por ejemplo, el Pacto de Solidaridad Económica del 15 de diciembre de 1987 que puso en marcha Miguel de la Madrid, haya sido de una eficacia sorprendente. Mi objeción fundamental es que no son pactos y a partir de allí, sobra lo demás. Porque no son otra cosa que decisiones verticales de papá gobierno que el llamado, por llamarlo de alguna manera, movimiento obrero firma sin chistar (cada vez con menos representantes y muy pocos foristas, salvo el joven de los teléfonos) y los empresarios también firman porque, simplemente, les conviene. Sin dejar de poner cara de circunstancias. Y sin olvidar su muy corporativa Ley de Cámaras.

En otros tiempos ni se discutían. Ahora, por lo visto, sí. O, por lo menos, dicen que lo discuten y hasta se desvelan (¿no sería un pretexto conyugal, ese sí concertado?). Pero más allá de las palabras disonantes, a veces hasta audaces, todititos acaban por firmar.

Pero eso no significa que no tengan cosas positivas. En última instancia hay que tomarlos como lo que son: un acto semilegislativo del Poder Ejecutivo, sin ninguna validez formal pero con la fuerza de la fuerza, con laberintos y túneles en que lo más divertido es el compromiso (y ponen caras muy serias al asumirlos aunque a veces se pasan papelitos con discreción) que se autoimpone el secretario del Trabajo de proponer un cierto salario mínimo a la comisión que vive a sus órdenes y el de los sectores de aceptar ese compromiso, con lo que la famosa Comisión Nacional de los Salarios Mínimos valió para lo que les conté.

Ahora hay algunas cosillas que no me parecen tan mal, salvo que también están montadas, como la famosa Nueva Cultura Laboral, en un camino de buenas intenciones. Vale la pena mencionarlas en particular.

1) Crecimiento de la economía en 4%. Clasificable como buen deseo y a ver qué pasa. Y si, como se dice, crece también el empleo, ¡mucho mejor!

2) Estímulos fiscales a las empresas que contraten más trabajadores. ¡Excelente! Nada más que sean permanentes y que, por favor, no consideren contrataciones el fraude de moda de utilizar compañías de mano de obra para eludir responsabilidades laborales (despidos y reparto de utilidades, por ejemplo).

3) Incentivos fiscales para estimular la creación de empleos en la industria automotriz. Buena idea: es industria que atrae chambas de otros.

4) Creación de un millón de empleos temporales en el sector rural. ¿Quién los creará? ¿El Estado? ¿Los particulares? ¿De qué manera?

5) Un millón de becas para capacitación. ¡Estupendo!

6) Mejoría del Servicio Nacional de Empleo. No me parece mal.

7) Consolidación del Consejo Mexicano de Competitividad y Productividad para el desarrollo del mercado de trabajo. Puede ser bueno si se acuerdan de que también vale la productividad para el trabajador y su familia.

8) Fortalecimiento de los procedimientos en materia de impartición de justicia laboral. ¡Precioso! Si significa que desaparecen las juntas de Conciliación y Arbitraje sometidas a los poderes ejecutivos y se sustituyen por jueces de trabajo o de lo social (de lo social sería mejor para que conozcan también de asuntos de la seguridad privada...¡perdón! ¡social!...

Entre tanto, sospechoso de todas las sospechas el compromiso de balance público deficitario de sólo 0.5% del PIB ``debido a los costos de la reforma de la seguridad social...'', lo que parece explicar esa sorprendente prórroga del plazo para que entre en vigor la nueva Ley del Seguro Privado (¡perdón!...¡social!). ¿Se habrán hecho mal los cálculos? No deja de ser interesante. Creo.

Buenos propósitos, sin duda. Ahora sólo falta esperar los hechos.