A consulta pública, los proyectos de Texcoco y Tizayuca

Víctor Cardoso La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) lanzará a consulta pública la decisión para la nueva ubicación del aeropuerto alterno al de la ciudad de México, y para el cual se analizarán las opciones que presentan los proyectos propuestos para el valle de Tizayuca, en Hidalgo, y la ampliación hacia terrenos del vaso de Texcoco, conocida como Alternativa Caracol.

De acuerdo con fuentes de la dependencia, en la consulta participarán legisladores de las comisiones de Comunicaciones y Transportes de las cámaras de Diputados y del Senado, así como legisladores de los congresos locales respectivos; colegios de ingenieros, arquitectos y pilotos; empresas de aviación y servicios, así como compañías constructoras.

La consulta pública se realizará en no menos de una semana, para que la SCT disponga de tiempo suficiente para emitir la resolución definitiva antes que concluya el presente mes, y para que la nueva terminal aérea entre en operación a más tardar en el 2000, cuando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) comenzará a sufrir problemas de saturación.

De acuerdo con fuentes consultadas, el análisis se centrará sobre Tizayuca y Texcoco, porque técnicamente fueron descartadas las opciones representadas por los aeropuertos de Toluca, Cuernavaca, Puebla y Santa Lucía (los tres primeros actualmente se encuentran en operación comercial y el último es la base aérea militar).

La construcción del aeropuerto alterno al AICM es considerada en los proyectos de Tizayuca y Texcoco como el elemento detonador para desarrollar polos industriales, agropecuarios, turísticos y nuevas zonas urbanas de crecimiento controlado, con amplias reservas territoriales para el rescate ecológico.

También en ambos casos el factor económico es un elemento determinante, pues se requiere de realizar inversiones globales durante los próximos 25 años, por alrededor de 30 mil millones de dólares, tanto para la construcción de la propia terminal aérea, como en infraestructura vial (carreteras y ferrocarriles), como de urbanización, agua, servicio eléctrico, etcétera.

Desde hace casi tres años, el gobierno de Hidalgo inició la promoción de su proyecto, cuya realización fue encargada a la empresa estadunidense Koll. En él participarían firmas extranjeras como Lokheed, principal constructor y operador de aeropuertos en el mundo, así como fabricante de aviones; la firma de ingeniería estadunidense Bechtel y el corporativo industrial coreano Daewoo Corp., entre otros.

Y aun cuando también impulsan la Alternativa Caracol a través del grupo Ogden, las tres más grandes constructoras del país (ICA, GMD y Gutsa) han manifestado su interés por participar en la opción Tizayuca, en caso de que la decisión gubernamental lo favorezca.

Esas tres empresas colaboran con el gobierno del estado de México en el organismo Prooriente o Grupo Promotor 2020, del cual se hizo cargo, apenas en mayo pasado, el ex director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y ex gobernador, Alfredo Baranda.

La función del organismo a cargo de Baranda García es el impulso de proyectos que permitan detonar el desarrollo de la zona oriente del estado de México, en particular los municipios de Nezahualcóyotl, Texcoco, Teotihuacán, Ixtapaluca, Tecamac y Chicoloapan.

De manera coincidente tanto la Alternativa Caracol como la del valle de Tizayuca terminan en la línea divisoria estatal entre Hidalgo y México, en los municipios de Tizayuca y Temascalapa, respectivamente, es decir, prevén regiones similares en entidades diferentes.

Ambas regiones padecen altos índices de marginación y pobreza, pero la mayor discusión en torno a la ubicación del nuevo aeropuerto internacional se ha centrado en la comodidad de los usuarios para tener acceso a los servicios aeroportuarios y en tratar de que los pasajeros realicen el menor tiempo de recorrido para llegar o salir de la zona urbana de la ciudad de México.

Para su proyecto el gobierno de Hidalgo ha ofrecido una reserva territorial de 55 mil hectáreas, en tanto que el mexiquense debe resolver antes una controversia existente sobre los terrenos que ocupaba la empresa Sosa Texcoco, en litigio desde 1993, y sobre el proyecto de rescate ecológico del Lago de Texcoco iniciado desde hace 20 años y que en la actualidad es refugio de aves migratorias y especies locales.