El descubrimiento de un grave error de tiempo y forma en la constitución de diez de los más importantes bancos del país y la posibilidad de que tal error, cuya responsabilidad corresponde al ex presidente Carlos Salinas, implique la inexistencia jurídica de tales empresas, han fortalecido de manera significativa la posición de los deudores de la banca comercial y de sus organizaciones. A raíz de que la semana pasada se dio a conocer la información de que la situación jurídica de muchos de los bancos se encontraba en el aire, decenas o centenares de miles de deudores han decidido hacer valer ese hecho ante los tribunales. La banca privada, por su parte, queda en una situación por demás comprometida y delicada.

Resulta pertinente deslindar claramente los dos asuntos que se conjugan en esta circunstancia. Por una parte, los datos disponibles indican que los funcionarios del área económica del sexenio pasado, empezando por el propio Salinas y por su secretario de Hacienda, Pedro Aspe, actuaron con grave irresponsabilidad en el proceso de privatización de las instituciones bancarias y dejaron sembrada una bomba de tiempo jurídica que podría tener consecuencias devastadoras para el sistema financiero nacional.

Pero, por otra parte, la mera falla jurídica en el establecimiento de la banca privada no podría explicar, por sí misma, las proporciones que ha cobrado el episodio. Para entenderlo, es preciso tomar en cuenta el contexto social de exasperación en el que se encuentra la mayor parte de los centenares de miles de deudores de las instituciones de crédito, causado por la inflexibilidad, la voracidad y la prepotencia con la que éstas han venido actuando desde mucho antes de que se desatara la actual crisis económica que padece el país, en los últimos días de 1994.

Cabe recordar, en efecto, que El Barzón y otras agrupaciones de deudores se constituyeron mucho antes de los ``errores de diciembre'' para reclamar a la banca privada una política de cobranzas menos ominosa y más sensible a las posibilidades reales de pago de los acreditados. La estampida de las tasas de interés ocurrida a raíz del desencadenamiento de la crisis ciertamente empeoró significativamente la situación de todos los deudores, pero la banca optó por cargar a éstos todo el costo del encarecimiento del dinero. Y, a pesar de que el gobierno destinó elevados recursos para apoyarlo, el sistema bancario se negó a sacrificar un solo peso de sus utilidades. En tales condiciones, el ADE y la conversión de las deudas hipotecarias a Udis no fue sino un paliativo que, como se ha venido comprobando, sólo postergó en unos meses las bancarrotas y las insolvencias.

Hoy, los fallos de los tribunales empiezan a favorecer a los acreditados y éstos han logrado hacerse de argumentos legales de peso en su lucha contra los baancos. En este contexto, la responsabilidad, la moderación y la actitud consciente de los deudores, quienes a través de sus organizaciones manifiestan su disposición a cubrir los montos totales de sus créditos, contrastan con la irresponsabilidad con que los bancos concedieron créditos en forma masiva, primero, y con la saña y la miopía que posteriormente pusieron en el empeño de trasladar a sus clientes en desgracia toda la carga de la crisis.