Realizó la banca embargos ilegales por $27 mil millones: deudores

Antonio Castellanos y Juan Antonio Zúñiga La banca privada ha llevado a cabo embargos improcedentes por 27 mil millones de pesos en 1994, 1995 y lo que va de 1996. Se trata del despojo violento e ilegal del patrimonio familiar que le ha permitido a un grupo selecto de inversionistas apoderarse del sistema bancario nacional para amortizar su capital en sólo tres años, afirmó ayer el dirigente de la Asociación Nacional de Tarjetahabientes, Francisco Castro.

Agregó que lejos de castigar y frenar la usura de los banqueros, el gobierno les ha apoyado con recursos cercanos a 12 por ciento del producto interno bruto (PIB), y advirtió que los deudores agrupados en las diversas organizaciones no tolerarán más abusos, porque los jueces han empezado a fallar en contra de los ``voraces financieros''. Las últimas nueve resoluciones se registraron en el Distrito Federal y los estados de Nuevo León y Chihuahua.

Estos recursos, según Francisco Castro, y el líder de la Asociación Nacional de Tarjetahabientes y dirigentes del movimiento nacional de El Barzón, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, los frentes para la Defensa del Patrimonio Nacional, la Coordinación Nacional de Usuarios de la Banca y la Asociación de Deudores de Instituciones de Crédito de Chiapas, son tres veces superiores a lo que se destina para educación y salud.

A ese apoyo se tendrá que sumar la condonación del pago de impuestos por la venta de bienes que se han embargado en juicios fraudulentos que contravienen el artículo 27, fracción quinta de la Constitución, señala. Castro detalló: ``En 1994 se embargaron bienes con un valor cercano a los 6 mil millones de pesos; en 1995 los bienes que se adjudicó la banca de manera ilícita ascendieron a 9 mil millones, y en el presente año se calcula se elevarán a 12 mil millones de pesos''.

Estas prácticas que han dejado en difícil situación y afectado de manera grave el patrimonio familiar de la clase media, le ha permitido a un selecto grupo ``apoderarse del sistema bancario nacional, amortizar su inversión en tan sólo tres años, lo que en otras partes del mundo requiere de 20 a 25 años'', agregó.

El dirigente enumera que la concentración de la riqueza en unos cuantos, que ha convertido a la banca en el principal latifundista y casateniente del país, ha desembocado en el empobrecimiento y miseria de la mayoría de los mexicanos, en la semiparalización de las actividades productivas, la quiebra de miles de empresas, el desempleo, la desintegración de la vida individual, familiar y colectiva, la pérdida de la fe y la esperanza, y la muerte prematura por suicidios.

Dijo que ``cientos de deudores se han suicidado en los últimos tres años por las presiones de la banca y de sus despachos externos de abogados; miles más han muerto por causas aparentemente naturales entre los que figuran los paros respiratorios, cardíacos y apoplegías; mientras millones de deudores padecen múltiples enfermedades que van de la presión alta a la diabetes, úlcera, angustia y diversas manifestaciones psicóticas''.

Frente a esta situación los dirigentes de las organizaciones de deudores acordaron reunirse esta semana para acelerar los trabajos que permitan presentar el mayor número de demandas en contra de los banqueros, toda vez que los jueces han encontrado argumentos jurídicos que favorecen a los deudores para encarar la voracidad de los banqueros.

Incluso ya se dio el caso de que el abogado Javier Alamo, de manera particular, obtuvo la orden de embargo en contra de Banca Serfin. La jueza quinta de distrito de la capital del país ordenó el secuestro de bienes de dicha institución, y hoy el abogado intentará, con el apoyo de la autoridad judicial, ``trabar el embargo'', según informó ayer a esta redacción.

Alamo Gutiérrez dio a conocer que como consecuencia de la negativa injustificada planteada por Banca Serfin de pagar dos certificados de depósito a plazo de tres meses, la citada jueza ordenó el embargo de bienes a esa sociedad crediticia. Así quedó establecido en el expediente 107/90, procedimiento que comenzó hace seis años.