Partida extra de $10 mil millones para seguridad pública en el país
José Antonio Román Para enfrentar el grave y creciente problema de la delincuencia, durante los próximos cuatro años se destinará un monto extraordinario de 10 mil millones de pesos para la seguridad pública del país, de los cuales 2 mil 400 se utilizarán a partir de 1997. Esta cifra es ``adicional'' al monto que ejercen normalmente los gobiernos estatales para este rubro.
Durante la segunda reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que estuvo presidida por el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, se acordó que los estados aportarán 20 por ciento de dichos recursos y la Federación el 80 por ciento restante.
Con estos recursos extraordinarios, que ``multiplica en mucho'' los ejercidos en años anteriores, se podrá dotar de mejor equipamiento a las corporaciones policiales, ampliar las instalaciones penitenciarias, profesionalizar a las policías y poner en marcha el Subsistema Nacional de Información, principalmente.
Dentro de las preocupaciones expresadas por los miembros del Consejo, entre ellos los gobernadores y funcionarios del gobierno federal, se resaltó la necesidad de analizar diversas opciones de fuentes de financiamiento conjunto para lograr recursos adicionales y suficientes para enfrentar el problema de la inseguridad pública.
Las propuestas sobre los recursos económicos se harán llegar al Ejecutivo federal, a fin de que se incorporen a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos para el año 1997.
La Secretaría de Gobernación informó incluso que se considera factible adelantar la disponibilidad de recursos que se recaudarían hasta finales del sexenio, mediante mecanismos de apoyo financiero y crediticio de la banca de desarrollo, a fin de atender lo antes posible las necesidades estimadas y alcanzar anticipadamente los resultados propuestos.
Aunque la reunión privada se prolongó por varias horas, todavía no se asignaron las cifras para cada área, ni el monto de los recursos que se destinarán a cada una de las entidades, ni a cuáles de ellas se les considerará como ``prioritarias'' y susceptibles de contar con mayores recursos.
En la reunión se firmó un convenio para comenzar el Programa Nacional de Prevención del Delito, y uno más de colaboración en materia de seguridad pública. Asimismo, se aprobó el acuerdo que establece las bases para el Desarrollo del Sistema Nacional de Apoyo a la Carrera Policial y para la constitución de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que funcionaría mediante instituciones descentralizadas en todas las entidades del país.
De igual forma, se presentó a la consideración del Consejo un proyecto para establecer el Registro Nacional Vehicular, el cual, entre otros fines, ayudará a prevenir la incidencia de delitos patrimoniales relativos a dichos bienes.
Se informó al Consejo de las propuestas de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para que en los estados se incrementen las penalidades por los delitos de secuestro y robo de vehículos con violencia. Los miembros coincidieron en que el compromiso para otorgar seguridad pública a los mexicanos debe ser integral, nacional y sustentarse en la plena coordinación y colaboración de los tres niveles de gobierno, según un comunicado de la dependencia.
Al finalizar la sesión, a la cual no tuvo acceso la prensa, el gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, advirtió que la seguridad pública no se garantiza sólo con el aumento de las actividades de los cuerpos policiacos. Es necesario atender primero, dijo, el aspecto económico de la población, pues delincuencia y pobreza son fenómenos que están íntimamente relacionados.
Por su parte, el gobernador de Baja California, Héctor Terán, estimó que los cuantiosos recursos que se destinarán al combate a la delincuencia no son suficiente, sino apenas lo que puede hacerse en este momento.
Aclaró que estos recursos son adicionales a los que ya destinan los gobiernos locales y los municipios a la seguridad pública, es decir, esta cantidad no es la única que se va a gastar, sino que se agrega a los presupuestos normales que se invierten normalmente en esta materia.
Al encuentro acudieron los secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Marina, Carlos Ruiz Sacristán y José Ramón Lorenzo Franco; los subsecretarios de la Defensa Nacional y de Hacienda, los procuradores generales de Justicia y del Distrito Federal, y el regente capitalino.