Hoy miércoles tomarán las calles de la ciudad de México los trabajadores ferrocarrileros. La movilización resumirá y enfrentará la historia de la destrucción del sindicato y del contrato colectivo, así como del desmantelamiento y privatización de la empresa que se aceleraron en los últimos dos años.
En las grandes jornadas de lucha protagonizadas por los obreros mexicanos, el gremio ferrocarrilero ha jugado regularmente un papel central. El mote con el que se identifica a la burocracia sindical en nuestro país, el de charro, proviene precisamente de la imposición gubernamental de una dirección gremial a los rieleros. A fines de la década de los cincuenta y a principios de los setenta, la lucha por democratizar su organización de resistencia fue punta de lanza de insurgencias sindicales que convulsionaron el mundo laboral. Los nombres del fallecido Demetrio Vallejo y de Valentín Campa son reconocidos como ejemplos relevantes de los escasos liderazgos honestos que ha tenido el sindicalismo mexicano.
A contracorriente de sus mejores momentos, el sindicato ferrocarrilero se encuentra hoy en una de las peores circunstancias de su historia. Entre 1900 y 1995 la plantilla de puestos se redujo de 83 mil 200 a 46 mil 283, esto es, casi un 45 por ciento. El Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) fue reducido de 3 mil 45 cláusulas a 208 con la complicidad de la dirección sindical. De esta manera, las conquistas sindicales de varias décadas de luchas se perdieron en unos cuantos días.
Dos hechos explican la mutilación del CCT y los reajustes de personal. En primer lugar, la presencia de una dirección sindical nacional espuria. En segundo, el intento gubernamental de ``sanear'' la empresa para venderla a particulares.
El actual secretario nacional del sindicato, Víctor Flores (que entre sus hazañas tiene la de haber golpeado al diputado Marcos Rascón en el último informe presidencial) proviene de un grupo irónicamente llamado ``Democracia Sindical''. Tomó posesión del cargo el 1 de febrero de 1995 después de unas controvertidas elecciones avaladas por la Secretaría del Trabajo. Este grupo es herencia directa de la lucha por la dirección del sindicato iniciada a partir de 1986, entre el entonces director de Ferrocarriles, Andrés Caso, y la corriente hegemónica dentro del gremio desde 1959 llamado ``Héroes de Nacozari''. Flores representa los intereses gubernamentales dentro del sindicato. Entre los resultados de esta pugna se encuentra el asesinato no aclarado de Praxedis Fraustro en julio de 1993, secretario nacional del sindicato entre 1992-93, y la muerte, en un extraño accidente, de Lorenzo Duarte, también secretario nacional entre 1989-92.
El proceso de privatización de Ferrocarriles comienza en 1994 con la concesión de siete talleres de reparación y mantenimiento a tres empresas multinacionales. Continúa en enero de 1995 con la reforma al artículo 28 constitucional para facilitar su privatización total. Y se siguió de frente el 10 de junio con la Convocatoria para vender el Ferrocarril Ojianaga-Topolobampo, que corre precisamente a través del territorio donde opera uno de los cárteles de la droga más importantes en el país. La estrategia gubernamental parece consistir en tratar de vender primero las líneas más rentables y que mejor funcionan.
La privatización se ha justificado con el argumento de que el gobierno no tiene recursos para su ``modernización''. Ciertamente los servicios que la empresa ofrece son lamentables, en mucho como resultado de la decisión gubernamental de favorecer el transporte carretero por sobre este servicio. Pero como ha sucedido con otras empresas privatizadas no hay ninguna garantía de que el servicio que ofrecerán las compañías particulares será mejor; y, por si fuera poco, se encuentra la cuestión de la soberanía nacional que no puede ser tratada con argumentos empresariales. ¿Son o no los ferrocarriles estratégicos para el desarrollo nacional? ¿Qué implicaría para nuestra soberanía la existencia de una empresa ferrocarrilera transnacional en el Istmo? ¿No nos acercaría peligrosamente a ser un nuevo Canal de Panamá?
La marcha de los trabajadores ferrocarrileros de este miércoles --impulsada por una nutrida coalición de corrientes sindicales-- forma parte de una movilización más amplia en defensa de la empresa y su contrato colectivo, que arrancó desde septiembre de 1995. Más allá del destino de un gremio se defiende el papel que este medio de transporte jugará en el desarrollo del país y el futuro de la soberanía nacional.