Paulina Fernández, Luis Javier Garrido y Bernardo Bátiz, de manera señalada, han puesto el énfasis en algunos aspectos relacionados con la elección de consejeros electorales, aspectos que enturbiaron el proceso.

No me referiré aquí a las cuestiones legales que fueron forzadas en dicha elección. Sí, en cambio, intentaré ubicar el proceso en los términos propios de la teoría de la representación a partir de una circunstancia absolutamente comprobable y documentada: los consejeros electorales han sido resultado de una negociación entre dirigentes partidarios y el gobierno de la República.

El hecho en sí no tendría nada de extraño de no ser porque es a los diputados a quienes les corresponde tal elección. Se me dirá que los diputados han elegido dirigentes y que éstos, a su vez, responden a las directrices de sus líderes partidarios, por lo que tenían que ser éstos los que negociaran para facilitar el proceso. En otros términos, se me dirá que era un problema de eficacia y que se tenía que encontrar un acuerdo antes del 31 de octubre, acuerdo que hubiera sido muy difícil y lento si la elección de los consejeros se hubiera dejado al pleno de la Cámara.

Cuestión de enfoques. Lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, supuestos representantes de la nación, fue que éstos votaron por consigna de sus líderes de facción, los que su vez siguieron las instrucciones de sus dirigentes partidarios porque ya era asunto negociado. Punto. En otras palabras, lo que ocurrió con la elección de los consejeros es una muestra palpable de que 1) la Cámara de Diputados (y no sólo los diputados del PRI) está compuesta por títeres movidos por sus dirigentes de partido con base en las negociaciones que éstos llevan a cabo con el Poder Ejecutivo; 2) que la división de poderes en México sigue siendo una ficción, por más que este tema se inscriba en la llamada reforma del Estado que se está intentando desde hace tiempo; 3) que la sociedad y la nación como un todo significan para los diputados lo mismo que una mosca en la nariz; y 4) que los fines justifican los medios y éstos justifican, a su vez, la cesión de eso que los zapatistas han puesto de moda, pero sólo de moda: la dignidad.

Los hechos están consumados, cierto. Pero ha quedado claro que los consejeros al protestar como tales aceptaron el procedimiento, es decir, la subordinación de los medios a los fines, y que este procedimiento, viciado de origen, podría ser determinante de la actitud de los consejeros en el futuro. Espero equivocarme.

Lo más grave es lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados y con los partidos. Con este antecedente es previsible que en adelante los diputados (y no sólo los del PRI) aprueben lo que sus dirigentes negocien con el gobierno, esto es, con otro poder. Igual será el espinoso tema del petróleo y derivados que problemas de soberanía, y otros muchos de importancia nacional que están en la agenda del Poder Ejecutivo (de México y de Estados Unidos). ¿Y dónde quedan entonces la representación de la nación, la soberanía del pueblo, la existencia de los poderes de la Unión y los pesos y contrapesos, y tantas cosas que se están discutiendo en la sociedad sobre el futuro de México? Y, por cuanto a los partidos políticos, ¿sus dirigentes pensarán que así, a espaldas de sus bases y del electorado sobre el que quieren influir, lograrán legitimidad como representación intermedia de la sociedad y legitimidad de la acción política por la vía de los partidos?