Entra sin consenso la reforma a la Cámara

José Antonio Román, Rosa Icela Rodríguez y Mireya Cuéllar Ante el imperativo de los tiempos políticos y sin que el gobierno y los partidos logren consenso en el tema del financiamiento y topes en los gastos de campaña, el Ejecutivo federal enviará hoy al Congreso las seis iniciativas de reformas en materia electoral.

En la Secretaría de Gobernación, el subsecretario Arturo Núñez anunció que las iniciativas ``recogen estrictamente'' los acuerdos a los que llegaron los partidos políticos en las negociaciones realizadas en la dependencia durante las últimas semanas, y establece las ``disposiciones'' en puntos (como el financiamiento) en los que no se han logrado acuerdos, a fin de ``allanar el camino'' hacia la búsqueda de consenso en el debate legislativo.

Subrayó que el financiamiento público ``suficiente'' permite evadir conflictos -que han llegado a ser mucho más costosos- sobre la legalidad y legitimidad de los resultados electorales, derivado de la procedencia de las aportaciones privadas a partidos y candidatos.

Los dirigentes nacionales de PAN, Felipe Calderón, y del PRD, Manuel López Obrador, criticaron la decisión de Ejecutivo, pues no se cumplieron a cabalidad los acuerdos asumidos. El panista señaló que estos pactos incluían necesariamente el tema del financiamiento, y el perredista advirtió que esta reforma legal será ``parcial''. Más cauto, el líder de PT, Alberto Anaya, pidió tiempo para conocer en su totalidad la iniciativa.

Trascendió que la iniciativa presidencial incluye un artículo transitorio, que de ser aprobado por el Congreso, dejaría sin cambios para la elección federal del 97 la estructura electoral a niveles estatal y distrital. Los relevos de vocales ejecutivos y de otros funcionarios serían hasta 1998.

Durante la sesión de hoy jueves en la Cámara de Diputados, se turnará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el paquete de reforma electoral que, trascendió, suscribirá el presidente Ernesto Zedillo a primera hora en la residencia oficial de Los Pinos. Los diputados aprobarían hoy mismo el dictamen con la reforma y mañana viernes quedaría aceptado por el Senado.

En un acto en el que sólo se leyó el comunicado de siete cuartillas sin aceptar preguntas por parte de los reporteros, el subsecretario Núñez elogió el esfuerzo de PRI, PAN, PRD y PT por construir un consenso, pero reconoció que en algunos casos las diversas posiciones partidistas ``no se acercaron lo suficiente'' para alcanzarlo, principalmente en la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Sin embargo, manifestó el anhelo del Ejecutivo federal de que, en un marco de absoluto respeto al ejercicio del Poder Legislativo, los grupos parlamentarios realicen un ``esfuerzo adicional'' para encontrar el ``máximo consenso posible'' en la determinación de las reglas de acceso al poder. ``México lo necesita; los mexicanos así lo quieren, y se lo merecen'', dijo.

Todavía en el último intento por llegar a un consenso, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador se entrevistaron por separado con el titular de Gobernación, Emilio Chuayffet, sin resultado alguno.

A su salida de la dependencia, ambos líderes afirmaron que era ``totalmente inaceptable'' suscribir una iniciativa de reforma al Cofipe con los montos de financiamiento tan ``escandalosos'' como los propuestos por el PRI. Horas después, Núñez anunció la decisión presidencial.

En la lectura de las siete cuartillas, de las cuales cinco se dedicaron a hacer un recuento casi pormenorizado de los avances alcanzados en la reforma constitucional de hace cinco meses, el funcionario aclaró que la decisión del Ejecutivo se debe fundamentalmente a que el ``calendario electoral'' impone la necesidad de contar de inmediato con el marco normativo que dé certeza y definitividad al proceso electoral que inicio formalmente este mes.

Destacó que los esfuerzos por perfeccionar el sistema democrático no se agotó con las reformas constitucionales de hace varios meses, sino que ahora era preciso reglamentarlas para que se conviertan en práctica común.

El objetivo de esta nueva etapa de negociaciones fue la misma: lograr el consenso. Los mecanismos también fueron iguales: los partidos fijaban sus posiciones e interactuaban. El gobierno fomentó el acercamiento de las posiciones y paulatinamente se llegaron a acuerdos. Aunque, dijo, hubo necesidad de prolongadas reuniones bilaterales y multilaterales entre las representaciones partidistas.

Arturo Núñez destacó el acuerdo de los partidos para integrar el Consejo General del IFE y el Tribunal Federal Electoral, que por mandato constitucional debían quedar conformados antes del 31 de octubre, lo cual implicó reformar en un proceso legislativo expedito las normas legales necesarias para esos fines, donde se incluía requisitos y procedimientos para la designación de consejeros y magistrados.

Apuntó que la magnitud de la reglamentación necesaria es considerable, pues impacta en seis diversos ordenamientos legales. Los acuerdos permitieron allanar el camino en las reformas relativas a la justicia electoral, en las que se alcanzó el consenso en lo que se refiere a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia del fuero federal, así como del Estatuto del Gobierno capitalino.

Riesgo de ``contrarreforma'': PRD

Andrés Manuel López Obrador dijo que si el PRI y el gobierno no respetan los acuerdos firmados se podría hablar de una ``contrarreforma'' o un retroceso político-electoral. Añadió que una reforma así significaría que no están apostando a la democracia, quieren seguir sosteniendo el mismo régimen, pero el tránsito a la democracia no sólo depende del gobierno y de una ley electoral. ``No sólo hay que apostar a la reforma, sino a la movilización de la gente'', señaló el perredista.

López Obrador explicó el porqué no pudieron aceptar el consenso si no se modificaba la cifra del financiamiento a los partidos. ``Es una cifra exagerada, contraria a lo que hemos sostenido siempre, nosotros hacemos campañas con muy pocos recursos, es más lo que aporta la gente que los recursos de los que dispone el partido. No podemos aceptar esa cantidad ni podríamos llegar a un acuerdo así'', señaló.

En tanto, el secretario general del PAN, Juan Antonio García Villa, indicó que técnicamente el PRI puede usar su mayoría en el Congreso y reformar el Cofipe sin consenso, pero políticamente sería un mal mensaje para los ciudadanos y un mal inicio del proceso electoral federal de 1997.

Si el PRI hace las reformas sin el consenso de los partidos, se estará comportando como ``oportunista'', ya que sólo acude al consenso cuando legalmente está impedido para irse solo, como en las reformas constitucionales y en los nombramientos de los consejeros y magistrados