Con el tema del financiamiento y los topes de campaña como punto de discrepancia, el proyecto de reforma electoral llegará mañana a las instancias legislativas sin el esperado consenso partidista .

Ciertamente, como lo expuso anoche el subsecretario de Gobernación, Arturo Nuñez, la iniciativa presidencial que busca reformar el marco normativo en materia electoral ``recoge estrictamente todos los acuerdos a los que arribaron los partidos políticos'' en previas negociaciones, pero también es necesario reconocer la trascendencia del disenso tajante respecto al asunto de los dineros públicos utilizables para fines partidistas.

De hecho, el andamiaje técnico y jurídico aprobado hasta ahora por los partidos para alcanzar la nueva reforma electoral parecería estar amenazado ante el peso que el financiamiento tiene en la operatividad de los partidos y, de manera especial, en el caso del Revolucionario Institucional. Baste recordar las palabras del coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Humberto Roque Villanueva, quien consideró un agravio inaceptable el bajar el monto del financiamiento alcanzable por el PRI, pues, dijo, al contar con poco dinero para sus campañas, el tricolor estaría abiertamente encaminado hacia la derrota electoral. Otro dato necesariamente memorable es el de las cantidades usadas en campañas electorales como la de Tabasco.

Pero, además, los principales partidos de oposición, el PAN y el PRD, consideran impropio que el erario dedique fuertes sumas para financiar las actividades políticas en los momentos de crisis económica que se viven.

A esa consideración ha respondido con precisión el gobierno federal al señalar, por voz del subsecretario Nuñez, que un financiamiento ``suficiente permitiría evadir conflictos, que han llevado a ser mucho más costosos, sobre la legalidad y legitimidad de los resultados electorales''.

Con tales puntualizaciones, serán los legisladores quienes ahora tengan en sus cámaras la responsabilidad de debatir y decidir sobre el tema. El PRI, por sí mismo, tiene la mayoría numérica suficiente para sacar adelante la reforma electoral sin el concurso de más voluntades, pero sería un signo de alta importancia para los ciudadanos, de cara a los comicios del año venidero, el realizar un esfuerzo más, que finalmente permitiera arribar con la fuerza del consenso a la aprobación plena de las normas que regirán en 1997 un esfuerzo más en pos de la democracia