Es equivocada la actual política social en el DF, revela un estudio
La política social en el Distrito Federal se encuentra en transición. Para algunos especialistas hay un vacío provocado por el retraimiento del Estado en la responsabilidad de asistencia social, la desaparición del Pronasol y las restricciones presupuestales; para legisladores, la orientación neoliberal le ha retirado el carácter de compensación social frente a los efectos de la crisis y la pobreza estructural.
En la óptica gubernamental sobre las dimensiones de los retos sociales existen rezagos de carácter eminentemente estructural, los cuales se añaden a ineficiencias en la aplicación de algunas políticas que se requiere corregir, al tiempo que se enfrenta un malestar social creciente.
Al mismo tiempo, el Departamento del Distrito Federal destaca que a partir de 1996 se inició una corrección en las políticas sociales, la cual hoy tiende a ser más integral y busca mecanismos de compensación para equilibrar oportunidades, así como atender los rezagos más urgentes en ``grupos vulnerables: niños, mujeres, ancianos''.
Para el presidente de la Comisión de Asistencia Social de la Asamblea de Representates, Arturo Sáenz, hay una ausencia y crisis de la política social en la ciudad.
El resultado del modelo económico y el retraimiento gubernamental en la política social se refleja en ``la forma en que están viviendo millones de personas, hacinadas en exiguas viviendas; incremento en la morbilidad infantil; desnutrición crónica que afecta a miles de menores; subempleo, desempleo y pérdida del nivel adquisitivo, entre otras consecuencias de las políticas sociales y económicas''.
Paulatino retraimiento de responsabilidades
Un análisis realizado por el Programa Universitarios de Estudios de la Ciudad --de la UNAM--, a solicitud del gobierno capitalino, para evaluar la eficacia de la política social, revela que el retraimiento paulatino que ha tenido el Estado de la responsabilidad absoluta en la realización de programas sociales no ha podido ser cubierto por la iniciativa privada o la sociedad civil.
Dichas políticas de desarrollo social --señala la investigadora Lucía Alvarez, una de las coordinadoras del estudio-- se ha vinculado con la crisis económica que ha acentuado la pobreza estructural y ampliado la demanda social de mayores servicios otorgados por el gobierno.
En el diagnóstico construido a partir de la investigación, Alvarez parte del desfasamiento que existe entre la estructura institucional actual, la orientación de la política social y la realidad urbana.
Los cambios registrados en la última década en materia de política social han coincidido con un aumento estructural de la pobreza, tanto en número como en el margen de la pobreza. Al mismo tiempo, capas medias y populares fuertemente impactadas por la crisis económica han reclamado mayores servicios públicos que han evidenciado insuficiencias en la oferta gubernamental.
Son ejemplos claros el incremento en la demanda de eduación media superior y de los servicios de salud.
Así, también se tiene el caso de la vivienda, el rubro más nítido de la nueva orientación de la política social donde el Estado se ha retirado de la construcción para ser sólo un intermediario crediticio.
En este contexto, la investigadora señala que no es gratuito, en un marco donde hay una restricción del gasto público, el incremento en las manifestaciones y la inconformidad social. Hay mayor demanda y menor oferta gubernamental, sin que la sociedad civil alcance a llenar los espacios vacíos, aunados a la desaparición del Pronasol.
Alvarez manifiesta que del estudio del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad se desprende que hay una realidad social tangible que obliga a replantear la política social, la incidencia de la iniciativa privada y la corresponsabilidad social.
Del análisis se desprenden otras deficiencias estucturales: duplicidad de funciones entre las instituciones del gobierno capitalino y el federal, que genera, paradójicamente, dispendio de recursos, indefiniciones en los objetivos de los programas sociales; ausencia de un enfoque integral y microrregional, así como de una política metropolitana para enfrentar una problemática común en ambas entidades.
Finalmente, advierte que la existencia de prácticas clientelares de los partidos políticos obstaculizan los programas sociales, auspicia la corrupción, genera dispendios y nulifica efectos. Paradójicamente, esto se da en el marco en el que la sociedad civil debe asumir una mayor responsabilidad en el diseño y aplicación de las políticas sociales.
Hacia una política social integral: DDF
El diagnóstico gubernamental sobre la situación social en la ciudad admite que existen desequilibrios sociales estructurales. ``Junto con su desarrollo económico y social, la ciudad de México ha cultivado una serie de problemas que ponen en cuestionamiento las políticas sociales hasta ahora instrumentadas''.
En el documento se indica que como efecto de la crisis económica de 1995 se incrementó la demanda de los servicios de salud, lo que se sumó al deterioro acumulado de la infraestructura, ``dejando de cubrir con calidid y eficiencia los servicios que la población requería''.
La definición gubernamental de las nuevas políticas sociales representa un avance en la integración de una política de corresponsabilidad entre la sociedad y el gobierno, incorporando cambios profundos tanto en las instituciones como en la organización social.
Esto pretende superar --dice la Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social--los rezagos en el desarrollo mediante programas que superen la falta de coordinación y participación comunitaria.
Al definir los objetivos de su política social, el gobierno capitalino establece que centralmente se pretende ``alcanzar una más justa distribución de la riqueza'', buscando igualar oportunidades de desarrollo social y privilegiando la atención a los grupos más vulnerables mediante la atención de los rezagos más urgentes.
Para el DDF, esta nueva orientación de la política social, basada en la corresponsabilidad, ``no implica desligar, por parte de la autoridad, el compromiso ineludible de ver y hacer ver por quienes menos tienen. Busca adecuar estrategias y acciones en materia de desarrollo social a la luz y demandas concretas, afirma.
Hay un vacío en la política social
La visión gubernamental no es enteramente compartida por el presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF), Arturo Sáenz, para quien desde la desparición del Pronasol --con toda su carga política-- no ha podido ser sustituido con nuevos programas sociales.
Define que ``la orientación neoliberal de las políticas gubernamentales no propone una estrategia clara de la política social, entre el dilema de la imposibilidad de regresar a prácticas del Estado solidario y/o bien de proseguir con el esquema de la sociedad del mercado libre que agudiza desigualdades y la pobreza.''
Sáenz define que esta disyuntiva parece no tener salidas si no existe una reorientación de las recetas neoliberales de efectos ``devastadores''. El legislador subraya que las políticas actuales de carácter asistencial tienen un carácter claramente coyuntural y dirigido a algunos sectores ubicados en condiciones de extrema pobreza, mientras que los programas sociales de beneficios más colectivos registran restricciones presupuestales.
Reducción en el presupuesto de transporte, limitaciones en los recursos para la vivienda, carencias en los presupuestarios para la salud y aumentos en algunos servicios como el agua, la luz y productos de canasta básica son la realidad de amplios sectores sociales de la ciudad en el actual modelo gubernamental, señala Sáenz