No quisiera regatearle a nadie, menos a los partidos políticos, el mérito que tienen por su disposición para arribar a un verdadero consenso en materia electoral. Cierto que en ello les va su presente y su futuro, pero todavía hace unos meses a muchos les parecía impensable (y hasta insoportable) la sola mención de la posibilidad de lograr un acuerdo básico, es decir, lo que en buen romance llamamos un pacto. Ojalá y los forcejeos de última hora no echen por la borda lo que ya se ha ganado, y no es poco, en materia de credibilidad.

Un saldo favorable e importantísimo es que los partidos superaran exitosamente la tentación de convertir el nombramiento de los consejeros electorales y del presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) es un simple reparto de posiciones, con el cual se habría viciado de origen el propósito de ``ciudadanizar'' la máxima autoridad electoral del país. La unanimidad con que fueron aprobadas las nominaciones es un dato que nadie debería olvidar pues subraya, justamente, esa decisión de abrir un camino autónomo y confiable. No creo, en consecuencia, que unos partidos hayan sacado ventaja a otros en esta cuestión crucial: la historia personal, la conducta de cada uno de los consejeros y la del mismo presidente del IFE, nos deja ver una trayectoria de independencia intelectual y política que no se compadece en lo absoluto con esa visión manipuladora y elemental que busca introducir una cuña antes de que el nuevo organismo comience su tarea.

Insidiosa me parece también la especie de que hubo una interpretación amañada de la Ley para que uno de los antiguos consejeros ciudadanos se ``reeligiera'', tema que más de un diputado despistado ha puesto en circulación para añadir confusión a la ya de por sí enrevesada discusión de los especialistas en la materia. No discuto, lo escribí aqui hace tiemo, que me parecía un absurdo total ``prohibir'' a los entonces consejeros su ``reelección'', cuando tan necesitados estamos de un personal de alto nivel, con experiencia y ampliamente comprometido con la democracia. Una disposición así sólo podía leerse como un torpe mensaje político con nombre y apellido. Y ocurrió. Pero es una infamia de signo inverso asegurar que después se hizo una excepción para favorecer a uno de los consejeros. Me extraña que algún diputado, de entre los que votaron a favor de los cambios constitucionales, olvide que el artículo 3o. transitorio de la reforma dice a la letra: ``A más tardar el 31 de octubre de 1996 deberán estar nombrados el consejero presidente y el secretario ejecutivo de Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como los ocho nuevos consejeros electorales y sus suplentes, que sustituirán a los actuales consejeros ciudadanos, quienes no podran ser reelectos''. Como bien señala Raúl Trejo: ``La reelección se refiere a los ocho nuevos consejeros electorales pero no así al presidente del IFE, cargo en el que no podría haber reelección porque, antes, esa posición era ocupada por el secretario de Gobernación''. En efecto, eso significa que no hay impedimento alguno para que cualquiera de los anteriores consejeros electorales pudiera ser consejero presidente, cargo que es obviamente distinto y sobre el cual no pesa el candado constitucional.

Entre los críticos de este nombramiento salta algún diputado. Parece que hay cierto desconocimiento de que se apruebe. Al fin y al cabo, en esta transición a la mexicana los jefes parlamentarios no son los jefes de los partidos, a cuyo cargo corre el tramo final de la negociación. Ojalá y con el tiempo el Congreso logre recuperar plenamente sus funciones, que en su recinto se discutan --con la participación de todos-- las propuestas y los cambios, y que los representantes de la nación no solamente aprueben las mociones al vapor.