Dan Kesselbrenner*
Una coalición social, clave para el tema de inmigración

En la economía global actual, Estados Unidos y otros paises del norte promueven el flujo de bienes, servicios y capital, mientras limitan la movilidad de la mano de obra. Pocos reconocen la injusticia en esta disparidad, y aun menos lo discuten abiertamente. Al explicar los temas de migración, muchos analistas políticos se enfocan exclusivamente en los motivos de los inmigrantes a nivel individual. Mientras cada inmigrante potencial debe tomar una difícil decisión individual sobre si abandonará su país, fuerzas más grandes como el acceso al crédito, los efectos de la política exterior de Estados Unidos sobre el país de origen y el pago del servicio de la deuda de su país, entre otros, son factores más significativos en la decisión de un individuo para emigrar, que sólo la atracción de empleo en Estados Unidos.

Como un factor de la economía global, durante los últimos 30 años Estados Unidos ha perdido empleos manufactureros de alta remuneración. Ahora, sólo cerca de un 14 por ciento de los trabajadores estadunidenses está sindicalizado. Los padres de la clase trabajadora ya no tienen la esperanza de que sus hijos tengan una mejor vida que la de ellos. Al mismo tiempo, la globalización de la economía está eliminando el carácter ``único'' de Estados Unidos y los patrones demográficos del país están cambiando.

En vez de reconocer el beneficio social y económico que resulta de la diversidad creciente, los trabajadores nacidos aquí generalmente perciben los cambios demográficos con temor y sospecha. El chovinismo nacional se incrementa. Políticos oportunistas promueven este chovinismo, el cual distrae al público de la realidad que los cambios estructurales en la economía estadunidense hacen permanentes las decrecientes expectativas.

Tanto republicanos como demócratas apoyaron las recientes medidas inmigrantes contenidas en la legislación de reforma de inmigración ilegal y las contenidas en la reforma del welfare. Aunque los republicanos fueron más abiertamente hostiles que los demócratas, ambos partidos propagaron los estereotipos falsos que proyectan los restriccionistas, vinculando a los inmigrantes con el crimen, el abuso del sistema de bienestar social y otros problemas de los cuales no tienen ninguna responsabilidad.

El 30 de septiembre de 1996, el presidente Clinton promulgó el Acta de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1966. Esta ley dividirá a familias, incrementará las actividades del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) y otorgará un trato particularmente duro a los no ciudadanos. Poco antes, la reforma del welfare eliminó beneficios para servicios sociales a los inmigrantes necesitados. Como parte de la campaña ideológica para descentralizar el poder del gobierno federal al estatal, estas medidas incluyen opciones que permiten a las autoridades estatales implementar ciertas medidas de la legislación.

El papel del SIN se amplía

Las acciones legislativas y de Clinton en los últimos dos años son tal vez nuestra mejor guía para saber qué esperar los próximos dos años. La combinación de Patrulla Fronteriza, Guardia Nacional, agentes de Aduanas y de la DEA y otras fuerzas de seguridad pública constituye una presencia ocupadora que interfiere con la habilidad de los residentes de vivir en paz en sus comunidades, y la reciente legislación casi duplicará el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y el Congreso ha autorizado incrementar los fondos para la compra de equipo militar para esa agencia.

Sin embargo, bajo la administración Clinton las actividades del SIN contra mexicanos y otros latinos se incrementaron en zonas lejos de la frontera. Regiones de este país que en el pasado no habían visto una presencia del SIN, como Iowa, Georgia y Wyoming, ahora son sitios de actividad de esa agencia. En 1996, por primera vez, el Congreso permitió a los estados designar oficiales estatales a fin de ser entrenados para aplicar leyes de inmigración federales, y esta misma legislación ofrece la posibilidad de que los empleados de servicios públicos estatales sean reclutados para asistir en la aplicación de esta leyes.

Aunque el SIN y la policía local han trabajado conjuntamente en el pasado, la nueva legislación presenta problemas cualitativamente diferentes para las comunidades de inmigrantes.

La policía local frecuentemente detiene a una persona por una razón ajena a la inmigración, pero después de determinar que la persona no puede ser arrestada, continúa interrogándola sobre su estatus migratorio. Ademas, la policía local trabaja en operaciones conjuntas con el SIN. Y en 27 distritos el SIN trabaja con la policía local en patrullajes ``antibanda'', centrados en los mexicanos. Actualmente el SIN puede solicitar asistencia a la policía local para realizar redadas en comunidades o sitios de empleo, pero bajo la nueva legislación, si los estados deciden ejercer las nuevas medidas, la policía podrá detener y arrestar a la gente por violaciones civiles de las leyes migratorias.

Cuando la policía asume el papel de agente migratorio, los inmigrantes indocumentados contactan a la policía bajo su propio riesgo. Si una víctima de un crimen no lo puede reportar a la policía, o pedir protección de las autoridades, el criminal se beneficia y el público en general pierde. En particular, las mujeres inmigrantes enfrentan los mayores obstáculos para conseguir protección, que los hombres y las mujeres ciudadanas.

Parcialidad antimexicana y antilatina

Aunque los mexicanos conforman sólo un tercio de la población indocumentada, más del 90 por ciento de los no ciudadanos detenidos provienen de México. Según los cálculos del SIN, los individuos que ingresan a este país legalmente pero se quedan más allá de la fecha de vencimiento de sus visas conforman la mitad de la población indocumentada. Sin embargo, el Congreso se enfocó en los individuos que ingresaron a Estados Unidos a escondidas --la mayoría de los cuales son mexicanos y centroamericanos-- al diseñar sus nuevas penas, y salva a los que violan su visa de las decisiones más duras de la nueva ley. Así, el Congreso está reforzando estereotipos divisorios y promulgando de hecho una legislación antimexicana y antilatina.

Respuestas al ataque contra los inmigrantes

En los últimos dos años los inmigrantes han sido sólo un objetivo de un ataque más amplio que incluye esfuerzos para limitar la acción afirmativa y para eliminar los beneficios del bienestar social para los necesitados. Los activistas a favor de los derechos del inmigrante están trabajando cada vez más con las coaliciones de los derechos al welfare y otras organizaciones de derechos humanos y civiles. Construir estos vínculos es un paso clave para revertir el clima antinmigrante.

A pesar de la severa legislación, todavía existen algunos hechos alentadores que ofrecen esperanza para los próximos cuatro años. El 12 de octubre de este año, miles de inmigrantes, sindicalistas y progresistas marcharon en Washington para demandar justicia para los inmigrantes. La marcha, auspiciada por una afiliación de grupos bajo el paraguas de Coordinadora 96, hizo más que sólo generar una publicidad positiva muy necesitada por los inmigrantes. Las organizaciones participantes están intentando formar una coalición política para continuar este esfuerzo a largo plazo.

Finalmente, organizaciones progresistas legales, de derechos civiles y religiosas en Estados Unidos y México están trabajando en conjunto para construir un esfuerzo binacional a fin de monitorear el trato a trabajadores migrantes. Estas campañas y el trabajo en colaboración con otros sectores afectados por el ataque contra los pobres, son más que una promesa para los derechos de los inmigrantes que lo que acabamos de presenciar este día de elecciones.

*Director del Proyecto Nacional de Inmigración del Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild). Especial para La Jornada.