Atentado en tribunales de Honduras; un muerto

Reuter, Efe y Ap, Tegucigalpa, 7 de noviembre Una persona muerta y alrededor de una veintena de heridos provocó el estallido de una potente granada arrojada esta mañana contra el edificio de los tribunales de justicia en esta capital, acción que fue condenada por autoridades y organismos defensores de los derechos humanos.

La policía hondureña estrechó de inmediato la vigilancia en torno a los tribunales con la movilización de numerosos agentes y un escuadrón de contrainsurgencia, desplegados tanto en Tegucigalpa como en la norteña ciudad de San Pedro Sula.

La persona que falleció era un vigilante del edificio identificado como José Elías Ramos, de 23 años, y entre los heridos figuran empleados judiciales, abogados, periodistas, camarógrafos y hasta personas que transitaban por el lugar a la hora de los hechos, que ocurrieron a las 11.25 horas de la mañana.

En el edificio donde se produjo la explosión se hallan los juzgados Primero y Segundo de Letras de los Criminal, donde se ventilan los más sonados juicios por casos de corrupción contra políticos y militares implicados en casos de tortura y asesinato perpetrados durante la década pasada.

El fiscal general, Edmundo Orellana, dijo no descartar que el atentado pudiera estar vinculado con los juicios por corrupción contra el ex presidente Rafael Callejas y su gabinete, y con los referentes a los casos de militares acusados de participar en desapariciones de opositores políticos en los ochenta.

No obstante, el mismo fiscal indicó que tampoco debería descartarse que detrás del atentado estuvieran los ladrones de automóviles, ya que últimamente la policía judicial capturó a nueve presuntos miembros de bandas dedicadas al robo de coches con conexiones regionales, y además fueron desmantelados talleres donde se desarman y venden piezas mecánicas de aquéllos.

Con todo, Orellana aseveró que continuará la lucha contra la impunidad, en tanto que la Corte Suprema de Justicia calificó de ``salvajes'' a quienes lanzaron la granada en un sitio ``donde había seres inocentes''.

A la ola de indignación y condena ante los hechos se sumaron los organismos de derechos humanos, así como partidos políticos y otros sectores sociales del país.

De hecho, la muerte del vigilante constituye la primera acaecida desde que la ola de atentados comenzara bajo el actual gobierno del presidente Carlos Roberto Reina, y que se ha prolongado principalmente en lo que va del presente año.

Por otra parte, al tiempo que se informaba que antropólogos forenses exhumaban hoy los restos de dos presuntos desaparecidos políticos hallados al sur de Honduras, se reportó que zapadores militares desenterraron en poco más de un año más de un millar de minas plantadas por los antiguos contras y tropas nicaragüenses durante la guerra en el vecino país