Recomienda la OEA garantizar la limpieza electoral en el Edomex
Roberto Garduño E. Desde 1993, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), recomendó a las autoridades electorales del estado de México ``demostrar que en esa entidad existen sistemas probatorios de la limpieza de los comicios, del respeto a la legislación en la materia, a los derechos políticos y a los órganos electorales'', señaló Antonio Ortega, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH).
El representante de la parte mexicana de esa comisión regional, indicó que las legislaciones electorales en nuestro país son ``excesivas en trámites'', pero la postura de la CIDH en ese sentido es que se deben cumplir las leyes aprobadas en la materia.
El gobierno del estado de México manifestó ante la CIDH, según el informe de 1993, que tiene el deber de investigar las situaciones violatorias de los derechos políticos y que esto ha sido plenamente puesto en marcha, tanto por la vía penal como por la electoral, dijo Ortega.
Y también --apuntó el presidente de la CMDH-- agregó una jurisprudencia del Tribunal Federal Electoral que dice que los consejos locales tienen facultades para allegarse todos los elementos probatorios necesarios y procedentes para emitir objetiva y parcialmente sus resoluciones con estricto apego a la ley''.
Tras informar que el domingo próximo, doce observadores de la CMDH recorrerán el XXX distrito electoral mexiquense, ubicado en Naucalpan, donde se encuentran registrados 208 mil 948 electores que sufragarán en 382 casillas, Antonio Ortega destacó que otro de los problemas importante de las leyes es que el 26 por ciento de los recursos de apelación electoral se desecha.
``En 1994, ocurrió que la cuarta parte de los recursos de inconformidad presentados se desecharon por carecer de recursos de protesta'', recordó. Ejemplificó con el título quinto, artículo 30, fracción 19 del Código Electoral del estado de México, el cual impone castigos que van de dos meses a dos años de prisión, por la ``denuncia injustificada'' sin presentación de pruebas de presuntas violaciones de lo estipulado en ese ordenamiento.
Dijo finalmente que para la CMDH, la forma en que se desarrolló ese año la contienda electoral puede fortalecer la transición del país hacia un verdadero estado democrático de derecho, mediante comicios transparentes e indiscutibles, ``o puede plantear un escenario de manipulación de la transición por parte de grupos aferrados a la vieja cultura política del carro completo, que sería de fondo una regresión''.